LAS CONTRADICCIONES DE LA UNASUR: EL CASO HONDUREÑO
Por Marta Lucía Ramírez*
Resulta paradójico que algunos presidentes miembros de UNASUR establezcan un veto en contra del Presidente de Honduras, Porfirio Lobo, elegido democrática y popularmente en su país para superar la crisis generada por el golpe de Estado que sufrió el entonces Presidente Manuel Zelaya, y sobre el cual el Gobierno de Honduras instaló oficialmente el martes 11 de mayo la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación, que buscará esclarecer lo sucedido alrededor del golpe de Estado en 2009.
La manera como acordaron las autoridades y los diferentes sectores de la población de Honduras las votaciones para la elección del Presidente el pasado noviembre en reemplazo del depuesto Zelaya, nos deja claro que el pueblo hondureño consideraba prioritario normalizar la situación política del país y superar la interinidad surgida del golpe, para lo cual se brindaron todas las garantías que aseguraran unos comicios pacíficos.
Frente al pronunciamiento inusual de UNASUR vetando la asistencia de Lobo a la cumbre, vale la pena tener en cuenta que el Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas señala entre sus objetivos principales que «la Unión de Naciones Suramericanas tiene como objetivo construir un espacio de integración entre sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo político, […] con miras a eliminar la desigualdad socioeconómica, garantizar mayor participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia de los Estados». UNASUR apoya todo acto democrático dentro de los países, y permitirá la libre autodeterminación de los pueblos.
Teniendo en cuenta que el Presidente Porfirio Lobo fue elegido libre y mayoritariamente por el pueblo hondureño, contando con las garantías necesarias para que sus ciudadanos acudieran a las urnas a votar, resulta contradictorio con el espíritu y el texto de UNASUR, que algunos de los países miembros del mecanismo se abroguen la competencia de cuestionar la legitimidad del nuevo presidente y menos aún que le establezcan vetos internacionales. Tal actitud mezquina y arbitraria, perjudica a esa nación centroamericana en su propósito de insertarse internacionalmente para fortalecer su economía y reducir el narcotráfico que crecientemente venía utilizando el territorio hondureño como plataforma de envío de la droga hacia diferentes mercados.
Es muy importante que los mecanismos subregionales se ocupen de cooperar para garantizar el buen funcionamiento de la democracia en América Latina, pues sin duda muchos de los eventos sucedidos en nuestra región, hacen temer por un eventual retroceso democrático en algunos de los países. Compete a todos velar por que los gobiernos que se elijan en la región, den prioridad al fortalecimiento de las instituciones y de cada una de las tres ramas del Poder Público, garantizando particularmente el buen funcionamiento de los gobiernos y que así se satisfagan las expectativas ciudadanas en cuanto a seguridad, trabajo, educación, seguridad alimentaria y desarrollo humano.
Simultáneamente, los actuales y nuevos gobiernos deben dar prioridad también en su política exterior a fortalecer las instituciones hemisféricas para garantizar una efectiva integración subregional y un mayor protagonismo de América Latina en la economía global así como en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la pobreza.
Dentro de esas instituciones, es esencial rescatar el papel que juega la OEA y particularmente la Carta Democrática de la Organización, para lograr el adecuado cumplimiento de los objetivos de desarrollo de una democracia verdadera y profunda en nuestra región.
Resulta paradójico que con el silencio complaciente de varios mandatarios, en una cumbre entre América Latina y la Unión Europea, se excluya a Honduras precisamente por parte de algunos mandatarios latinoamericanos que día tras día amenazan las libertades de sus ciudadanos, confiscan y expropian arbitrariamente sus bienes, limitan el derecho de libre empresa solo en beneficio de aquellas personas vinculadas al Gobierno, restringen la libertad de expresión de los medios de comunicación y empobrecen cada día más a su pueblo, llevando a su país en un franco retroceso respecto a las posibilidades de lograr desarrollo y bienestar, tema central de la cumbre.
Como sabemos la UNASUR o Comunidad Sudamericana de Naciones, nació en el 2004, luego de una cumbre de mandatarios en la cual paradójicamente no tuvo interés de participar el entonces presidente Kirchner de Argentina. Hasta ahora, lamentablemente, UNASUR ha sido incapaz de avanzar en las cuestiones organizativas e institucionales necesarias para lograr el proyecto de integración y si bien la elección del Nuevo Secretario General permitiría un avance más dinámico, algunos académicos como Carlos Malamud consideran que posiblemente esta nueva dignidad para el expresidente argentino, es apenas un instrumento temporal para volver a aspirar a la presidencia de su país. De ser así, el continente continuaría sin una institucionalidad fuerte que permita consolidar una integración suramericana con la cual podamos actuar unidos en escenarios multilaterales y sobretodo, que garantice profundizar la cooperación subregional y bilateral en temas como la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la ilegalidad que constituyen una amenaza creciente para la seguridad de los ciudadanos, las instituciones y las democracias en Suramérica.
Esperemos que UNASUR más que establecer vetos a presidentes elegidos popularmente, exija correctivos a aquellos que no cooperan con los gobiernos vecinos en la lucha contra el terrorismo y que por el contrario, desconocen la democracia en sus propios países.
Colombia debe presionar con algunos otros socios latinoamericanos como Perú, Chile y Brasil, para que UNASUR asuma posiciones firmes en contra de las violaciones a la democracia de cualquiera de los países miembros y contra el narcotráfico y el terrorismo que a través de múltiples mecanismos e instrumentos generan hoy una grave amenaza para el desarrollo, la prosperidad, la superación de la pobreza y para una seguridad humana integral de los latinoamericanos.
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* Ex ministra de Defensa (2002-2003). Abogada de la Universidad Javeriana y Fellow de la Universidad de Harvard. Ha trabajado durante 17 años en el sector público como abogada, directora de INCOMEX (1990-1991), Ministra de Comercio Exterior (1998-2002). Embajadora en Francia (2002) y como Senadora de la República (2006-2009). Quince años en el sector privado como consultora jurídica, presidenta de entidades financieras, presidenta de gremios del sector privado y empresaria.