Sociedad Cronopio

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COLOMBIA NO TIENE MEMORIA: EL CUESTIONABLE NOMBRAMIENTO DE RUBÉN DARÍO ACEVEDO EN LA CNMH

Por Shannon Estefannía Casallas Duque*

El nombramiento del historiador Rubén Darío Acevedo Carmona como nuevo director del Centro Nacional de Memoria Histórica no ha sido recibido con agrado por parte de las víctimas del conflicto armado en Colombia, quienes cuestionan junto a otros académicos su idoneidad para el nombramiento, puesto que Acevedo tiene una posición negacionista de dicho conflicto. A continuación se presentará un estudio que muestra la opinión de Acevedo frente este, a partir de tres diferentes medios: redes sociales, entrevistas y ensayos académicos a fin de esclarecer si la oposición de las víctimas [al nombramiento] es justificada o es un asunto de favoritismo de izquierda.

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) es un organismo gubernamental que se creó en el año 2011 dentro de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 1448. Su propósito, como bien lo dice su nombre, es preservar la memoria de los hechos que tuvieron lugar durante el conflicto armado en Colombia. Adicionalmente, contribuye a la reparación integral y al derecho a la verdad que tienen tanto las víctimas como la sociedad colombiana en general. A través de investigaciones, entrega de testimonios por parte de las víctimas y organizaciones a lo largo del territorio, entre otras fuentes, el CNMH produce información de uso público que recopila los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado. Sin embargo, el principal objetivo de este organismo es contribuir al esclarecimiento de dichos hechos, los responsables y las condiciones en los que ocurrieron.

La creación del CNMH representa la oportunidad de redimir y reparar simbólicamente a las víctimas del conflicto armado (en su mayoría población rural) por medio de la aclaración y exposición de los hechos de violencia y de violación de derechos humanos que tuvieron lugar durante un poco más de cinco décadas. También es una herramienta para construir y ofrecer un registro de las historias que no se publican en medios como la radio, la televisión y la prensa, usualmente censurados por intereses políticos o privados. Una tarea que no se ve corrompida por politiquería, ni se deja amedrentar por aquellos que se empeñan en negar la guerra a nivel nacional; un ejercicio que da nombres propios, cifras de asesinatos, desaparecidos, violaciones, extorsiones, etc.

«Es también un mecanismo de denunciar. Pero denunciar para educar: para que estos hechos de violencia no sigan repitiéndose en otros lugares. No queremos que las historias de asesinatos, mutilaciones, motosierras (…), historias tan atroces que nosotros hemos vivido, otros colombianos las vivan».

(Líder Afrocolombiano. Museo Nacional de la Memoria: —un lugar para el encuentro— Lineamiento conceptuales y guion museológico, p. 9).

Además del CNMH, hay otras instituciones entre las que se encuentran la JEP (Justicia Especial para la Paz), la Unidad Para la Atención y Reparación Integral de las víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, la Comisión de Paz (creada en el gobierno de Belisario Betancourt en 1982), la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, entre otras, que fueron creadas para ayudar en la transición durante y después de la negociación de la paz, desde diferentes perspectivas, a la recopilación de información para el esclarecimiento de los hechos y la memoria histórica de la nación, la reparación simbólica para las víctimas y la justicia transicional para los víctimarios, la reposición de terrenos por expropiación ilegal y violenta, la firma de la Ley de Amnistía por parte del gobierno en 1982 que conllevó a la liberación de la mayoría de presos por parte de las guerrillas y la amnistía de 1.384 guerrilleros, exceptuando culpables de crímenes atroces. Aunque, en el caso particular del CNMH, la tarea de construir dicha memoria histórica de nuestro país se ve constantemente expuesta a críticas y denuncias por parte de partidos políticos cuyos intereses entran en oposición directa a la investigación y exposición de la verdad de los hechos.

Este organismo busca aclarar lo ocurrido desde las voces de las víctimas y los víctimarios (estos últimos bajo la jurisdicción de la Comisión de la Verdad y los mecanismos y medidas pertinentes, y la justicia transicional, deben reconstruir los hechos bajo principios de verdad, puesto que sus testimonios contribuyen al esclarecimiento de matanzas y desapariciones forzadas, además de la reparación de las víctimas). Los escépticos pueden pensar que los objetivos de este proceso son insuficientes porque, por un lado, ven la tarea de construir memoria como un ejercicio estéril, supérfluo y subjetivo; y por el otro, hay constantes señalamientos a la justicia transicional del posconflicto y las penas para los guerrilleros ordinarios y sus líderes (aunque estos señalamientos raramente se hacen en el marco de la justicia ordinaria cuando hay rebaja de sanciones a servidores públicos de derecha e izquierda envueltos en escándalos de corrupción), pero para las víctimas del conflicto —el 49.78% de la población colombiana que votó sí en el plebiscito para aprobar los acuerdos de paz entre el gobierno nacional y las FARC y, que hasta marzo de 2019, ascienden a 8.785.305 de acuerdo a las cifras ofrecidas por el Registro Único de Víctimas (RUV)—, el Acuerdo de Paz en 2017 y la creación de las instituciones para el estudio del conflicto armado son menester porque Colombia no tiene memoria histórica.

Ahora bien, entendiendo que el propósito del CNMH es la construcción de memoria sobre el conflicto armado desde perspectivas plurales para esclarecer hechos de violencia, cabe preguntarse del porqué del nombramiento del doctor Rubén Darío Acevedo Carmona como nuevo director de la institución, debido principalmente a su postura negacionista del conflicto armado que marca una diferencia respecto a su predecesor, el doctor Gonzalo Sánchez Gómez, quien fuera director del CNMH desde su creación hasta su renuncia a principios del año en curso (2019), y que desde su posición produjo con el aporte de las víctimas un total de diez balances temáticos y metodológicos, además de 27 informes, solo en 2018, sobre las cifras de menores involucrados en la guerra y la narración documentada del exterminio de la Unión Patriótica, la desaparición forzada, el Paramilitarismo, el secuestro, entre otros. Todos documentos que han aportado al esclarecimiento del conflicto y a las funciones de la JEP, la CEV (Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).

Sobre la renuncia, el exdirector en entrevista para el diario El Espectador aseguró: «Presenté la renuncia al presidente Santos, y esta no se tramitó. Entonces la presenté de manera irrevocable al presidente Duque como reconocimiento expreso de que había una nueva atmósfera política tras las elecciones presidenciales, que el proceso de paz y toda la institucionalidad asociada con el Acuerdo comenzaban a remar a contracorriente, y que todo eso me obligaba a dar un paso al costado».

Esta salida deja ver un escenario preocupante para el futuro del CNMH ya que el puesto de director de esta institución trae consigo un amplio margen de autonomía y exige una posición clara respecto al conflicto armado y las víctimas. Sin embargo, el ahora director Rubén Darío Acevedo Carmona ha expresado constantemente su posición negacionista en lo que respecta al conflicto armado, tanto en redes sociales como en entrevistas y ensayos publicados por el académico. Ejemplos de la primera clase de declaraciones se encuentran en su cuenta de twitter: @darioacevedoc.

«El Centro de Memoria en la UNal se dedicó a movilizar “víctimas” del Estado, no promovió el debate académico» (3 oct. 2016)
«Ojo, las FARC empiezan a imponer su versión sobre el ‘conflicto armado’, para que sea Historia Oficial» (8 jun. 2017)
«¿Para que entre el monstruo de la JEP? Ramiro Bejarano propone revocatoria general de altas Cortes» (16 ago. 2017)
«Es que la JEP es la ‘espada de Damocles’ de las guerrillas y sus amigos contra las Fuerzas Militares de Colombia» (14 ago. 2018)
«Las FARC, la Colombia Humana y el mamertismo nos están diciendo que son dueños de la Agencia Nal de Protección, del Centro Nal de Memoria Histórica, de la JEP, de la Comisión de la Verdad, por eso el veto o censura mediática contra aspirantes a esas instancias, pues ‘son de ellos’ » (23 oct. 2018)
«#Balance 6. Hay estupor y rechazo por las pretensiones inconstitucionales de la mamerta Comisión de la Verdad y la sesgada JEP que exigen documentación de alta seguridad nacional, situándose por encima del presidente Duque, máximo comandante de la FFAA» (13 nov. 2018)
«Lacalle nos ayuda a pensar lo sufrido de una forma diferente a como lo hace creer la guerrilla y sus amigos. Daniel Lacalle: “Hablar de paz no es aceptable cuando no hay una guerra”» (13 dic. 2018)

En esta red social, el director del CNMH decidió criticar no solo el proceso de paz durante el gobierno de Juan Manuel Santos, sino también las instituciones creadas a partir del acuerdo para proveer los medios y la protección de las garantías para las víctimas y los procesos judiciales para los víctimarios. Además, sus trinos también se han desplegado en contra de reconocidos políticos y periodistas que han abogado por el proceso de paz y hacen oposición a la derecha o a la centro derecha de Colombia:

«Pregunta 3: ¿Cuál será la suerte de Piedad Córdoba, de Iban [sic] Cepeda y de otros mamertos que posan de demócratas? ¿Se concentraran [sic]? (23 jun. 2016).
«Dr. Vargas Quemba, con el debido respeto le pregunto ¿Cree Ud en ese tipo de comisiones» (25 ago. 2017).
«Mamertos estilo Cepeda, Secretariado, PC, PC3, Petro, etc, atacan feo, al recibir respuesta chillan como marranos. Auto que ordena investigar a Uribe será llevado a la CIDH» (20 feb. 2018).
«¿Si [sic] saben porque [sic] este tipo es tan desaliñado? A manera de hipótesis: toda la mierda que habla la escupe pa’arriba y le cae en su pelo y en su rostro» (26 feb. 2018) (Refiriéndose al senador Iván Cepeda después de que la Corte Suprema fallara a favor de investigar al también senador Álvaro Uribe Vélez).
«Algunos magistrados entre ellos Rubén Darío Pinilla C, exjefe militar del M-19, líderes de extrema izquierda y populismo: I. Cepeda, G. Petro, L. Valencia, periodistas poderosos: Coronell, payasos: D. Samper y seguro el que se va el 7/agosto, persiguieron a AUV sin pausa con saña» (24 jul. 2018).
«Parodiando a un populista que quiere ser presidente, yo creo que la justicia debería enviar a prisión a Benedetti, a Roy, a Cepeda, a Montealegre, a Quintana, a Juampa y su hermano Quique, y a tantos otros que participaron de la negociación impune y entreguista de las FARC» (17 oct. 2018).

Con nombres propios y opiniones explícitas de lo que opina el doctor Acevedo Carmona sobre el conflicto armado y los políticos que han apoyado el proceso de paz, su nombramiento genera incertidumbre dentro de las organizaciones de víctimas, cuyos registros se encuentran en el CNMH y cuyo retiro ven como única garantía para su protección. Algunas de las organizaciones son la asociación MINGA, que agrupa a víctimas de pueblos indígenas y que, tras el nombramiento de Acevedo C. y en comunicado abierto, expresó su intención de retirar los archivos y también indicó: «la memoria que por años hemos construido desde la sociedad civil no puede quedar al servicio de Darío Acevedo, quien no le da el lugar e importancia que tiene». (Fuente: Asociación MINGA).

Adicionalmente, la senadora Aída Avella, líder de la Unión Patriótica, anunció que una semana después del nombramiento por parte del presidente Duque, los archivos sobre el exterminio que vivió el partido político en los años 80 y 90, y que fue declarado como delito de lesa humanidad por la Fiscalía en 2014, serían retirados del CNMH ya que según declaró: «allí hay muchos testimonios de nuestra gente, testimonios que solamente se le han dado a ellos para la verdad, que tienen situaciones muy personales, delicadas y confidenciales, y que con un señor de estos no nos da absolutamente ningún grado de respeto de lo que tenemos ahí». (Fuente: diario El Tiempo).

Otro ejemplo es el retiro de documentos por parte de las víctimas de la Masacre de Bojayá ocurrida en 2002 y cuyo líder, Leyner Palacios, comentó en entrevista para el diario El Tiempo, en febrero de 2019: «la decisión la tomaron porque sienten frustración de que el Gobierno decida sobre temas clave de verdad y memoria nombrando personas que desconocen la historia del conflicto armado».

Por último, la Asociación Colombiana de Historiadores, por medio de comunicado abierto, criticó el nombramiento del doctor Darío Acevedo como nuevo director del CNMH. En el tercer párrafo del comunicado expresó: «Es contradictorio que un historiador identificado con la corriente negacionista del conflicto pueda dirigir una institución que nació del reconocimiento del mismo».

Es evidente que el nombramiento por parte del gobierno de un director con una posición de derecha, con apoyo de la derecha y que niega el conflicto armado colombiano, quien además considera que el acuerdo Santos-FARC se hizo para «vender el país» a militantes y políticos a los que en reiteradas ocasiones ha llamado «mamertos, socialistas y castrochavistas» [1] es un tema que deja ver la división nacional y el enfoque de este gobierno hacia la deconstrucción del acuerdo de paz que todavía disgusta al movimiento de centro derecha colombiano.

No obstante, lo que más preocupa de esta situación es que el Centro Nacional de Memoria Histórica se queda sin registros del conflicto armado y los crímenes de lesa humanidad cometidos durante más de 50 años de guerra interna, además de dejar a las víctimas en un limbo histórico que desconoce la historia de violencia en Colombia y permite la posible repetición de acciones bélicas, sin mencionar el trabajo pendiente con las regiones Caribe y Pacifico, los sindicalistas, mineros, desmovilizados de los paramilitares, indígenas y demás víctimas que esperan dar su versión de los hechos de violencia. Del mismo modo, amenaza la construcción y el propósito del Museo de la Memoria, institución que recogerá en tres años (2021) las funciones del CNMH y cuyo propósito es seguir construyendo la historia del conflicto y la paz en el territorio colombiano.

El retiro de registros y documentación por parte de las víctimas es una muestra fehaciente de que el pilar de confianza sobre el cual se compartieron pruebas, testimonios, grabaciones, objetos y medios relativos a las violaciones de derechos humanos se está quebrantando y exponiendo a las víctimas a posibles represalias, ya que además de documentos de acceso público, hay también documentos confidenciales con información delicada que expone tanto a civiles como a funcionarios públicos, y considerando que el actual mandatario esperó cinco meses para pronunciarse formalmente sobre la matanza de 120 líderes sociales asesinados en los primeros 100 días de gobierno (cifra ofrecida en informe de Indepaz), son razonables las medidas de precaución que toman las víctimas ante el nuevo nombramiento.

En la segunda clase de declaraciones —las entrevistas—, Rubén Darío Acevedo Carmona ha dejado clara su posición de negar el conflicto armado en Colombia y justificar las acciones del grupo armado FARC no como violentas sino como terroristas, lo que claramente va en contra de los hechos ocurridos, de las víctimas y el Acuerdo de Paz. Asimismo, ha dejado claro que está en contra de verdades oficiales y prefiere como académico, buscar una respuesta alternativa a los hechos.

Ejemplos de estas declaraciones se encuentran en el diario El Colombiano de la ciudad de Medellín, para el cual Acevedo concedió una entrevista en Febrero de 2019, a la periodista Olga Patricia Rendón Marulanda. A continuación la transcripción de las preguntas y respuestas en lo que refiere al conflicto armado:

O.R.: «Habla de violencia política cuando el CNMH está planteado en la Ley 1448, que establece la existencia del conflicto armado en Colombia, ¿usted reconoce la existencia de este conflicto?

D.A.: «Es un tema de mucha controversia, hay quienes sostienen que lo vivido en Colombia fue un conflicto armado, algo así como un enfrentamiento entre el Estado y unas organizaciones levantadas contra él; otros piensan que fue una defensa del Estado de una amenaza terrorista y de unas organizaciones que habían degenerado en su perspectiva política al mezclarse con el secuestro, el narcotráfico y los crímenes de lesa humanidad. Aunque la ley de víctimas dice que lo vivido fue un conflicto armado eso no puede convertirse en una verdad oficial».

O.R.: Pero además de la JEP, que es el órgano jurisdiccional, también está la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, ¿Cómo cree que puede ser el trabajo entre las dos instituciones?

D.A.: «Necesitamos que se delimite el campo de acción de cada entidad, si ellos están encargados de establecer la verdad, cosa que ya ha sido aceptada por el Estado, como quien dice van a producir una verdad oficial, no tendrían por qué tener un trabajo de interpretación; en cambio, nosotros nos dedicaremos a recopilar todo tipo de información, declaraciones verbales, imágenes, objetos que puedan ser clasificados y dispuestos al servicio de los investigadores académicos para que produzcan sus interpretaciones».

Con estas dos respuestas, el nuevo director hace explícita su creencia en la teoría alterna de que el conflicto armado no se puede clasificar como tal sino como una lucha del Estado para erradicar a un grupo terrorista mediante acciones que dejaron algunas víctimas a lo largo de los años y que la JEP, así como otras instituciones creadas a partir del proceso de Paz y que deben trabajar en conjunto para esclarecer los hechos y producir las condenas correspondientes, pueden llegar a producir e implantar «verdades oficiales» o más bien, verdades de izquierda que responsabilizan en parte al Estado por lo ocurrido pero es que las investigaciones y procesos que han tenido lugar desde el inicio de funciones de estas instituciones hablan por sí mismas y dan cuenta de que lo que la centro derecha promulga como una lucha contra el terrorismo, fue en realidad un conflicto armado cuyas atrocidades son pruebas y cuyas víctimas son testigos.

En otra entrevista concedida para el diario El Tiempo en febrero de 2019, Acevedo respondió a la pregunta: ¿Usted niega el conflicto armado en Colombia? con una justificación metafórica de que el consenso sobre la guerra en Colombia sería una creencia impuesta por un régimen de izquierda y aquellos que lo cuestionen serian mártires: «Lo que se debe tener en cuenta es que Occidente construyó un consenso muy profundo y prácticamente irrebatible sobre la responsabilidad del nazismo y del régimen hitleriano en el asesinato y exterminio de más de seis millones de judíos. Tan fuerte fue el consenso que en Austria, Inglaterra y otros países se castiga con cárcel a los que son llamados “negacionistas”. Pienso que es algo muy diferente al caso colombiano, pues entre nosotros no existe un gran consenso. La Ley 1448 reconoce la existencia de un ‘conflicto armado’, pero advierte contra las verdades oficiales, que son más bien propias de regímenes dictatoriales. En ningún caso tiene sentido que se eleve la categoría de dogma la percepción que cada quien tenga al respecto».

Aunque el doctor Darío Acevedo tal vez no tiene conocimiento o se hace hace el de la vista gorda sobre en la Constitución de 1991 en el artículo 294-2, Colombia integró el Derecho Internacional Humanitario al bloque constitucional del país y que el 16 de diciembre de 1994, el Congreso de Colombia por medio de la Ley 171, aprobó el protocolo 2 de 1977 incluido a los Convenios de Ginebra de 1949, relativo a la protección de víctimas de conflictos armados sin carácter internacional, e incluso cuando los Estados Unidos catalogó a las FARC como grupo terrorista bajo el mandato de Bill Clinton (1997) y como grupo narcotraficante bajo el gobierno de George W. Bush (2003), estas clasificaciones internacionales se usaron solamente a favor de Estados Unidos para poder implementar medidas financieras contra organizaciones narcotraficantes a nivel mundial, bajo la Ley de Jefes de Organizaciones Delictivas del Bajo Mundo (Kingpin Act).

No fue hasta 2002 que las FARC entraron en la lista de Organizaciones Terroristas de la Unión Europea tras el fracaso de los diálogos de paz durante el gobierno de Andrés Pastrana y el posterior mandato de Álvaro Uribe Vélez, quien durante ocho años de gobierno negó el conflicto interno colombiano para evadir la responsabilidad del Estado respecto a la guerra y la condición de la sociedad colombiana, y para no darle poder a las FARC y con esto reconocer que:

Primero. Su presencia en el territorio era significativa a pesar de los esfuerzos militares para restringirla.

Segundo. La constitución de un aparato político–militar que se enmarca en ideas comunistas (que según la derecha) amenazan el sistema capitalista que rige al país.

Tercero. La falta de aplicación irrestricta de las normas del DIH, normas que tanto las FARC como el gobierno de Uribe Vélez violaron; a falta de ejemplos los conocidos Falsos Positivos por el que se condenaron 21 militares, caso que todavía se encuentra en investigación por parte de la Corte Penal Internacional, o la Masacre de Puracé, por la que todavía no hay condenados.

Finalmente, la tercera clase de declaraciones ofrecidas por el ahora director se encuentran en sus escritos académicos. En su texto: «La historia no es cuento» publicado por la Revista Cronopio en 2009, el historiador escribió:

Como existe una idea común y silvestre sobre la Historia, bastante difundida, según la cual la Historia se refiere a hechos sucedidos que son narrados para guardar la memoria, entonces el debate sobre la Historia se circunscribe a plantear quien escribe o cual es la historia verdadera. Por ese camino se critica y se desecha la historia patria o cívica, que es vista como una historia oficial, porque es una historia de héroes, de elites, asocial y que desconoce el conflicto. Se asume que Historia es una materia o cosa, algo objetivo que tiene existencia propia, que se rescata y se reconstruye. Se la confunde con la memoria y con la leyenda y no se la circunscribe como una disciplina académica que se estudia, que exige una formación que tiene unos protocolos y que pretende estudiar el pasado interpretándolo. Es decir, la Historia en tanto discurso académico no está al alcance de los mortales. (Rubén Darío Acevedo C. La historia no es cuento. p. 1-2. Octubre de 2009).

Respecto a esta concepción de lo que es la historia y el trabajo de los historiadores, el doctor Acevedo tiene una noción bastante restringida respecto a quien está encargado de escribir la historia puesto que deja de lado las vivencias y testimonios de aquellos que viven los hechos de primera mano, sobre los que los historiadores del conflicto deben escribir. También menciona unos párrafos más abajo el concepto de ‘historia desde abajo’ como «una historia de carácter vengativo que pretende reivindicar a los olvidados, a los sectores subordinados o dominados, a los marginados y a los vencidos» (Acevedo, 2009, p. 2) pero si nos ponemos a pensar, la construcción de la historia de la sociedad colombiana y por ende, la memoria de nuestro país, es un ejercicio que debe ir más allá de las cifras que tanto nos han deshumanizado y los discursos políticos que niegan los hechos, y debe dar un lugar a las voces que han vivido la carnicería y los horrores de la guerra, voces que no poseen títulos universitarios ni viven en grandes urbes y que por estas razones y siguiendo el pensamiento de Acevedo, se deben descartar como fuentes fidedignas ya que no entran en «la elite intelectual crítica y clarividente que tiene el saber, la claridad, la verdad, el sentido de dignidad, la moral y la capacidad de ver y de comprender lo que hay que comprender» (Acevedo, 2009, p. 4).

Otro ejemplo se encuentra en el texto: «Razones para el escepticismo con una paz impune» que Acevedo escribió con relación a la Conferencia del filósofo Sergio Jaramillo y publicado en la plataforma académica Academia.edu, en el cual se lee:

El problema más grave al que nos expone la idea de una transición es lo que expresa Jaramillo sin ningún pudor y con total ligereza: «Los efectos de 50 años de conflicto no se pueden reversar funcionando en la normalidad. Tenemos que redoblar esfuerzos y echar mano de todo tipo de medidas y mecanismo de excepción: medidas jurídicas, recursos extraordinarios, instituciones nuevas en el terreno… para lograr las metas de la transición». Aquí se abre la puerta ya no a la incertidumbre sino al vacío. Pues, ¿Qué puede significar mecanismos de excepción? ¿Convocar una asamblea constituyente o un congresito? ¿Otorgar a las guerrillas la mitad o una altísima porción de cargos de elección popular en concejos, asambleas y congreso? ¿Nombrar guerrilleros como alcaldes, gobernadores y ministros? ¿Qué significa «medidas jurídicas» extraordinarias? ¿Saltarse las normas del derecho internacional humanitario en nombre de la paz? ¿Cero penas de prisión, amnistía general? ¿Qué quiere decir «instituciones nuevas»? ¿Acaso no tiene todo esto un olor a la idea de «refundar el estado» expresada por Iván Márquez Oslo? (Acevedo, 2013, p. 5)

Es claro que Rubén Darío Acevedo C. ha estado desde el principio en la oposición del frente político de derecha contra la firma del Acuerdo de Paz y que su pensamiento va en contra del proceso, de las garantías para la reparación integral de víctimas y de la necesidad de crear mecanismos independientes para el estudio de casos y la aplicación de sanciones. Del mismo modo, expresa un miedo por la idea de «refundación del estado» y es que el esclarecimiento de los hechos durante el periodo de guerra y violencia tiene la oportunidad de mostrar la verdad de lo que ocurrió y cómo, entes estatales, políticos, privados y militares estuvieron también involucrados en hechos de exterminio a civiles y corrupción, razones por las que estos esclarecimientos nos obligarían como sociedad a dar vuelta y reescribir nuestra memoria como nación y juzgar a personajes de la política que han logrado evadir a la justicia y popularizar sus ideas usando la bandera del miedo al comunismo, a la izquierda, a la verdad; si no preguntémonos por qué tanta objeción a la JEP y las investigaciones que adelanta contra empresarios, terratenientes, exmiembros del partido de la U, exmilitares, entre otros, que adquirieron tierras, obtuvieron concesión de títulos mineros o hipotecas sobre predios de víctimas del conflicto armado y son acusados de violaciones y masacres a lo largo del territorio, bajo la protección estatal.

Para concluir con el escenario académico donde Rubén D. Acevedo es conocido, es necesario hablar sobre dos situaciones que se presentaron en la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, cuando era Vicedecano de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, entre los períodos junio 2013 – julio 2014 y julio 2015 – junio 2017. El ex vicedecano fue acusado de querer vetar dos cursos propuestos por sus colegas, el primero relacionado con el pensamiento del filósofo alemán Karl Marx y el segundo llamado «Fascismo y Modernidad», propuesto por el profesor Albert Castrillón, quien fuera decano de la facultad; intención relacionada con que Acevedo discrepaba ideológicamente del objeto y enfoque de ambos cursos y que a pesar de haber sido aprobados por votación en el Comité Asesor del Pregrado de Historia, tuvieron que ser sometidos a una nueva votación por un Consejo Extraordinario de Facultad, convocado por el mismo Acevedo. Estos hechos llevaron al entonces profesor asistente del departamento de historia Gabriel Cabrera Becerra a renunciar, debido a que estos hechos «contrarían el principio fundamental de cátedra que garantiza dentro de la vida universitaria la libertad de pensamiento». (Tomado de la carta de renuncia del profesor Cabrera).

Con los argumentos anteriormente expuestos, la pregunta sobre la idoneidad del nombramiento del historiador Rubén Darío Acevedo Carmona como nuevo director del CNMH continúa y se enmarca no solo en el ámbito académico desde el cual Acevedo niega el conflicto armado en Colombia, sino en el ámbito político, que deja ver las corrientes de pensamiento de derecha infiltradas en la dirección de una institución creada para que las víctimas tengan un lugar donde construir memoria, que no exige ser oficial sino reconocida y reivindicada, una institución que no puede ser una agencia que construya memoria según la agenda gubernamental, que quede a merced del bipartidismo nacional que procura los intereses personales y de partidos sobre los intereses de la población civil que ha sido víctima de la guerra y con un director que, a pesar de que insista en que su corriente de pensamiento no afectará sus funciones, ha demostrado con hechos que dicha declaración es falsa.

BIBLIOGRAFÍA

Acevedo Carmona, R. (2009). La historia no es cuento. Revista Cronopio. Volumen (3). Medellín, Colombia.

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Asociación Colombiana de Historiadores. (2019). Comunicado público de la Asociación Colombiana de Historiadores sobre el nombramiento del director del Centro Nacional de Memoria Histórica CNMH. Recuperado de https://asocolhistoria.org.co/

Asociación MINGA. (2019). Ratificamos nuestra falta de confianza y el retiro de nuestros archivos del Centro Nacional de Memoria Histórica. Recuperado de https://asociacionminga.org/index.php/noticias/memoria/1200-ratificamos-nuestra-falta-de-confianza-y-el-retiro-de-nuestros-archivos-del-centro-nacional-de-memoria-historica

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Equipo Digital ELN. (2018). Colombia: Un Conflicto Armado No Internacional. Recuperado de: https://eln-voces.com/colombia-conflicto-armado-no-internacional/

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Semana. (2019). Las implicaciones que trae que las víctimas retiren sus archivos del Centro de Memoria. Recuperado de https://www.semana.com/nacion/articulo/las-implicaciones-de-que-víctimas-retiren-sus-archivos-del-centro-nacional-de-memoria-historica/602084

Twitter @darioacevedoc. Recuperado de https://twitter.com/darioacevedoc?lang=es

NOTA:

[1] En Colombia se le dice despectivamente «mamerto» (insufrible) al militante en partidos de izquierda política. N. del e.

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* Shannon Estefannía Casallas Duque. Licenciada en Educación Básica con Énfasis en Inglés y Especialista en Infancia, Cultura y Desarrollo, ambos títulos obtenidos en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá – Colombia. Actualmente reside en Estados Unidos en un programa de intercambio. También tiene estudios complementarios realizados en el Instituto Caro y Cuervo con el Diplomado en Pedagogía y Didáctica para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera; en la Universidad de Yale, con el curso Fundaciones Morales de la Política; en la Universidad de Ámsterdam, con el curso Teoría Sociológica Clásica; en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, con el curso Arte Moderno e ideas; en la Universidad de Edimburgo, con el curso Introducción a la Filosofía; y en la Universidad de Wesleyan, con el curso Psicología Social.

Ha publicado varios artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales sobre cine, literatura y poesía. Ha realizado investigaciones y ponencias sobre problemas educativos y sociológicos en diferentes universidades de Colombia.

 

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