LEGALIZACIÓN DE CAMPESINOS Y CONDICIÓN LABORAL
Por Maribel Hastings*
¿Cuántos piensan en las condiciones laborales de quienes «pizcaron» las legumbres o frutas que consumimos en los Estados Unidos, o en cuántos acres de cosecha se pierden por la falta de la mano de obra que le teme al recrudecimiento de medidas migratorias policiales?
En el año 2009, al presentar otra vez la medida de legalización de trabajadores agrícolas, la llamada «AgJOBS», la senadora demócrata de California, Dianne Feinstein, recordó que entre 2007 y 2008 un total de 1,56 millones de acres en Estados Unidos dejaron de producir. Los granjeros estadounidenses trasladaron 84.155 acres de producción y con ello 22.285 trabajos a México para seguir cultivando.
La medida AgJOBS se incluyó en un borrador de Plan de Reforma Amplia presentado el 29 de abril por un grupo de líderes demócratas del senado, aunque no es claro si el esquema dará lugar a una legislación que pueda aprobarse este año.
Ahora bien, para los que quedan —legales o indocumentados— las condiciones laborales son diario recordatorio de por qué la lucha emprendida por activistas como César Chávez, Dolores Huerta y tantos otros, sigue vigente.
Bruce Goldstein, director ejecutivo del Farmworkers Justice Fund, escribió que en 2010 Estados Unidos exportará 5.700 millones de dólares en frutas frescas y vegetales, comparado con 5.400 millones de dólares exportados en 2009, y 4.471 millones en 2007. «No hay ni que decir que los salarios y los beneficios de los trabajadores agrícolas en el periodo 2007–2010 ni se acercan a un alza de 27.5%», dijo Goldstein.
AgJOBS formó parte de la fallida reforma migratoria de 2007 y sería parte de cualquier plan que se presente, aunque ha habido intentos de aprobarla de forma independiente. De 2007 a este tiempo, dijo Goldstein a America’s Voice que «los cultivadores han sentido alguna evidencia de la intensificación de las medidas policiacas migratorias en la agricultura, y eso ha derivado en un creciente interés en la legalización».
Arturo Rodríguez, presidente del Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW), dijo a America’s Voice que cada día sin la legalización afecta no sólo a los trabajadores sino a la industria agrícola y en consecuencia, al consumidor.»El 70% de los trabajadores agrícolas son indocumentados. El recrudecimiento de las medidas migratorias policiales ha provocado temor y ese temor hace que no haya suficiente gente para la pizca», señaló. En palabras de Feinstein: «El tema central aquí no es la inmigración. Es proteger y preservar la economía estadounidense».A eso le agregaríamos el garantizar que tan dura y necesaria labor reciba el trato justo y humano que merece.
Un poco de historia
Los trabajadores agrícolas, su estatus migratorio y sus condiciones de vida han sido temas polémicos que se remontan a principios del siglo XX y evidencian la inclinación de los granjeros y del gobierno estadounidense de utilizar mano de obra extranjera cuando le ha convenido.
La ley de inmigración de 1917 colocó en situación de irregularidad a campesinos mexicanos que emigraron a EEUU por la Revolución Mexicana. Durante la Primera Guerra Mundial los granjeros solicitaron al Departamento de Trabajo que no impusiera restricciones a los trabajadores mexicanos hasta que el conflicto concluyera.
En 1929 sobrevino la Gran Depresión y con ella la repatriación de medio millón de mexicanos y sus hijos nacidos en EEUU. Gran parte de los deportados trabajaban en zonas rurales del Suroeste.
Tras el ataque japonés a Pearl Harbor en 1941, EEUU intervino en la Segunda Guerra Mundial y la necesidad de mano obra llevó a los gobiernos de EEUU y México a suscribir el polémico Programa Bracero en 1942. Cerca de cinco millones de mexicanos vinieron a trabajar a EEUU entre 1942 y 1964. Empero, la ley de inmigración de 1952 creó el Programa de Trabajadores Huéspedes, que otorgó visas H-2 a trabajadores agrícolas procedentes de países diferentes a México. La ley incluyó la cláusula ‘Texas Proviso’, que protegió a los granjeros de ser sancionados por contratar indocumentados.
En pleno boom de la posguerra, el presidente Dwight Eisenhower ordenó la Operación Wetback que expulsó de EEUU a millón y medio de mexicanos. Se estima que el 60% de los deportados en 1954 eran residentes legales. Tras finalizar el Programa Bracero en 1964, las regulaciones del Programa de Trabajadores Huéspedes se extendieron a los campesinos mexicanos.
César Chávez, el IRCA y el H2-A
El activista César Chávez, fundador de la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas, precursora de la UFW, encabezó en décadas subsiguientes marchas, procesiones, paros, boicots y huelgas de hambre en defensa de los trabajadores agrícolas que hoy día siguen enfrentando carencias. Chávez fue nominado tres veces al Premio Nobel de Paz y en 1994 recibió de manera póstuma la Medalla de la Libertad.
IIRCA, la ley de inmigración de 1986, legalizó a más de un millón de labriegos indocumentados mediante el Programa Especial para Trabajadores Agrícolas (SAW). Sin embargo, la cifra de trabajadores agrícolas indocumentados creció significativamente en los diez años siguientes.
En 1998, cuando por primera vez se presentó AgJOBS, sólo 22.676 trabajadores ingresaron al país con visas H2-A. La Encuesta Nacional de Trabajadores Agrícolas (NAWS) informó que en el ciclo 2005–2007 un 75% de los trabajadores agrícolas habían nacido fuera de EEUU. El 52% de los labriegos eran indocumentados.
Según el Consejo Nacional de Empleadores Agrícolas (NCAE), el programa H-2A sólo cubre 5% de la mano de obra campesina y el número de visas H-2A expedidas en 2007 fue de 78.089. Empero, alrededor de 35.000 granjeros contratan anualmente a 900 mil labriegos.
Por su parte, AgJOBS fue reintroducido con mínimas variantes en los periodos del Congreso de 2003–2004, 2005–2006 y 2007–2008. La más reciente versión se presentó en mayo de 2009: S.1038 en el Senado (20 coauspiciadores) y H.R.2414 en la Cámara Baja (56 coauspiciadores). Se calcula que medio millón de campesinos indocumentados serían legalizados con el proyecto preparado por la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).
El debate de la legalización de los campesinos siempre ha estado marcado por la controvertida cuestión de las condiciones laborales, de vida, salud y vivienda de los migrantes.
Pero esta vez, tanto las organizaciones campesinas como los granjeros están de acuerdo en que la aprobación del proyecto AgJOBS es una necesidad compartida.
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* Maribel Hastings es periodista y fue reportera de asuntos locales. Asimismo, se concentró en la política nacional y electoral como la primera corresponsal en Washington D.C. del diario La Opinión. En el año 2007, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) otorgó a Maribel el premio de Liderazgo (Media Leadership Award) por su cobertura de los debates migratorios en el Congreso Federal en los años 2006 y 2007. Su trabajo ha sido reconocido por la Sociedad Interamericana de Prensa y el Media Institute. Antes de laborar con La Opinión, Maribel trabajó con la agencia de noticias Associated Press en su natal Puerto Rico.