Sociedad Cronopio

DIPLOMACIA POR LA PAZ EN LA AGENDA INTERNACIONAL

Por Tathiana Montaña*

Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y debido al orden internacional emergente, la diplomacia promovió su apertura; es decir, no dependía solo de los Estados, sino también de los recién creados organismos internacionales, quienes empezaron a ganar espacios en el  área de la política internacional.

En esa dinámica, la ciudadanía organizada de varios países del mundo, especialmente, los países del norte, ha adquirido un rol muy importante para generar, implementar y evaluar acciones tendientes a evitar o remediar conflictos que surgen entre diferentes actores de las sociedades internas o internacionales.

Este fenómeno se expandió en la medida en que las ciudadanías, ganaron espacios, para interferir o producir efectos en las decisiones que toman los actores que hacen la «diplomacia de primera vía» o la «diplomacia regular», es decir, los estados y las organizaciones internacionales. Esta acción concreta ha sido denominada como la «diplomacia de segunda vía». En 1982 Joseph Montville definió la diplomacia de segunda vía (track-two diplomacy) como: Un proceso diseñado para asistir a líderes oficiales en la exploración de posibles soluciones, fuera del ojo público y sin los requerimientos para negociar formalmente o buscar situaciones de ventaja.

El porqué la ciudadanía o las organizaciones de la sociedad civil, deben participar de manera activa en la generación de propuestas dentro y fuera de su territorio, es un positivo avance en términos de la democracia. Y aún más, cuando se trata de hacer consensos o ganar aliados para evitar el sufrimiento humano, en el caso de los conflictos armados o simplemente mejorar las condiciones de vida en términos de dignidad humana.

Colombia, país inmerso en muchos conflictos sociales, y en donde el conflicto armado adquiere la mayor importancia, dadas las consecuencias humanitarias, políticas, económicas y sociales, la ciudadanía se ha mantenido activa desde hace más de tres décadas y ha hecho aportes para transformar el conflicto.

Al referirnos a la «diplomacia ciudadana» (DC) en Colombia, estamos de cara a una serie de propuestas políticas y de carácter estructural que algunas organizaciones de la sociedad civil dirigen a muchos actores de la comunidad internacional, que tienen intereses en el país.

El objetivo funcional de la DC, es ganar aliados, crear estrategias y mecanismos para terminar el conflicto armado de manera pacífica, en el marco de la justicia y la democracia con base en los principios del derecho internacional: el rechazo a la amenaza o el uso de la fuerza, la resolución pacífica de las controversias, la no intervención, la cooperación, la igualdad, la buena fe y la libre determinación.

Adicionalmente, un análisis de ‘Conciliation Resources’ del año 2002, indica que las guerras y los procesos para terminar estas guerras se ven altamente influenciados por las características políticas de las sociedades inmersas en ellas.

Con lo anterior consideramos que es necesario tener en cuenta dos escenarios en los cuales se desarrolla y pretende incidir la DC y que son en últimas los que dinamizan los conflictos armados y las relaciones internacionales en el siglo XXI.

En primer lugar Colombia hace parte de la comunidad internacional y por esto interactúa de manera dinámica con la agenda internacional; en la última década, esta agenda internacional sugiere que el fenómeno del terrorismo afecta el desarrollo económico, político, social y cultural de las naciones que lo enfrentan, además de ser una amenaza a la paz y la seguridad internacional. Según la Conferencia de Strasbourg de 1997, el terrorismo,  produce alteración del orden mundial, atenta contra los derechos humanos de las personas y de la soberanía de los estados y demás actores de la comunidad internacional; lo anterior en términos de Naciones Unidas y de las convenciones internacionales, como por ejemplo la convención Europea para la supresión del terrorismo.

Lo anterior, se refunda con los hechos del 11 de septiembre de 2001 y se incorporan elementos de la política de seguridad norteamericana en la agenda internacional.  El discurso del presidente Obama en la entrega del premio Nobel de Paz en Oslo 2009, así lo afirma: «Decir que la fuerza a veces es necesaria, no es un llamado al cinismo, es un reconocimiento a la historia; las imperfecciones del hombre y los límites de la razón».  En este sentido es claro para el mundo, que la política norteamericana pondrá todos sus esfuerzos para atacar militarmente el terrorismo organizado.

Es claro que la relación del gobierno de Colombia con el gobierno norteamericano es la más importante en materia de política exterior colombiana y que tiene un punto fundamental: la lucha contra las drogas, la cual se sostiene en la región y en Colombia,  en el marco del Plan Colombia. Pero dentro de este interés estratégico de la Casa Blanca, se incluye la política contra el terrorismo. El gobierno de Colombia, siguiendo las instrucciones de Washington, demuestra que la política de seguridad democrática posibilita la lucha mundial contra las drogas y a nivel interno, la lucha contra el terrorismo.

En segundo lugar es claro que la economía de mercado, cada día posibilita la intervención de las empresas privadas, nacionales o multinacionales en aspectos de política internacional y por supuesto en políticas de paz. Las empresas, juegan un  papel importantísimo y determinante en la conclusión o en la prolongación de los conflictos armados internos o regionales. En este sentido, el surgimiento de intereses por recursos naturales como agua, bosques, coca o minerales están directamente relacionados con la presencia de empresas y ejércitos regulares o irregulares.

Si bien es cierto que en Colombia las empresas han asumido un rol bastante propositivo en términos de responsabilidad social de cara a la guerra, también es claro que es un tema complejo para ellas, en donde intervienen variables como el sentido ético de la participación o no de ellas en la construcción de paz; si se constituyen parte o no de la sociedad civil; de determinar la forma como se relacionan las empresas con los otros sectores de la sociedad civil; y si asumen los costos de la guerra o los costos de la paz.

Dadas estas dos variables las cuales se presentan de manera sucinta, la pregunta es ¿cómo asume estas realidades, la Diplomacia Ciudadana?

El espíritu de la diplomacia de segunda vía como bien se sabe, es ser puente de comunicación entre los intereses de la ciudadanía, manifestados por medio de organizaciones de la sociedad civil, con la diplomacia formal o los actores acreditados para generar políticas de orden interno o internacional.

En ese sentido, las prioridades de la DC sin lugar a dudas son: generar  espacios de diálogo con actores internacionales para evitar la expansión de la guerra interna hacia las fronteras con los países vecinos, quienes son los socios comerciales de primera línea; proporcionar espacios de diálogo desde Colombia para relacionarse positivamente con los vecinos; elaborar propuestas tendientes a reconstruir la Política Exterior Colombiana, en favor de la construcción de paz y desarrollo. Adicionalmente, apoyar o crear condiciones que permitan a los actores de la guerra, crear condiciones de confianza. Este último asunto se hace realmente difícil en el contexto de guerra frontal contra el terrorismo. Sin embargo, es posible generar condiciones para aliviar la crisis humanitaria que vive el país por medio de acuerdos humanitarios y, sobre esto, existe bastante interés por parte de algunos países en Europa y América Latina.

Ahora bien, a simple vista estas no dejan ser algunas de las iniciativas sobre las cuales la sociedad organizada en Colombia ha venido pronunciándose de manera reiterada desde hace algunos años. La preocupación surge, sobre el «cómo» intervenir para materializar estas prioridades.

Resultaría útil, «popularizar» en los espacios de discusión de sociedad civil internacional y de gobiernos, cancillerías y organismos internacionales, la necesidad de la solución negociada; los hechos y las cifras que presenta Colombia, en materia de Derechos Humanos así lo demuestran. Está visto, que una posición guerrerista, no es la salida.  Así lo evidencia indirectamente, el recorte presupuestal que pretende hacer el Congreso de los Estados Unidos al Plan Colombia.  La guerra en Afganistán y la crisis económica han demostrado que los recursos destinados para el Plan Colombia se reducen en 50 millones de dólares para el 2011.

Sin embargo, debe ser claro para quienes pensamos en la DC como una iniciativa viable, que la política norteamericana ha sufrido algunos ajustes en el nuevo contexto (2010–2014).  El discurso de Obama  al recibir el premio Nobel de paz 2009, es claro, «La negociación no puede convencer a los líderes de Al Qaida a deponer las armas. Decir que la fuerza es a veces necesaria no es un llamado al cinismo; es reconocer la historia, las imperfecciones del hombre y los límites de la razón».

En ese sentido y siendo coherentes con los discursos del actual jefe de Estado norteamericano, este país no hará giros relevantes para mejorar los canales de comunicación con América Latina y desde luego con Colombia,  a pesar de razones económicas, para sostener una «guerra tonta» en la región como dijo Obama en 2002.

Hacer alianzas con sectores demócratas, partidos políticos, organizaciones sociales en Europa, Estados Unidos y América Latina es prioritario. Pero de la misma forma, es necesario abrir canales de comunicación con las empresas nacionales y trasnacionales que operan en Colombia para profundizar más sobre la importancia ética, política y económica que significa construcción de paz, no solo en términos de responsabilidad social de las empresas, sino en los términos de bienestar general y solidaridad.

Finalmente nos enfrentamos a tres realidades: la política internacional demuestra que la lucha contra el terrorismo es de largo alcance, opera en muchos territorios del planeta y aún no está desgastada; que las empresas y las compañías tienen intereses legales en los territorios en donde se desarrollan los conflictos, que generalmente se manifiestan de forma violenta y que el margen de incidencia  que tiene la DC es importante, pero que aún no es suficiente para lograr incidir en los grandes  debates de las políticas regionales e internacionales.

Lo anterior sugiere que se debe consolidar el trabajo que la DC desarrolla dentro del país con las organizaciones locales; nos debe invitar a reforzar los vínculos de la sociedad civil colombiana con las organizaciones internacionales y las organizaciones políticas latinoamericanas; es necesario ampliar los mecanismos de diálogo con las empresas que operan en Colombia y es preciso reafirmar el papel que juega la Diplomacia formal de países amigos.  De esta manera, la DC merece toda la atención de todos los sectores democráticos del país y de los receptores fuera de él.
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* Tathiana Montaña es profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y asesora académica de Indepaz en Bogotá.