AMENAZAS A LA LIBERTAD ECONÓMICA EN AMÉRICA LATINA
Por Juan David García Ramírez*
Un temor tradicional, concerniente al comercio entre el norte y el sur, es que generaría en el «tercer mundo» una gran dependencia de la venta de materias primas a los países afluentes en el norte. Durante la primera mitad del siglo XX, los países latinoamericanos se caracterizaron por ser grandes exportadores de productos agrícolas a Europa y América del Norte, principalmente (por ejemplo Colombia, como exportador de café; Argentina, como exportador de cereales y carne), y su crecimiento económico estaba sustentado en gran medida por dichas exportaciones, siendo muy incipientes los sectores de industria y servicios.
Desde este punto de vista, si los países en desarrollo fueran a practicar el libre comercio, nunca prosperarían en su objetivo de industrializarse y vender otros productos. Por consiguiente, muchos economistas y estudiosos de la realidad de los países en desarrollo, al igual que gobernantes y planificadores estatales, adoptaron la posición según la cual los países deberían orientarse a la sustitución de importaciones, con el gobierno como impulsor de la generación de industrias nativas o locales, que surgirían bajo el estímulo artificial del establecimiento de altas barreras impositivas, y que se expandirían mediante la producción de bienes que de otra manera tendrían que ser importados.
Se emprendió entonces, aproximadamente entre los años 1940 a 1980, la apuesta por la autosuficiencia en el ámbito económico, consistente en la capacidad de los países de producir sus propios bienes y abastecer el mercado interno, en lugar de especializarse e insertarse en la dinámica de la interdependencia económica global.
Los observadores occidentales del decenio de 1960, esperaban de Corea del Norte, una economía completamente cerrada, el distanciamiento (es decir, superarla) de la economía de Corea del Sur, que se orientaba hacia las exportaciones, y de la China de Mao Tse Tung, que obtuviera mejores resultados económicos que Taiwán, siempre en la senda del intercambio comercial con el resto del mundo. La sustitución de importaciones fue practicada por India y África, pero la idea fue completamente modelada en la América Latina de la posguerra, a partir de una progresiva intervención del Estado en los distintos sectores de la economía, que consistió, como se explicó atrás, en el impulso e incentivo gubernamental a las industrias locales, con el objetivo de disminuir los efectos de su falta de competitividad frente a los productos extranjeros.
No era de sorprenderse que los políticos en Chile, Brasil, Argentina, Colombia, entre otros, sintieran simpatía por la escuela de la dependencia. Desde mediados del siglo XIX, la región había experimentado una mejora económica a través de la exportación de unas cuantas materias primas, como café, banano, azúcar, algodón y cobre, pero eso no implicó un desarrollo nacional sólido, porque los países en cuestión eran típicas sociedades de privilegio. Una pequeña y protegida clase terrateniente detentaba la propiedad de grandes extensiones de tierra, cultivadas por legiones de trabajadores poco calificados, que con frecuencia eran pagados con bienes de las haciendas. Esta pequeña élite concentraba grandes beneficios, pero no los invertía. No necesitaban invertir en maquinaria que hiciera más productivo el trabajo, porque había sobreabundancia de trabajadores, ni tenían necesidad alguna de mejorar el rendimiento de sus cosechas, pues tenían tierras vastísimas a su disposición. Si era necesario obtener nuevas tierras, simplemente las arrebataban a la población nativa.
La agricultura no se desarrolló suficientemente, ni se creó la demanda de bienes manufacturados, porque los ingresos de la gente no crecieron. Entre la élite, la tecnología y la habilidad de organizar nuevas empresas estuvo casi ausente, pues preferían concentrar tierras y capital, como signo de status social, para evitar el riesgo que implicaba invertir e innovar y, en esa vía, enfrentarse a la competencia de sectores más dinámicos y modernos. Una educación precaria, discriminación racial y social y grandes regulaciones a la actividad comercial, impidieron a campesinos y obreros, y aún a algunos sectores de clase media, desarrollar su iniciativa para emprender nuevos negocios. Así, las economías latinoamericanas permanecieron dependientes de la exportación de materias primas, durante el fin del siglo XIX y los primeros decenios del siglo XX.
En medio de un Estado de Derecho incipiente y unas instituciones poco democráticas, los países latinoamericanos continuaron siendo sociedades de privilegio durante muchos años, y las desigualdades crecieron a niveles incontrolables. Como lo ilustra Johan Norberg, escritor y activista sueco, promotor de la libertad económica y la globalización, «en los países de América Latina se construyeron palacios lujosos, al mismo tiempo que los pobres se multiplicaron. Algunas personas comían con cucharas de plata, mientras otros morían de hambre en las calles. Río de Janeiro ha sido descrita como un poco de París, rodeada por un poco de Etiopía. El 10% más rico de Brasil concentra más de la mitad del PIB del país… En Chile, en los años 60, un automóvil costaba tres veces más que en el mercado mundial, con el resultado de que sólo los ricos podían comprarse uno».
La industria latinoamericana se volvió más y más anticuada, en relación con el resto del mundo. Incapaz de enfrentar la competencia internacional, después de largos años de proteccionismo, la región se tornó más dependiente aún de los privilegios y los impuestos, lo que, en consecuencia, ocasionó que se quedara atrás, frente al progreso exponencial y sorprendente que experimentaron países como Japón, Corea del Sur, Taiwán o Israel. En el decenio de 1950, estas naciones se encontraban al mismo nivel de desarrollo que la mayoría de países latinoamericanos, y dependían casi exclusivamente de la agricultura, pero emprendieron el camino hacia la modernización de sus economías (incentivando las nuevas ideas y promoviendo la creación de empresas) y luego se convirtieron en países prósperos y con gran calidad de vida.
Paradójicamente, el sector primario se tornó cada vez más necesario para financiar la creciente importación de maquinaria y bienes semi–manufacturados, fundamentales para la industria. Ya a mediados del decenio de 1960, en un entorno de carencia de oportunidades, millones de personas dejaron el campo y emigraron a las grandes ciudades. A lo largo de los años 70, el endeudamiento masivo de los países latinoamericanos sólo sirvió para posponer lo que ya se había previsto: La quiebra económica de gran parte de ellos y la incapacidad de los gobiernos para responder por los compromisos contraídos con las instituciones financieras internacionales, y fue así como en 1982, México suspendió el pago de su multimillonaria deuda y desató una crisis de la deuda de enormes proporciones, de modo que en tres años América Latina sufrió un desplome de su ingreso per cápita del 15%, y los años 80 fueron el escenario de una larga sucesión de crisis financieras e hiperinflación, razón por la cual esta época se ha denominado «la década perdida» de América Latina.
El caso de Bolivia constituye una de las mayores evidencias históricas del fracaso económico de los 80: En el año 1984, Bolivia registró la inflación más alta de toda Latinoamérica, con una hiperinflación de alrededor de 2.177 puntos, mientras que un año después tocó los 8.170. Dentro de los niveles inflacionarios de la década, lo más relevante llegó con las hiperinflaciones de finales del lustro, como la sufrida por Argentina en 1989.
La inflación fue, sin duda, uno de los principales flagelos que padecieron estos países, por causa de la expansión del gasto público, la rigidez de los bancos centrales, el alto endeudamiento y el débil crecimiento del PIB. Es que la inflación apremió a más de una nación latina, hasta que se aplicaron dos planes para rescatar a las economías de tan devastadores efectos. Estos fueron dos: El Plan Brady y el Consenso de Washington.
El Plan Brady fue propuesto por Nicholas Brady, ex tesorero del gobierno de Estados Unidos, quien diseñó el esquema en 1989, cuando comprendió que el monto de la deuda de los países latinoamericanos era casi impagable. Esta fue una estrategia adoptada al final de la década, y su objetivo fundamental era el de reestructurar la deuda contraída por las naciones menos desarrolladas con los bancos comerciales.
El Consenso de Washington, planteado por el economista John Williamson en 1989, contenía diez reformas básicas: 1. Disciplina fiscal. 2. Prioridad para el gasto social. 3. reforma tributaria. 4. Liberalización financiera. 5. Tipos de cambio unificados y competitivos. 6. Liberalización del comercio exterior. 7. Apertura a la inversión extranjera directa. 8. Privatización de las empresas estatales. 9. Desregulación, y 10. Respeto a los derechos de propiedad.
La acogida casi general del Consenso de Washington se debió a que fue formalizado en momentos en que, dado el agotamiento del modelo sustitutivo de importaciones dirigido por el Estado, y la crisis financiera que causó la deuda externa, los países de América Latina buscaban un modelo alternativo que respondiera mejor a las políticas de condicionalidad, entonces ya aplicadas por el gobierno norteamericano para responder a la recesión que vivieron los Estados Unidos en el decenio de 1980. Según ese nuevo paradigma, los países que aspiraban a tener un buen desempeño económico en el contexto de la globalización, debían adoptar los postulados relativos a los mercados desregulados, a la apertura comercial y financiera, y al papel limitado del Estado en la economía. Pero el grado de éxito que se logre con estas políticas, dependerá de la intensidad, celeridad y coherencia con que cada país las adopte.
De este modo, fue sólo después de las políticas liberalizadoras y de las reformas que incentivaban el libre comercio, iniciadas hacia el fin del decenio, cuando la mayoría de países latinoamericanos comenzó a superar la crisis y recuperó el ritmo de su crecimiento económico. La década de los noventa fue para la economía latinoamericana la del retorno al crecimiento. Después de la «década perdida» de los años ochenta, en que el impacto de la crisis de la deuda externa provocó varios años consecutivos de crecimiento negativo, y un balance general para la década de un -1% de crecimiento en el PIB por habitante, la economía volvió a su ciclo expansivo, pero con unas tasas de crecimiento del PIB per cápita más que moderada, que no llega siquiera al 1,5%.
Esta nueva fase de expansión, con todas sus limitaciones, permitió que la economía de América Latina comenzara a superar dos rémoras históricas que lastraron su progreso durante casi todo el siglo XX, y en la segunda mitad, especialmente: La inflación y el déficit público. En cuanto a la inflación, que comenzó expansiva y explosiva, disparándose desde el 200 al 900% entre 1991 y 1993 (siendo los mayores aportantes Nicaragua y Brasil), consiguió reducirse hasta el 25% en 1995, y llegar al nivel más bajo en 1999, coincidiendo con la depresión, cuando se situó por debajo del 10%. Una inflación controlada es vital para la viabilidad a largo plazo de la economía, al mismo tiempo que es indispensable para conseguir expandir el poder adquisitivo de los salarios (al menos en el sector formal de la economía).
El gran problema reside en que el peso de la deuda externa y la falta de comercio exterior, aún hacen que estos países sean propensos a las crisis económicas, pues, de un lado, el Estado destina una parte importante de su presupuesto al pago de la deuda, con lo cual los impuestos no siempre se reflejan en inversiones para modernizar, por ejemplo, la infraestructura vial y de transportes (autopistas, aeropuertos, túneles, etc.), y del otro lado, el sector privado deja de avanzar en competitividad, por la persistencia de innumerables regulaciones y cargas que imponen los gobiernos.
Ha sido posible comprobar esta realidad con la crisis económica de Argentina en 2001, cuando el gobierno se declaró insolvente para asumir la prácticamente impagable deuda externa, lo que ocasionó una salida del capital extranjero y el sistema financiero colapsó. Numerosas empresas e inversionistas nacionales y extranjeros, retiraron su dinero de los bancos y el gobierno de Fernando De La Rúa estableció, mediante el Decreto 1570 de 2001, el famoso «corralito» financiero, que consistió en una restricción a la extracción de dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorro (desde el 3 de diciembre de 2001 al 2 de Diciembre de 2002). El objetivo que se perseguía con estas restricciones, era evitar la salida de dinero del sistema bancario, intentando evitar así una ola de pánico bancario y el colapso del sistema. La justificación secundaria que intentó esbozar Domingo Cavallo, a cargo del Ministerio de Economía, fue lograr un mayor uso de los medios de pago electrónico, evitando así la evasión impositiva y provocando la bancarización de la población, siendo éste un beneficio para los bancos.
Sin embargo, el ejemplo de Chile demuestra la posibilidad de alcanzar el desarrollo, aún en esta región. Cuando el dictador Augusto Pinochet admitió que había fallado la vieja política de inflación y control central de la economía, comenzó a escuchar a los economistas del libre mercado. Al contrario de lo que hicieron otros regímenes autoritarios de la región, Chile reemplazó su política económica autoritaria y optó por la liberalización y el libre comercio, a partir de 1975. El resultado fue un enorme crecimiento del Producto Interno Bruto, con el incremento, hacia 1995, de los ingresos reales de los chilenos en más del doble. Al mismo tiempo, la mortalidad infantil descendió del 6 al 1% y el promedio de la expectativa de vida se elevó de 64 a 73 años. Al día de hoy, los chilenos gozan de un nivel de vida similar al de algunos países europeos, en marcado contraste con sus vecinos.
Estos cambios positivos fueron posibles, gracias a la transformación sustancial en el modelo de Estado, que implicaba replantear su sentido y funciones, al pasar de un Estado asistencialista y centralizado, que decidía sobre todas las dimensiones de la vida de los chilenos, a uno más flexible, liberal y descentralizado que, sin llegar a ser mínimo (al estilo del Estado que los libertarios Robert Nozick y Ayn Rand postularon), servía realmente a los intereses de los ciudadanos y garantizaba sus libertades. Y lo más importante de todo, es que la dictadura fue pacíficamente sustituida por un régimen democrático estable, un hecho que refuerza nuestra apuesta por el indispensable vínculo existente entre la libertad económica y la democracia.
La diversidad de los países del continente americano abarca desde economías muy prósperas, como la de Estados Unidos, Chile y la economía en desarrollo del colosal Brasil, hasta las economías de las pequeñas islas del Caribe y las naciones pobres de América Central. La población promedio por país es de 30 millones y la población total de la región es de 871 millones, superada sólo por Asia en ambos conteos. Con el índice promedio de desempleo más bajo del mundo y años de medidas de reforma económica en su haber. América parecería estar preparada para alcanzar un éxito económico ampliamente compartido. Sin embargo, la región es una de las que mayor diversidad económica presenta a nivel mundial y plantea una inquietud: Es llamativo el hecho de que, al mismo tiempo que se evidencia una mayor libertad económica en unos países, en otros suceda un grave retroceso y las políticas de libre mercado sean consideradas por los gobernantes como un obstáculo al desarrollo económico, político y social, como en Venezuela, Bolivia, Ecuador o Nicaragua.
La región mantiene un nivel de libertad económica superior al promedio mundial, entre los años 2008 y 2009, de acuerdo con el Índice de Libertad Económica: En 2008 el continente americano obtuvo un promedio de 67%, mientras que el de Europa fue de 63.1%; el de África Subsahariana fue de 55.5%; y tanto Asia–Pacífico como África del Norte y Medio Oriente, tienen un promedio de 54.4%. Empero, algunos países han sufrido un deterioro notable durante los últimos años. En el Índice de Libertad Económica 2008, en general, los puntajes de América son peores para cinco economías, los puntajes de 17 países han empeorado y los de 12 países han mejorado. Guyana, Venezuela y Haití registraron los peores desempeños.
A lo largo del territorio se puede observar que, en realidad, las economías están estancadas. Los datos globales sugieren que, entre las cinco regiones, América registra la tasa más lenta de crecimiento compuesto en cinco años. Así, el Banco Interamericano de Desarrollo previó un crecimiento económico del 1%, para los siete países que constituyen el 90% del PIB regional: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela; y por su parte, la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Carible, de la ONU) estimó un crecimiento del 1.9%. El ingreso promedio ponderado de la población per cápita, es más alto en América que en cualquier otra región, incluso Europa. Pero irónicamente, la evidencia estadística sugiere que muchas naciones del hemisferio occidental están estancadas en las trampas de la pobreza, con una desigualdad de ingresos crónica.
El índice de libertad económica está determinado en porcentajes, siendo 0% el nivel más bajo y 100% el más alto. De esta forma, un mayor ingreso per cápita se encuentra respaldado por un mayor porcentaje de libertad económica.
El incremento del poder de gobiernos populistas como el de Hugo Chávez en Venezuela, de Rafael Correa en Ecuador y el de Evo Morales en Bolivia, amenaza con ampliar aún más la distancia entre los países menos libres y los más libres (de modo que en unos se dé una correlación positiva y, en los otros, una correlación negativa: A menor libertad económica, menor ingreso per cápita), que repercutirá hondamente en la productividad y competitividad de las economías, sobre todo, de los países que se han decidido por el populismo y el intervencionismo estatal. Y, desde luego, esa brecha en la libertad económica ha de afectar negativamente las demás libertades individuales (en Venezuela, a medida que el gobierno de Chávez acelera la configuración de un régimen totalitario, el ejercicio de las libertades de expresión, de prensa, de protesta, o el respeto al derecho de propiedad, se convierten en objeto de criminalización por parte del Estado y los ciudadanos pierden independencia del poder político).
De acuerdo con el Índice de Libertad Económica, tres de los 29 países de América se ubican entre los 10 mejores del mundo: Estados Unidos (5), Canadá (7) y Chile (8). Efectivamente, la distribución de los países de la región está dispuesta en una forma más equilibrada que la de los países de cualquier otra región. Todos los países, excepto seis, reciben un puntaje de libertad económica de entre 50 (un puntaje regular–medio) y 80 (un puntaje alto) por ciento y, aproximadamente, la mitad entran en la categoría media de «moderadamente libres», es decir, que gozan de una gran libertad económica en casi todos los aspectos, aunque poseen debilidades importantes en otros. Un análisis de cada una de las libertades económicas específicas, muestra que los países de América tienen un mejor desempeño que el promedio mundial en 8 de las 10 áreas analizadas. La corrupción y la inflación son las áreas problemáticas más importantes, y representan los problemas permanentes de inestabilidad monetaria y Estado de Derecho frágil.
La nación típica de América del Norte, Central o del Sur, sobresale positivamente en términos de gastos e impuestos gubernamentales limitados, así como también en cuanto a libertad laboral. Las cinco libertades restantes también son ligeramente más sólidas en América que en otras regiones, con cargas regulatorias, financieras, de inversión y comerciales más livianas. Los líderes regionales en libertad, son Estados Unidos y Canadá, quienes son los líderes en casi todas las categorías. Estados Unidos es «mayormente libre» en cuanto a libertad de inversión, libertad financiera, derechos de propiedad y libertad laboral. El resultado: Una economía flexible y adaptable, que sigue siendo uno de los principales mercados financieros del mundo. Canadá es líder en libertad frente a la corrupción (es decir, las transacciones económicas y la relación de los particulares con el Estado no están sujetas a prácticas ilícitas), así como también en libertad de comercio internacional y libertad comercial. Guatemala (por el bajo gasto gubernamental) y Bahamas (por los bajos impuestos) son los mejores entre el resto de los países.
En cualquier caso, es fundamental reconocer, para la fortaleza de nuestro estudio, que la crisis económica mundial desencadenada en 2008 ha perjudicado enormemente a América Latina, deteriorándose varios de los logros más significativos, como el crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto de la región, la generación de empleo, la continuidad de algunas reformas liberalizadoras y el ambiente positivo para la creación de nuevas empresas, así como la estabilidad económica de las familias.
Al respecto, el documento «Crisis en ALC: Inversión en Infraestructura y Potencial Generador de Empleo del Banco Mundial», el primer trimestre del 2009, América Latina registró una tasa de desempleo de 8.5%, un alza de más de medio punto porcentual respecto del mismo período del año anterior, donde alcanzó 7.9%. Individualmente, todos los países de la región muestran incrementos en los índices de desempleo y caídas en la generación de empleo, de acuerdo con el análisis del Banco Mundial. Chile, por ejemplo, registra un aumento del desempleo de 2.1% en el último mes, con respecto al mismo período hace un año. Colombia y México, entretanto, registran casi un punto porcentual cada uno, mientras que Brasil se aproxima el medio punto porcentual. Cada uno de estos episodios de caída del empleo, viene acompañado de bajones importantes en la creación neta de puestos de trabajo, desde mediados del 2008, según este organismo.
En este contexto de rápido deterioro del mercado laboral, no es despreciable la función generadora de empleo de la inversión pública en infraestructura, de acuerdo con Jordan Schwartz, economista del Banco Mundial y uno de los autores del estudio. El Banco Mundial está presente en varios de esos proyectos de obras públicas, a través de su unidad de Desarrollo Sostenible, incluyendo iniciativas en Perú, Argentina, Guatemala, Paraguay, México y Jamaica, entre otros.
Se destacó, pues, el contraste evidente que puede observarse entre las economías más libres y las menos libres del continente americano, siendo que en aquellos países que han optado por la difusión de la libertad económica, ha habido un consecuente mayor éxito económico, así como progresivamente se ha ampliado el espectro de las libertades políticas y civiles.
Y en los países que prefirieron regirse por un modelo económico represivo, rígido, que concede grandes poderes de intervención al Estado, el estancamiento y, en casos más graves, el fracaso económico, son problemas inocultables y han generado inexorablemente la reducción y práctica desaparición de los espacios de libertad, que corresponden a los individuos en toda sociedad que se proclame abierta y democrática.
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* Politólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana e Integrante del «Think Tank America».