LA REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO COLOMBIANO
Por: *Marcel Hofstetter Gascón
Las recientes demandas instauradas por los ex secuestrados contra el Estado colombiano han colocado la reparación a víctimas del terrorismo en el debate público. La vorágine mediática se origina a partir de la solicitud de conciliación interpuesta por Ingrid Betancourt y su familia contra el Estado por quince mil millones de pesos. Fruto de este evento, salen a la luz pública las demandas contra el Estado instauradas por los ex secuestrados Orlando Beltrán, Consuelo González de Perdomo, Gloria Polanco y Jorge Eduardo Géchem, cuyas pretensiones ascienden a treinta mil millones pesos.
Para sorpresa de la sociedad colombiana, las demandas fueron instauradas contra el Estado y no contra los autores del delito. Estos hechos sugieren que la obtención de rentas ha sesgado la formulación de los procesos jurídicos. Si bien las evidencias de los mencionados secuestros, sugieren fallas en la prestación de los servicios de seguridad a cargo de las Fuerzas Armadas, no se puede bajo ningún punto de vista endilgar la responsabilidad del delito al Estado Colombiano. El planteamiento jurídico pierde en consecuencia sustento argumentativo, al pretender sancionar con el baremo del secuestro, las ineficiencias propias de la actividad policial y militar.
Un segundo punto de análisis radica en que las demandas han sido instauradas por políticos. La política, según le definición de la Real Academia de la Lengua, es la “actividad de quienes rigen los asuntos públicos”. El oficio por lo tanto, de los ex secuestrados debía ser el de trabajar en pro de las difíciles condiciones sociales que enfrenta gran parte de la sociedad. Una lectura rápida de las últimas estadísticas del Departamento Nacional de Planeación revela que el 45,5% de la población colombiana se ubica por debajo de la línea de pobreza, medida con ingresos inferiores a dos dólares diarios. Esta crítica situación social obliga a relacionarla con las pretensiones de los cinco demandantes: la reparación solicitada equivale a retirar a cincuenta mil colombianos del umbral de la pobreza. En consecuencia, las demandas de los políticos en contra del Estado son una afrenta clara al deber ser del político, al socializar la pérdida y privatizar simultáneamente la ganancia monetaria.
Colombia ha experimentado a lo largo de su vida republicana un permanente conflicto que ha dejado miles de víctimas. La cultura de la violencia se ha convertido en un problema estructural que urge de la implementación de políticas públicas concernientes a verdad, justicia, reparación y reconciliación, pilares en la construcción armónica de relaciones sociales. Estas acciones de gobierno deben ser viables desde el punto de vista económico, equitativo con cada una de las víctimas y coherente con las necesidades del país. Es el único camino hacia el progreso de nuestros pueblos.
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* Marcel Hofstetter Gascón es director del Programa de Economía y Finanzas Internacionales de la Universidad de La Sabana.