LOS PELIGROS DE SER PERIODISTA Y MUJER EN MÉXICO
Por Guadalupe Pérez-Anzaldo*
«La práctica de la violencia, como toda acción,
cambia al mundo, pero el cambio más probable
es un mundo más violento».
(Hannah Arendt)
La situación de inseguridad e inestabilidad política y social que se vive en México ha cobrado gran relevancia en los medios de comunicación alrededor del planeta. Indudablemente, las noticias que globalmente predominan sobre dicho país se enfocan en la guerra oficial desatada a partir de 2006 en contra del narcotráfico, así como en su impacto sociopolítico, económico y cultural. Las cifras de homicidios y desapariciones de personas se han disparado hasta rebasar las 50.000 víctimas y éstas continúan acumulándose diariamente. En este clima bélico, llama la atención la violencia dirigida hacia quienes ejercen la labor periodística; misma que ha propiciado que de un total de 179 posiciones, a México se le sitúe en el número 149, de acuerdo al último informe sobre la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporters Without Borders.
La impunidad imperante, de acuerdo a dicho informe, ha impedido revertir la cultura de la endémica violencia que se encuentra tan arraigada en el país (Press Feedom Index 2011-2012). En especial, las mujeres periodistas y activistas sociales se han visto afectadas por este agravado entorno social; dado que no sólo enfrentan la enquistada violencia contra la mujer, sino también la generada tanto por el Estado como por el crimen organizado. En este estudio se analizarán los trabajos periodísticos de tres destacadas comunicadoras mexicanas, Lydia Cacho, Carmen Aristegui y Anabel Hernández, quienes a pesar de los amagos en su contra, han destacado como líderes de opinión y como luchadoras por la defensa de las libertades y los derechos humanos de los sujetos marginados.
A pesar de los logros conquistados por los activistas sociales en materia de derechos y libertades civiles para la mujer en México, es evidente que aún predominan las relaciones asimétricas de poder que privilegian al hombre. Los medios masivos de comunicación electrónicos —mediante la continua proyección o divulgación de telenovelas, películas y programas carentes de un contenido educativo y crítico— han jugado un papel vital en la degeneración, reforzamiento y propagación de los roles tradicionales asignados a la mujer en esta sociedad eminentemente patriarcal.
Es común, por ejemplo, que en la televisión se proyecten programas donde a la mujer se le objetiva y victimiza logrando con ello que la gente internalice y perciba la violencia genérica [sic, N. del e.] perpetrada hacia ella como algo normal y aceptable. Esto ejemplifica, como ha argumentado Michel Wieviorka, cómo los medios masivos de comunicación han ayudado a fomentar una «aculturación» o «incubación cultural» de la violencia. Es decir, las imágenes de actos crueles e inhumanos que cotidianamente se representan y reproducen en la pantalla, logran insensibilizar a una audiencia acostumbrada a trivializarlos. Es precisamente a través de la repetida divulgación de tales imágenes que se forman personalidades insensibles e incapaces de discernir entre la fantasía y la realidad, lo que es moralmente aceptable y lo que no es. De ahí que el castigo físico —mediante el empobrecimiento, la enfermedad, la mutilación e incluso la muerte— que sufren en la pantalla las figuras femeninas que no se ajustan al «deber ser» impuesto por la normatividad, sea percibido como un bien necesario para resguardar el orden social.
A nivel internacional, los organismos en defensa de los derechos humanos se han pronunciado para que las autoridades mexicanas reconozcan e intenten erradicar el alto grado de violencia genérica que impera en el país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, documentó un total de 846 feminicidios en Ciudad de Juárez a partir de 1993 hasta mediados de 2010. De esos casos, 285 ocurrieron en un período de 10 años (de 1993 a 2002). Sin embargo, resulta aún más alarmante que en un lapso de sólo cinco años (de 2005 a 2010) se registraron 922 muertes en el Estado de México sin que hasta ahora el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres reconozca las inquietantes cifras en relación a la violencia de género en esa entidad federativa (Brito, Feminicidios en el Estado de México).
Por otro lado y en relación a la violencia de Estado, es importante destacar que existen diferentes mecanismos de control usados con el fin de asegurar la perpetuación de los grupos hegemónicos dentro de las naciones–estado. Como observa Arturo Aldama, es través de la propagación y subsecuente internalización del miedo que estos grupos han ejercido el control, manipulación y sumisión de la gente en un sistema burgués, patriarcal y capitalista globalizado; así como también han intentado disminuir al máximo posible al sujeto marginal u «otro» que no se apega fácilmente al orden social y cultural impuesto por sus aparatos de control. Es precisamente con la diseminación del sentimiento de miedo entre la población civil que el estado logra alienar a los individuos:
As we begin this new millennium, Western nation–states attempt
to seduce subject citizens into believing that we live in a borderless
cyber «utopia», a cosmopolitan free market of e–commerce and
anonymity. The cyber consumers and fantasists in the «fearless»
cyber world continue the false magic of global capitalism, further
marking the distance between elite consumers and hyperexploited
producers of goods. The simulacrum of e–commerce masks the
multidirectional movements of «free market» manifest destiny
and depends on the learned fetishes for material commodities.
La única posibilidad que tiene cada sujeto en contra de este recurso del capitalismo neocolonial, de acuerdo a Aldama, es la formación de alianzas que rebasen límites tanto étnicos como nacionales para confrontar su miedo y oponerse conjuntamente a la violencia ejercida en su contra.
En el caso específico de México, el cerrado control estatal de los medios tanto impresos como electrónicos entorpece significativamente la libertad y flujo de información que recibe la sociedad mexicana. Lo anterior sobre todo después de la firma, el 24 de marzo de 2011, del Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, según el cual la prensa mexicana se compromete a alinearse a la política de Estado homogeneizando la información que se proyecta en torno a la narcoviolencia generada en el país. La limitación, desinformación y manipulación de las noticias que se difunden en los medios son algunos de los efectivos mecanismos usados por el Estado para alienar y controlar a la población civil en general. De ahí que aquellos medios que no se apegan a los dictámenes gubernamentales sufran persistentemente del acoso y la censura, como es el caso de dos de las escasas revistas que manejan un discurso ideológico disidente al oficial, Proceso y Contralínea (Díaz, Informes). Lo anterior ha sido ya documentado y avalado tanto por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), como por la organización de defensa de la libertad de expresión, Artículo 19.
Es justo en este ambiente de zozobra y temor constante que se vive en México que tres distinguidas figuras públicas, Cacho, Aristegui y Hernández, han destacado como líderes de opinión y como luchadoras incansables por la defensa de las personas más vulnerables. El trabajo investigativo y el activismo de Lydia Cacho, en particular, se ha enfocado en la denuncia y prevención de la violencia genérica. En sus inicios como reportera, ella misma fue víctima de una golpiza y violación sexual por parte de un desconocido que presumiblemente la atacó como un acto de silenciamiento. El estupro sufrido contra su persona, sin embargo, no la amedrentó en lo absoluto sino que, por el contrario, la fortaleció e impulsó a solidarizarse con otras mujeres que, como ella, habían sufrido de acoso, maltrato físico y violación; de ahí que abriera un centro de ayuda para ellas. Su compromiso la llevó, incluso, a iniciar la indagatoria sobre el abuso de menores y la pornografía infantil; lo que conllevó a la publicación de su libro Los demonios del Edén (2005).
Fue precisamente este libro, donde se revela el involucramiento de reconocidas figuras públicas —en especial se menciona al poderoso empresario de la mezclilla Kamel Nacif Borge— en el negocio de explotación sexual de menores, lo que le ocasionó que fuera encarcelada por órdenes del gobernador de Puebla, Mario Marín, privándosele de sus garantías individuales. Las vejaciones ordenadas contra Cacho, así como la corrupción de las autoridades y la impunidad que aún perdura en México quedaron en evidencia tras la arbitraria aprehensión de la prestigiosa periodista, gracias al apoyo que recibió de distintas organizaciones mundiales, principalmente de Amnistía Internacional. Esta cruda experiencia vivida en carne propia por la periodista mexicana es expuesta en su libro Lydia Cacho, Memorias de una infamia (2007), mismo que es un testimonio de los peligros que enfrentan las profesionales que como ella desentrañan los mecanismos usados por los poderosos para acallar y encubrir verdades incómodas. Además, en la segunda edición (2006) de su libro Los demonios del Edén, Cacho le añade un prefacio donde reflexiona lo siguiente:
Hace no muchos años el comportamiento del gobierno de Puebla y
el uso descarado de la justicia por parte de los poderosos no habría
generado mayor sorpresa. En esta ocasión, en cambio, la respuesta
resultó abrumadora. Organizaciones internacionales y nacionales
de derechos humanos y del derecho a la información se expresaron
a favor de mi caso (Amnistía Internacional, el CPJ de Nueva York,
la Comisión de Derechos Humanos, la Organización Mundial
contra la Tortura, la Sociedad Interamericana de Prensa, entre otras
muchas). Muchas ONG en México y el mundo, la Cámara de Diputados,
el gobierno de Quintana Roo, los noticieros y diarios prácticamente de
todo el país, cientos de colegas y amistades, una docena de articulistas
nacionales… Dos países me ofrecieron asilo político e incluso senadoras
y políticos priístas rechazaron el proceder del gobernador Mario Marín.
Es decir, que de alguna manera la respuesta abrumadora a la cual se refiere Cacho, se originó a raíz de su condición como acreditada comunicadora, pero sobre todo a la movilización suscitada en instituciones internacionales enfocadas en la defensa de los derechos humanos. Ante el permanente abuso de autoridad en un país donde se protege a los que tienen el poder político y económico, la única viabilidad a acusaciones como las hechas por dicha periodista es a través de la divulgación y apoyo del gremio de los periodistas y activistas que trabaja y actúa a nivel global.
Lo interesante de la investigación de Lydia Cacho, en relación con la compleja red de pornografía infantil, es, precisamente, la revelación de las ramificaciones e intersecciones a nivel mundial que tiene este redituable negocio. Como se expone en Los demonios del Edén, en el caso de Jean Touma Hanna Succar Kuri, por ejemplo, él se valía de la necesidad económica de los niños o niñas que conocía para iniciarlos y prostituirlos con clientes nacionales e internacionales que recibían la propaganda tanto en las calles de Cancún como a través de la Internet. Sus frecuentes viajes a los Estados Unidos, donde vivía con su esposa y cómplice Gloria Pita Rodríguez, así como sus propiedades en dicho país pusieron en evidencia la facilidad con la que se erosionan las fronteras geográficas–nacionales cuando se trata de la explotación, tráfico y comercialización de menores. Esto último lo demuestra Cacho en su libro más reciente, Esclavas del poder (2010), donde después de viajar a tan variados países como Turquía, Camboya, Tailandia, Birmania, Japón, Argentina, Israel y Palestina, entre otros, comprueba que la trata sexual de niñas y mujeres está inmersa en una intrincada cadena formada por diversos criminales, incluyendo aquellos de cuello blanco que no sólo permiten, sino que además avalan el lavado de dinero. Cacho explica cómo opera esta red criminal con las siguientes palabras:
Mafiosos, políticos, militares, empresarios, industriales, líderes
religiosos, banqueros, policías, jueces, sicarios y hombres comunes
conforman una enorme cadena en el mapa internacional del crimen
organizado que ha existido durante siglos. La diferencia entre los
delincuentes solitarios, o pequeños grupos de bandas locales, y las
redes criminales globalizadas radica en las estrategias, los códigos y la
mercadotecnia. Sin duda alguna, su poder y su esencia estriban en la
capacidad de corrupción que las mafias tienen para generar poder
económico y político en todas las ciudades en las que conducen sus
negocios. El lazo vital que les une es la búsqueda del placer
para disfrutar el resultado de su enriquecimiento y empoderamiento.
Unos crean el mercado de la esclavitud humana, otros lo protegen,
lo promueven, lo alimentan, y otros más renuevan la demanda de la
materia prima.
Los nexos entre los múltiples sujetos, principalmente masculinos, que operan en esta industria globalizada, son clara evidencia del sistema jerarquizado de poder que mantiene en una posición marginal a la mujer. La explotación sexual de la mujer representa, por consiguiente, una forma de esclavitud que además la deshumaniza o cosifica en la sociedad patriarcal. De ahí el interés de Cacho por socavar los artificios culturales y denunciar los abusos físicos y psicológicos contra las mujeres en una sociedad globalizada que privilegia al hombre. La encarcelación, el acoso, la tortura, la persecución, las mentiras elaboradas para desprestigiarla y las reiteradas amenazas de muerte son algunos de los peligros que ella ha tenido que enfrentar y sortear, pero lejos de amedrentarse no sólo ha mantenido un discurso ideológico contestatario en su labor periodística, sino que ha continuado su compromiso de ayudar a las personas víctimas de la violencia. Es por esta razón que además de dirigir el centro de ayuda para mujeres que han sufrido de abuso, ha publicado unmanual para prevenir, entender y sanar el abuso sexual, Con mi hijo no (2008), para educar y prevenir el abuso infantil.
En lo referente a Carmen Aristegui, su trabajo se ha enfocado en los medios electrónicos, tales como la radio y la televisión, aunque también es columnista en el periódico Reforma. Asimismo, ha publicado algunos libros de entrevistas e investigación como el titulado Uno de Dos (2006) con entrevistas a los principales candidatos, Felipe Calderón Hinojosa y Andrés Manuel López Obrador, durante la contienda electoral hacia la presidencia de la República. Cabe resaltar que su voluntad de transformar el corrompido sistema político mexicano la lleva a publicar, en conjunto con Ricardo Trabulsi, Transición. Conversaciones y retratos de lo que se hizo y se dejó de hacer por la democracia en México (2009), donde se analizan diversas propuestas de líderes políticos y de opinión, quienes han formado parte decisiva en el desarrollo de la historia contemporánea del país. De la misma manera, su libro dedicado a la denuncia de la pederastia ejercida por un encumbrado líder religioso, Marcial Maciel. Historia de un criminal (2010), es una muestra de su compromiso con las causas sociales que pocos comunicadores en México llevan a cabo, quizás por el bien fundado temor a las represalias provenientes del crimen organizado o del Estado, o bien por simple apatía.
Aristegui ha logrado el reconocimiento internacional a su labor periodística gracias a la seriedad y profesionalismo con la que ha abordado temas tan variados como: la violación y muerte de la indígena veracruzana Ernestina Ascensión Rosario, a manos de varios miembros del ejército mexicano, la encarcelación arbitraria y las vejaciones sufridas por la periodista Lydia Cacho a manos de las autoridades poblanas, la pederastia de Marcial Maciel encubierta por la Iglesia Católica, la crítica en contra de la Ley Televisa que favorece a los poderosos consorcios Televisa y TV Azteca, así como la relación del cuñado incómodo de Felipe Calderón con el grupo Prisa (este último propietario del periódico español El País) y el conflicto de intereses que a esta empresa y a Televisa le ocasionan los comentarios críticos de la periodista, ente muchos otros.
Su capacidad para analizar y exponer la corrupción empresarial, estatal y religiosa le ha llevado a experimentar la violencia ejercida por las compañías afectadas y, en especial, la violencia de Estado desplegada mediante el constante hostigamiento mediático, la represión, el silenciamiento y la censura. Prueba de lo anterior es su despido de la W Radio el 8 de enero de 2008, puesto que, como afirma Aristegui en una entrevista exclusiva que concedió a la revista Proceso, «todo parece indicar que hay quien pidió mi cabeza y hay quien la cedió. Hay autores materiales y autores intelectuales en esta historia» (El acoso, las presiones, el silenciamiento: 6) De acuerdo a dicha entrevista, ella ahonda en el tema de la manera siguiente: «Los “autores intelectuales” del silenciamiento de su espacio informativo son directivos de Televisa, integrantes del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, concesionarios descontentos con su actitud ante la reforma electoral y funcionarios de Comunicación de Los Pinos, desde donde se le hizo saber que su noticiario “no era deseable para la Presidencia de la República”» (El acoso, las presiones, el silenciamiento: 6-7).
Como otro ejemplo de la manipulación mediática en contra de la comunicadora, se puede citar el caso de la entrevista que le hiciera a Miguel de la Madrid, donde el anciano ex presidente mexicano reconoció que se había equivocado al nombrar a Carlos Salinas de Gortari como su sucesor. Inmediatamente después de que De la Madrid acusara de manera directa a la familia Salinas de ser corrupta y de tener vínculos con el narcotráfico, Salinas de Gortari le dirigió a la periodista una carta en la que descalificaba a De la Madrid como informador fiable por cuestiones de edad —a quien posteriormente se le obligó a retractarse de sus declaraciones— mientras que a Carmen Aristegui la acusó de haber «abusado de la confianza» del ex mandatario por haberlo expuesto «en su delicada circunstancia». Es decir, los esfuerzos de Salinas de Gortari estuvieron dirigidos a desprestigiar a Aristegui por supuestamente haber forzado una entrevista con una fuente poco creíble y haber tergiversado lo referido por su entrevistado. Imputaciones que ella acertadamente supo rebatir y que, en lugar de empañar su imagen de periodista comprometida con la verdad, la fortalecieron.
El segundo despido de Aristegui ocurrió el 7 de febrero de 2011, esta vez de la compañía propiedad del grupo MVS donde había sido contratada dos años antes, con imputaciones de haber violado el «código de ética» de dicha empresa. Este pretexto, sin embargo, resultó fallido toda vez que la opinión generalizada señaló como verdadera causa la posición crítica tomada por la audaz periodista quien, en referencia a una manta desplegada en la Cámara de Diputados por el diputado petista Gerardo Fernández Noroña, ella formulara la siguiente pregunta al aire: «¿Tiene o no problemas de alcoholismo el presidente de la República?». Lo trascendental de este caso en particular es la respuesta masiva y global en apoyo a Carmen Aristegui:
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