MEDELLÍN: UN CONFLICTO LOCAL DE INTERÉS INTERNACIONAL
Por Carolina María Horta Gaviria*
La globalización es una tendencia que día a día va exigiendo la articulación de los diferentes sectores de la administración pública y privada en torno a una idea global de crecimiento y desarrollo. La exigencia mundial de hacer de cada esquina del planeta un lugar para la acumulación, circulación y consumo del capital, contrasta con los matices de desempleo, pobreza y desplazamiento forzado que conllevan a tonalidades de dependencia económica de la gestión pública y privada, que se debate entre la soberanía relativa y la dependencia económica con respecto a la injerencia del sistema internacional en los conflictos nacionales, lo que ha devenido en la expansión de la deuda histórica externa y su incapacidad de pago, así como en la insostenibilidad de la cooperación internacional.
La cooperación internacional lograría un mayor impacto si dichos recursos se invirtieran en la estabilización socio-económica de la población desplazada a través de medidas de política pública que permitan que la población de territorios receptores de desplazados puedan auto sostenerse en el mediano y largo plazo. Por tal motivo la hipótesis de que la recepción de población desplazada forzosamente ha permitido mayor captación de recursos internacionales para la política pública local, nos lleva a la pregunta por la ejecución de dicho capital en políticas de auto-sostenibilidad, ante la poca efectividad de políticas asistencialistas.
Por lo tanto ¿cómo identificar oportunidades de financiación y expansión del mercado de los productos generados por las propuestas de emprendimiento de territorios receptores de población desplazada en la ciudad de Medellín? La mayoría de proyectos de desarrollo y crecimiento económico son financiados por la cooperación internacional en los territorios refugio de población desplazada. En éste caso para las comunas 1, 4, y 13 de la ciudad de Medellín ¿cuál es el riesgo social, político y financiero de la cooperación internacional en proyectos de emprendimiento de territorios receptores de población desplazada por el conflicto armado, y en la financiación de una propuesta de política pública local de estabilización socio-económica en la periferia de Medellín?
Se considera la hipótesis de que una política pública de estabilización social y económica desarrollada a través de recursos de cooperación internacional puede permitirle a las empresas que apoyan el desarrollo de la población desplazada aumentar los capitales de la gestión internacional, a través de una mejor utilización de los recursos captados, eliminando estrategias asistencialistas de política pública local, logrando con ello disminuir la dependencia económica y la falta de autonomía relativa de los municipios como Medellín en la solución de conflictos que se presentan en este territorio, lugar de refugio para población desarraigada del campo. Una política pública de emprendimiento para ésta población, puede devenir en mejores niveles de gobernabilidad del Estado local.
Advierte Paul Collier (El Club de los Miserables. Oxford, 2008) «Cuando un país fracasa en su proceso de desarrollo, la probabilidad de verlo caer en una guerra civil aumenta sensiblemente, y esos conflictos destruyen las fundaciones del desarrollo… Estos países pueden salir de este círculo vicioso poniendo en marcha las políticas y las instituciones necesarias para un verdadero crecimiento, por lo que se precisa con total urgencia una acción internacional. Además, los costos internos de una guerra civil se siguen manifestando mucho después de terminada la lucha. Los países que sufren una guerra civil con frecuencia se ven involucrados en niveles persistentemente altos de gasto militar, fuga de capitales, enfermedades infecciosas, bajo crecimiento y pobreza arraigada. Así, un país que recientemente ha salido de una guerra tiene un riesgo muy elevado de volver a caer en otro conflicto».
Según el Banco Mundial (2008) los ejes de la acción internacional deberán pasar por aportar a los países en riesgo una ayuda mejor orientada, introducir una mayor transparencia en los ingresos procedentes de los recursos naturales y una mejor organización de la ayuda al mantenimiento de la paz.
Por tal motivo y siguiendo la línea de discusión de los autores, se considera prioritario proponer acciones de política de crecimiento económico incluyentes de la población victima de la pobreza y el conflicto armado para alcanzar la paz. Tal y como lo señala Ian Bannon (jefe de la unidad de prevención de conflictos y de reconstrucción del Banco Mundial) «cada vez se reconoce más que no puede haber paz sin desarrollo, como no puede haber desarrollo sin paz».
«La organización financiera cuenta que los costos interiores de una guerra civil no acaban con el fin de las hostilidades, y que los efectos negativos no se detienen en las fronteras del país afectado. La acción internacional para prevenir guerras civiles en los países pobres podría evitar un sufrimiento incalculable, estimular la reducción de la pobreza y proteger a personas en todo el mundo de sus negativos efectos secundarios, como el tráfico de drogas, las enfermedades y el terrorismo», señala Paul Collier (Banco Mundial, 2008).
Paul Collier (2008) pone en duda un supuesto común que afirma que los combatientes de una guerra civil se las deben arreglar entre ellos. «Esta actitud no sólo es perjudicial, sino necia. Para empezar, la gran parte del sufrimiento causado por la guerra civil —como muertes, daños, enfermedades, trastornos y pérdidas de posesiones— es experimentado por los no combatientes que tienen muy poco que ver con el inicio o la duración de una guerra».
Dice Nicholas Stern, Economista en Jefe y Primer Vicepresidente para la Economía del Desarrollo del Banco Mundial (2008) «El mundo es demasiado pequeño y está tan estrechamente relacionado que los daños de un conflicto no se pueden circunscribir a los límites del país que está en guerra, aunque no estemos preparados para actuar desde la lógica de la decencia, el interés propio exige que la comunidad internacional trabaje estrechamente unida para reducir la cantidad y la duración de estos conflictos trágicos y extremadamente destructivos».
Estas aseveraciones del Banco Mundial, organismo financiero de Naciones Unidas respaldan el interés de ésta investigación por estudiar la cooperación internacional, su riesgo financiero en las comunas de Medellín que más han recibido sus aportes (comuna Nororiental, y comuna 13), y propone a la vez medidas de política pública para alcanzar la idea de que a mayor desarrollo mayores posibilidades de construir territorios de paz.
Una mayor ayuda y cambios en su asignación y administración podrían incrementar la eficacia de dicha ayuda en prevenir los conflictos y respaldar a los países que recientemente salieron de una guerra. Estos cambios incluyen la concentración de la ayuda en los países más pobres, los que tienen más riesgo de sufrir una guerra civil. En los países extremadamente pobres con una gobernabilidad muy deficiente, la ayuda se debe concentrar en algunas reformas simples, como mejorar la educación e incrementar el desarrollo y el crecimiento económico de territorios víctimas del conflicto armado. Paul Collier (2008) populariza la idea de que la codicia es más importante que las quejas al explicar el conflicto, y que hay muy altos riesgos de que se repita la violencia.
Para aportarle al Banco Mundial y a otros organismos de cooperación internacional líneas de trabajo en territorios con presencia de conflicto armado, donde su presencia financiera es crucial, se sugiere como territorio de foco a la ciudad de Medellín. El problema de la violencia en Medellín es complejo, pues debe hablarse propiamente de violencias en la medida en que se presenta una confluencia del conflicto armado, con expresiones violentas propias de la criminalidad organizada, las manifestaciones más típicas de la violencia difusa, publicidad de formas a veces ocultas —como la violencia intrafamiliar— e, incluso, usos indebidos de la fuerza física por parte de las autoridades.
Así, se ha pasado a llamar violencia a la discriminación (violencia étnica o sexual), a la pobreza (violencia económica), al capitalismo (violencia estructural). Esta observación es definitiva y nos indica por qué empezó a hablarse de ‘violencias’, siguiendo la recomendación de Hobsbawm (1999: 193). Este proyecto tiene como propósito analizar estas dos violencias para poder comprender la situación de víctimas del conflicto armado, y desde la cooperación internacional incidir en el cambio de éstos territorios vulnerables a la guerra.
Las «nuevas guerras», generan un ambiente de anomia, impunidad e incentivo al delito, lo que incrementa las diferentes formas de violencia e inseguridad; por consiguiente, no se trata solo de que se pierdan las fronteras entre violencia política o bélica y violencia criminal, sino de que, en general, los campos de batalla sean sustituidos o desplazados por la violencia difusa (Münkler, 2005: 109). En general, una corriente importante de la literatura establece fuertes vínculos entre la actividad guerrillera y paramilitar con el incremento del crimen (Levitt y Rubio, 2002; Sánchez, Díaz y Formisano, 2003).
En Medellín, el comportamiento de las tasas de homicidio tiene relación directa con la intensidad del conflicto y las políticas nacionales han incidido en el desempeño de la seguridad en la ciudad. En efecto, las curvas ascendentes en la tasa de homicidios coinciden con el escalamiento, a finales de la década de los años ochenta y a comienzos del nuevo siglo, de la ofensiva narcoterrorista y el crecimiento del fenómeno miliciano en la ciudad, para el primer momento, y la estrategia de urbanización de la guerra por parte de las guerrillas y las autodefensas, en el segundo. De la misma manera, los descensos más pronunciados en la tasa de homicidios tienen como precisos puntos de partida los acuerdos de paz de 1990; la desarticulación del Cartel de Medellín y la muerte de Pablo Escobar (en diciembre de 1993); la Operación Orión en la Comuna 13 (en octubre de 2002), y la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara (diciembre de 2003), ambas, decisiones de los respectivos gobiernos nacionales.
Para el período 2000-2005, la implantación de las guerrillas y las autodefensas en los barrios de la ciudad y la consiguiente disputa por la hegemonía armada entre ellos condujo a que, en 2002, la región de Medellín aportara 81% de los homicidios; 93% de las masacres, y 70% de los secuestros del departamento de Antioquia (Gobernación de Antioquia, 2002). El informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, correspondiente a ese año, aseguró que «el aumento de las acciones militares en las zonas urbanas y el fuerte incremento en el número de grupos milicianos, vinculados a las FARC-EP, al ELN y a grupos paramilitares, produjeron un alza en los homicidios y las masacres en las ciudades» (Gobernación de Antioquia, 2003: 55).
Modalidades más frecuentes en las zonas rurales que en las urbanas empezaron a usarse: cadáveres bomba en Belencito (20 de abril y 30 de agosto de 2002); uso de fosas comunes para sepultar bajas propias o víctimas de ejecuciones fuera de combate, que empezaron a ser descubiertas en agosto de 2003 (Comuna 13 y Nororiental); combates con alto número de bajas (27 de febrero, cinco muertos; 21 de mayo, nueve muertos y 37 heridos; 27 de mayo, un muerto y cinco heridos; 26 de junio, seis muertos; 21 de agosto, cuatro muertos); patrullajes a luz del día de unidades numerosas, uniformadas y portando armas largas (Vicepresidencia, 2002).
Bajo algunos parámetros internacionales establecidos para países enteros, Medellín cumplía las condiciones de un conflicto armado, pues los enfrentamientos entre el Estado y sus contendientes armados producían más de 25 muertes anuales en batalla (Eck: 144). Tales condiciones en un centro urbano altamente poblado generan terribles problemas en la observación del derecho humanitario. De hecho, para 2002 «serían por los menos 39 los muertos civiles reportados en todos los operativos de la Fuerza Pública en Medellín durante el año (entre ellos, 14 menores de edad), y 120 los heridos» (Alto Comisionado, 2003: 56).
Al respecto Alonso, Giraldo y Sierra (2006) indican que el discurso y las acciones que dieron forma a las políticas de seguridad ciudadana en Medellín en la década de los años noventa propiciaron, agenciaron y justificaron el desplazamiento o retiro intencional y paulatino del Estado de la gestión del conflicto, produjeron un modelo de negociación permanente del desorden marcado por el papel preponderante de los intermediarios armados.
Fueron varios los factores que condujeron a ese estado de cosas que entró en crisis en el año 2002 y que para el 2010 se siguen presentando:
• Dominó la percepción de que la violencia que vivía la ciudad no había surgido ni era exclusiva de Medellín ni, por lo tanto, era responsabilidad principal del gobierno local resolverla.
• Se produjo una suerte de bandazo que consistió en rechazar como equivocado el «tratamiento represivo» al narcoterrorismo y al sicariato, y que la estrategia debía centrarse en la «autogestión del conflicto» por parte de las comunidades y el buen funcionamiento de los servicios de seguridad y justicia, si participativos y concertados, tanto mejor (Pérez y Vélez, 1997).
• Diversas administraciones municipales en los años de la década de los noventa indujeron a diversas formas de privatización de la gestión de la seguridad y a instrumentalizar pactos con grupos armados para el logro de la gobernabilidad.
Todo esto benefició «a las numerosas organizaciones armadas dispuestas a ofrecer servicios y funciones de seguridad y justicia en las comunidades» (Alonso, Giraldo y Sierra, 2006).
Efectivamente, la desarticulación del Cartel de Medellín no significó la recuperación del monopolio de la fuerza sino su fragmentación. En 2002 diversos estimativos calculaban cerca de 650 bandas armadas en la ciudad (El Mundo, 2002), sumadas a tres bloques de las autodefensas (José Luis Zuluaga, Bloque Metro y Bloque Cacique Nutibara); dos frentes, un proyecto y una estructura urbana del ELN (Carlos Alirio Buitrago, Bernardo López, el Proyecto Romeral y el Regional Medellín, aglutinados en la llamada Área Industrial); el grupo miliciano independiente Comandos Armados del Pueblo; y diversas estructuras del Bloque José María Córdova de las FARC (Semana, 2002; Sierra, 2005).
La cesión del control territorial por parte del Estado local a bandas, milicias, autodefensas y guerrillas les permitió a estos constituir «órdenes volátiles y transitorios en determinados territorios de la ciudad, donde son aplicadas y aceptadas legalidades diferentes de la estatal, donde existe una oferta de seguridad y justicia inmediata sustentada en el uso y concentración creciente del recurso a la fuerza» (Vélez, 2001: 71). Esos órdenes paralelos, aunque sostenidos precariamente en los barrios periféricos de Medellín y en algunos municipios del Valle de Aburrá, se expresaron en la gestión de la seguridad y el desarrollo de mecanismos de exacción económica de la población (Cinep & Justicia y Paz, 2003: 43-44). La extorsión, como mecanismo de financiación de los integrantes de estos grupos, se generalizó en muchos barrios bajo la forma de tributos cobrados a comerciantes, transportadores y vecinos.
Además, «las fuerzas guerrilleras habían convertido la zona (Comuna 13) en un centro para la retención de secuestrados. Cada día salían por las calles de Medellín a retener al azar —conocida como secuestro express— a personas de muy diversos estratos a los que ‘encaletaban’ en la zona» (Semana, 2002).
En palabras de la investigadora María Teresa Uribe, el Estado «ante la dificultad real por imponer, hace reconocer y acatar el orden republicano ciudadano y por el camino de las transacciones y los acuerdos precarios, termina por negociar el desorden dentro de ciertas reglas de juego y regularidades más o menos explícitas, que solo existen como tales en esa zona difusa, semipública —semiprivada— donde los órdenes político-institucionales y los órdenes societales se entrecruzan» (Uribe, 1997a: 171).
La expansión de los actores armados a los centros urbanos se ha cumplido en Colombia en seis estadios más o menos claros (PNUD- ONU, 2003: 60): como sede de redes de apoyo, como escenario puntual de acciones logísticas, como lugar de la «guerra sucia», como asentamiento barrial o comunal de fuerzas con capacidad de ejercer cierto control territorial, como teatro de combates ocasionales y objetivo de acciones terroristas.
Así, lo que desde 1994 operó como un sistema precario de limitación de la acción criminal y violenta a las zonas periféricas de la ciudad, se convirtió en el tejido social ilegal que facilitó la implantación de los actores nacionales del conflicto armado. Esta se dio de tres maneras: por la vía tradicional prevista en la teoría maoísta de la guerra de guerrillas, de acercamiento de los grupos rurales a la periferia de la ciudad-región como fue el caso del Bloque Metro de las AUC y los frentes Carlos Alirio Buitrago y Bernardo López del ELN. Por la vía de la ocupación, como ocurrió con las FARC que desplazó curtidas unidades de guerrilla campesina (especialmente de los frentes 9 y 34) a las zonas nororiental y centrooccidental de la ciudad. Por la vía de la transformación y articulación de estructuras netamente urbanas como en el caso del Bloque Cacique Nutibara de las AUC. De esta manera, la expansión de la guerra nacional a Medellín se dio por dos de los tres factores que identificó el Informe Nacional de Desarrollo Humano: la estrategia de los actores del conflicto y la permeabilidad de la región (PNUD, 2003: 64-72).
El origen y desarrollo desequilibrado de Colombia, ha estado marcado por la violencia y la guerra, básicamente interna, que ha generado con diversos niveles de intensidad (Según el grado de esquizofrenia por el poder, de los sujetos, y los grupos que históricamente los han propiciado) permanentes desplazamientos involuntarios, tendientes a convertirse hoy en un problema, más que coyuntural y de crisis, estructural y de fondo en el país frente al cual no puede seguir existiendo tanta impavidez (Rafael Rueda. CEHAP.1997. P 11).
Los grupos que tienen poder y dominio de ciertas regiones persiguen a la población que le es adversa o incluso a los que pretenden ser neutrales… Por ello es que cuando una persona decide salir de su región y abandonarlo todo es porque ya tiene suficiente miedo acumulado en su vida. El miedo es el perfeccionamiento de la violencia y cuando una persona ha sobrevivido a amenazas, a un atentado contra su vida, a la crueldad, al dolor, entonces la impotencia y el miedo llegan a su máximo nivel. Lo primero es sobrevivir, huir del peligro sin importar su patrimonio, sus familiares, amigos y trabajo (Instituto Popular De Capacitación, 1995. P 145).
«Es que los desplazados estamos en medio de dos fuegos. Los unos nos tratan mal porque dizque porque somos guerrilleros, los otros nos acusan de ser colaboradores de los paras o del ejercito. Pero todos nos golpean, nos aporrean, nos matan. ¿Qué culpa va a tener uno si 20 tipos armados hasta los dientes nos obligan a hacer cosas que no queremos? ¿Qué culpa tenemos de vivir en zonas donde ellos quieren ser amo y señor? A uno le toca hacer de tripas corazón y hacerles favores, es que ellos son la ley, son ellos los que mandan, ellos son los violentos. Y lo peor es que uno se va a quedar con la poquita policía que hay, con el ejercito, con los jueces, y ellos nos insultan, nos dicen que bien merecido lo tenemos por ser parte de algún bando» (Entrevista personal, desplazado de Chigorodo residente en Medellín. 17 de Mayo, 2001).
«Irse de la tierra no es nada bueno. Uno como que no sabe quien viene siendo. Mi familia y yo estábamos acostumbrados a vivir del pescado, de la venta de madera del catival, de los animales del monte, pero cuando se llega a la ciudad es como si uno no existiera. Todo lo que se aprendió es como si no sirviera de nada. Todo el mundo lo mira feo y le alza la cara. Todo es muy jodido pues. Antes éramos personas, ahora tenemos que vivir de la caridad. Yo no me quería venir pero los señores paramilitares amenazaron a los de Pavas, cerca de Villahermosa. Nos dijeron que teníamos el tiempo contado y que nos deberíamos de ir, pues dizque querían toda esa tierra libre de guerrilleros antes de la navidad de 1997. Caminamos días enteros por la selva, nos encontramos con otras cien personas. Muchos se perdieron, de muchos no supimos nunca nada, otros nos encontramos en Pavarandó (Urabá). Pero yo me aburrí mucho y me vine para Medellín. No estoy amañado pero tengo miedo de volver» (Entrevista personal, desplazado de Urabá residente en Medellín. 2 de febrero de 1998).
Con respecto a las percepciones acerca del desplazamiento, durante muchos años (y aún hoy en gran medida) se ha venido percibiendo de dos formas: en primer lugar como una catástrofe natural, impredecible e imposible de prevenir. De esta concepción, del «desplazado-víctima», se derivan respuestas estatales asistencialistas que, al no poder —o querer— abordar las causas, vienen a introducir un elemento de «legalización» o legitimación del desplazamiento. Al abordar los éxodos forzados como un fenómeno casi natural, se invisibilizan sus dimensiones políticas. Entrelazada con la anterior existe, y está muy extendida, la otra cara de la moneda: la figura del «desplazado-bandido». El desplazado habría llegado a esta situación como consecuencia de sus propias acciones, de su vinculación a actores armados u opciones políticas determinadas, y viene a ser en sí mismo una fuente potencial de conflictos y violencia y un factor de deterioro de las condiciones de vida en las zonas receptoras (ya que ejerce demandas imposibles de asumir). Desde esta perspectiva, de «algo habrá hecho», nadie se siente aludido por su suerte ni asume la responsabilidad sobre lo que sucede. (Giraldo, Abad y Pérez, 1997) Estas dos concepciones estereotipadas, muy extendidas en la opinión pública colombiana, están presentes también en la respuesta institucional.
Irónicamente en los campamentos ubicados en las comunas de Medellín, entre el año 1996 y 2000 por lo menos 40 desplazados fueron asesinados en la comuna 13 y Nororiental de Medellín, por grupos insurgentes y contrainsurgentes. Es así como en ese enrarecido ambiente, continuaron las discusiones sobre las condiciones de regreso, y en el año 1997 el gobierno dijo que iniciaba el proceso de retorno total de los desplazados de Urabá y Chocó asentados en la ciudad (en El Colombiano, 13 de septiembre, 1997).
Sería en ésta coyuntura cuando Human Rights Watch Americas criticaron en forma abierta las políticas de retorno definidas por las autoridades colombianas, porque promueven un retorno sin condiciones adecuadas, hecho que para los desplazados puede tener resultados irreparables.
El CINEP también manifestó su desacuerdo con las políticas estatales de retorno en el área e hizo pública una voz sobre el hecho, que si bien los pobladores tenían voluntad de regresar, las condiciones y los hechos violentos de la zona truncaban, por el momento esa posibilidad.
Se hizo evidente que las condiciones de existencia en los campos de desplazados eran muy difíciles. No solo arreciaban las amenazas y la presión de grupos armados en los linderos, además la ausencia de servicios públicos, alimentación precaria, epidemias y aparición de enfermedades como la malaria, sino fuera por la ayuda internacional, estos grupos de desplazados hubiesen desaparecido.
La Cruz Roja internacional sugiere la importancia de desarrollar para los desplazados proyectos de impacto rápido, o los que sugieren como QIP, estos proyectos buscan apoyar la consolidación de asentamiento de la población desplazada a través de la integración con la población históricamente asentada para contribuir a la consolidación socio-económica de desplazados reubicados.
Por lo general este tipo de proyectos sugieren de manera simultánea el desarrollo de proyectos de carácter asociativo (granjas integrales, parcelas productivas, microempresas) que generen actividades de seguridad alimentaria, y algunos excedentes económicos que les brinde niveles de solvencia y autonomía a estos grupos humanos. Se incluye por supuesto la capacitación en actividades productivas, según la vocación económica de la zona, y las necesidades expresadas por la comunidad. De otra parte este tipo de proyectos también sugieren la creación o readecuación de infraestructura menor, es decir, la reconfiguración o edificación de escuelas, jardines infantiles, el mejoramiento de centros de salud, centros comunitarios, dotación de bibliotecas, y obras de saneamiento básico, y en caso de su existencia la apropiación y arraigo a los territorios de refugio, en caso de no desear retornar a los territorios de donde fueron desterrados.
A estos proyectos de impacto inmediato, debe precederle un proceso de arraigo territorial, y de métodos de asociación comunitaria que puedan enfrentar los efectos psicológicos del desplazamiento forzado, tal como lo sugiere Figueroa (p. 36,37), «sea abierto o clandestino, el los actores del conflicto armado crean por múltiples vías, un efecto psicológico en la población, este efecto aparece como un temor, incluso paranoia, una sensación de impotencia y debilidad ante la maquinaria represiva existente en los territorios de desarraigo como en territorios de refugio, se crea en la victima un sentimiento de conformidad para no intentar cambiar la desigualdad y la opresión, y finalmente la aversión por las organizaciones sociales, políticas y económicas».
Una política de emprendimiento para población refugiada en las comunas de Medellín aporta en el desarrollo de la justicia distributiva para la restitución de los derechos sociales, económicos y políticos de la población desplazada, en la medida en que incluya en el impacto de la cooperación internacional en el desarrollo económico a las personas pobres, víctimas del conflicto armado en su territorio que les han brindado albergue, de esa manera se lograría a través de acciones de política pública alcanzar la armonía social y económica requerida para el desarrollo de la paz en las comunas de Medellín donde el conflicto político armado ha deteriorado el tejido social.
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* Carolina María Horta Gaviria es politóloga, Magister en Estudios Urbano Regionales. Docente, investigadora. Universidad De Medellín, Programa De Negocios Internacionales, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.