SANTOS I, ES URIBE III.
Por Jorge Gómez Gallego*
Un fenómeno bastante curioso se presenta en Colombia por estos días. Una buena parte de los comentadores o columnistas de la gran prensa, e incluso de los que escriben para medios alternativos o digitales, y buena parte de la dirigencia política, ha adelantando una tesis, que con diferentes matices, sostiene que Juan Manuel Santos ganó las elecciones gracias a que vendió la imagen de sucesor de Álvaro Uribe, pero ha arrancado su mandato aplicando los programas propuestos por la oposición.
Esa tesis ha venido siendo aceptada por una buena parte de la población, al punto de registrar durante el primer mes de ejercicio de la presidencia, una popularidad de tal magnitud, (84%), que solo es posible con la suma del apoyo de una gama de opinión que abarca desde la de los uribistas pura sangre, pasando por los uribistas urbanos o postmodernos, y llegando a franjas que acompañaron al Partido Liberal y al Verde en la pasada contienda electoral.
Hoy, nadando contra la corriente, voy a sustentar la tesis contraria. Santos gobierna aplicando el programa económico, político y social de Uribe, pero lo hace desechando algunos de los métodos que venían erosionando la gobernabilidad, y sobre los que sectores del establecimiento habían prendido alertas suficientemente manifiestas.
Los últimos meses del mandato de Uribe tuvieron como centro el intento fallido, por fortuna, de hacerse elegir por tercera vez consecutiva. Y quien haya observado con atención, podrá haber notado que los centros de formación de opinión en lo fundamental, y con diversos grados de intensidad, habían sugerido a Uribe que no persistiera en el intento, o francamente habían tratado de crear un ambiente político y social hostil a la re-re elección.
Veamos: el Presidente Obama, el Washington Post y el New York Times, la Iglesia Católica, la ANDI, Fabio Echeverry Correa, Andrés Pastrana, Ernesto Samper, César Gaviria, El Tiempo, El Espectador, Semana, Caracol Radio, Caracol Televisión, desde diversos enfoques, con diferentes grados de firmeza, pero todos a una, advirtieron la inconveniencia de un tercer mandato uribista.
¿Habían enloquecido, o adoptado como propia una demanda de la oposición de izquierda? Desde luego que no. La preocupación provenía, y lo expresaron con mayor o menor claridad, del grave riesgo en que un tercer mandato consecutivo colocaba la gobernabilidad, y muy especialmente, la especie de salto al vacío que significaba cerrar las puertas de alternaciones en la cúpula del Estado de forma institucional, como consecuencia del quebrantamiento del sistema de pesos y contrapesos.
La sociedad colombiana se hallaba frente a una paradoja histórica: aquel que desde el pináculo del poder político, había realizado las mayores ejecutorias en defensa de la cúpula económica, de manera simultánea amenazaba con eliminar tal vez la más poderosa herramienta para ejercer el poder, que en Colombia se llama la alternación presidencial. Con un alto grado de cinismo, el ex–presidente Alfonso López Michelsen decía que a los colombianos les gusta ver caras diferentes en los carros oficiales cada cuatro años. Sin embargo reconocía que los dueños de esas caras diferentes, respondían a los mismos intereses.
Esta afirmación la sustento con una anécdota simpática. Alguna vez cuando alguien criticaba el sistema de partido único que imperaba en la Unión Soviética, y sostenía que si bien era cierto allí habían elecciones, estas eran como una carrera de caballos con un solo competidor, el doctor López decía que en Colombia, en las elecciones competían dos caballos, pero que ambos eran del mismo dueño.
Ni el Frente Nacional, un pacto político del mayor contenido antidemocrático que se conozca en nuestra historia, permitió la reelección. Cambiar mandatario cada cuatro años se convirtió en una poderosísima válvula de escape a las presiones sociales. Nos fuimos habituando en Colombia que el peor Presidente era el último, y que las grandes protestas y movilizaciones sociales tenían ocurrencia en el último o en los dos últimos años de gobierno. La famosa cohesión social llegaba por la vía de tranquilo pueblo que ya pronto habrá oportunidad de cambiar de mandatario, y podrán ustedes escoger uno que lo haga de manera diferente.
Esto solo fue posible porque la reelección estaba prohibida. De esta forma se evitaba poner al servicio del aspirante a repetir mandato la poderosa chequera del inquilino del palacio presidencial. También para sostener esta manera de gobernar, se establecieron ciertas normas que permitían que un gobernante no pudiera incidir de manera definitiva sobre la elección de los funcionarios encargados de la fiscalización y el control. De esta forma los distintos círculos de poder podían compartir la repartija burocrática o de contratos y beneficios obtenidos de decisiones oficiales, o si no tenían nada durante cuatro años, siempre conservaban la esperanza de recuperarlo en el siguiente cuatrienio.
Con un tercer mandato de Uribe, todo esto se vendría al suelo. Su influencia hubiera sido total en todas las Cortes, seguiría teniendo Fiscal, Contralor, Auditor, Contador y Procurador de bolsillo. Hubiera terminado de dueño absoluto de la Junta Directiva del Banco de la República, la CREG, la CRA, la CNTV, la CRT, y desde luego del Congreso y de su juez natural, la Comisión de Absoluciones de la Cámara de Representantes.
Pero esto sería apenas anecdótico si no hubiera antecedentes funestos como su intención permanente de desconocer fallos judiciales, su confrontación grosera con el poder judicial, todo por defender a su cercano círculo de amigos y familiares vinculados con el paramilitarismo, el narcotráfico y la corrupción. Y uno mayor: la confrontación con los vecinos que no solo afectó de manera grave buena parte de nuestra actividad exportadora, con énfasis en aquella que genera valor agregado, y lo que es más grave, anunciando una confrontación bélica que ponía en riesgo el suministro de petróleo para Estados Unidos de su tercer proveedor mundial.
No olvidemos que la escalada contra Venezuela, en la que los gringos necesariamente se tenían que colocar del lado del gobierno de Bogotá, auguraba un desenlace que implicaría un eventual corte del suministro de crudo. Estados Unidos importa 13 millones de barriles de petróleo diarios, equivalentes a las tres cuartas partes de sus necesidades energéticas, y el 65% lo compra en Canadá, México y Venezuela. Incendiar este vecindario en momentos en que arden el medio oriente y el Asia central, no le hace mucha gracia ni a la Casa Blanca, ni al Pentágono, ni a Wall Street.
Pero la esencia de la política de Uribe, nunca tuvo notas desafinadas frente a lo que las altas cúpulas del poder colombiano, adictas a los mandatos de Washington, han perseguido en estas calendas. Globalización neoliberal, libre comercio, primacía del capital financiero, reprimarización de la economía, flexibilización laboral, recorte de derechos colectivos, priorizando los individuales, destrucción de las organizaciones populares para la resistencia para ser reemplazadas por ONG’s orientadas a las actividades propositivas, ruptura con nuestras raíces históricas para afianzar un pensamiento único y una cultura light.
Voceros de las multinacionales y de los especuladores financieros, enriquecidos al infinito, ovacionaban a Uribe. ¿Por qué razón no lo reeligieron? Adelanto entonces mi tesis: necesitaban un recambio, requerían un refrescamiento de la política.
La relación con las Cortes llegó a un punto insostenible. Y no por la confrontación pública destacada por los medios. Los fallos sobre desplazados, sobre salud como derecho fundamental autónomo, sobre los decretos de emergencia social, llevaron a las finanzas públicas a un punto crítico.
No se concibe en la cúpula de poder eliminar los enormes privilegios tributarios de los monopolios como método para resolver el déficit fiscal, no cabe en su ideario tocar un centavo del servicio de la deuda o del gasto militar para aliviar las asfixiadas finanzas públicas, o suspender las importaciones y controlar la llegada de capitales especulativos para frenar el déficit en la balanza de pagos y la corrosiva revaluación del peso frente al dólar.
No, en el limitado y estrecho repertorio del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la tecnocracia neoliberal, ayer uribista, hoy santista, sólo cabe el recorte en los gastos de salud y educación, el recorte de la nómina, la reducción sin límite de los ingresos de los más pobres. La confrontación de Uribe con las cortes no descalificado.
El riesgo de confrontación armada con el vecindario ya no era una quimera, ya Uribe había bombardeado al Ecuador para eliminar a un jefe guerrillero, y podía hacerlo en cualquier momento con Venezuela, que no es Ecuador, para liquidar otro u otros. Y eso, para Estados Unidos, hubiera sido como cuando un amigo del alma te pone a pelear con otro que te puede masacrar, o hacer daño.
Por esa razón la reelección no pasó. Y por esa misma razón, Juan Manuel Santos entendió que si quería suceder a Uribe, debía balancearse entre dos caras de la misma moneda. De un lado, hacerle entender a los grandes poderes que en Colombia todo lo deciden, que sin cambiarle un pelo a la esencia de las orientaciones económicas, políticas y sociales de Uribe, ofrecía el recambio necesario que garantizara la continuidad de esas mismas orientaciones. Y de otro lado, ganar el apoyo del inquilino de la Casa de Nariño, persuadirlo de que sus cambios, de verdad verdad, eran apenas cosméticos, de forma.
Y a fe que lo logró, o si no, repito, ¿cómo se explica esa popularidad del 84%?
Veamos ahora en qué consisten los retos de la manguala que Santos llama Unidad Nacional. Los ejes de su política contienen asuntos aparentemente fáciles, al menos en su primera etapa, y otros, como la mayoría de los temas de la agenda legislativa no tan fáciles. Enumerémoslos: en el campo internacional, la recomposición de las relaciones con Venezuela, de manera sorprendente se lograron en una semana. Pero eso corresponde solo a la primera etapa. La pregunta necesaria es ¿lo mismo será cuando entre a regir el TLC con Estados Unidos?, porque una cosa es tener las puertas abiertas de Venezuela sin TLC que con él.
La recomposición de las relaciones con la rama judicial, han tenido un primer tramo de luna de miel, declaraciones de respeto, colaboración, casi que con esquelas amorosas, pero ya tuvo que recoger la propuesta de reforma a la justicia, que en el primer lance encontró un terreno bastante hostil entre los actuales magistrados. ¿Estará esperando cambios en la composición de las altas cortes? Amanecerá y veremos, pero una cosa que va quedando clara es que detrás de tanta miel con los magistrados está la intención de trocar el sentido de la acción de tutela, que hoy está basada en garantizar derechos, no importa el costo fiscal. En los planes de Santos ha quedado claro que la concepción de la tutela es derechos sí, siempre y cuando alcance la plata.
En la agenda legislativa va por ahora con la regla fiscal, reforma de la distribución de las regalías petroleras y mineras, reforma a la salud, reforma a la justicia, ley del primer empleo, ley de víctimas y ley de restitución de tierras. Veamos brevemente cada uno de estos aspectos.
La regla fiscal, en esencia, consiste en elevar a rango constitucional la obligación de no exceder de un monto determinado el déficit fiscal. Esto quiere decir, ponerle un techo de rango superior al legal al gasto público, y aquí hay un tema que se entrelaza con la reforma a la justicia, pues este propósito se choca con el concepto de los magistrados que reseñé anteriormente. Y también se entrelaza con la reforma a la asignación de las regalías.
Este último tema lo he señalado como un sainete en tres actos: primer acto, campaña mediática para mostrar la corrupción de las autoridades de Departamentos y Municipios receptores de regalías; segundo acto, inflar el monto de las regalías inventando una bonanza petrolera y minera; tercer acto, promesa de reelección de Alcaldes y Gobernadores (¿corruptos…?). Tras escena: darle un raponazo a las regalías que, con controles estrictos contra la corrupción, podrían servir para redimir esas comarcas abandonadas de la mano del Estado, pero ricas en recursos mineros.
Aquí vale la pena develar una gran estafa del actual gobierno a la opinión pública, consistente en que se quiere ocultar la corrupción, mucho mayor en el nivel central de la administración pública y de otro lado no mencionar ni de refilón, que una de las más grandes venas rotas de nuestra economía consiste en las bajísimas regalías que pagan multinacionales petroleras y mineras, tanto por las asignaciones legales, como por la absoluta inexistencia de controles o auditorías sobre los volúmenes de producción, especialmente en los temas de oro, carbón y níquel.
En cuanto a lo de la Ley del primer empleo, formalización y reforma a la salud, es bueno aclarar que no hay nada diferente a lo pretendido tantas veces por Uribe, unas veces de manera exitosa y otras de manera fallida. El primer empleo es una mala copia de la última reforma laboral en la que se les ofrecieron enormes gabelas a los empresarios, con el argumento de que de esta manera se generaría un número significativo de puestos de trabajo, promesa que desde luego no se cumplió. Aquí van a permitir que jóvenes entren al mercado laboral con un ingreso menor en un 25% al salario mínimo, y con exención de parafiscales por cuatro años. Eso mismo dijo Uribe cuando eliminó el recargo nocturno entre las 6 y las 10 de la noche, redujo el pago de dominicales y achicó la indemnización por despido. Pero además, la ley garantiza, eso sí, que se cambien empleados viejos costos, por jóvenes baratos.
En lo de salud, lo que se conoce, no es diferente a lo que contenían los repudiados Decretos de Emergencia Social, que no solo produjeron una enorme resistencia entre médicos, enfermeras, instituciones prestadoras de salud, trabajadores y usuarios, sino que fueron liquidados por la Corte Constitucional. Lo que se conoce hasta hoy ya ha provocado la convocatoria de una marcha el 6 de octubre, por parte de las agremiaciones del sector salud, incluidas las asociaciones de clínicas y hospitales y las redes de secretarios de salud municipales. ¡Cómo será el asunto!
En cuanto a los temas de víctimas y tierras, es preciso aclarar que hasta ahora solo se conoce el proyecto de tierras, y sobre este quiero detenerme un poco, pues es tal vez el que más ilusiones ha creado, y el que le ha permitido hacer más demagogia al gobierno.
Lo primero que hay que decir es que es de elemental justicia que a quien se le ha despojado violentamente de la propiedad de la tierra, se le restituya, sobre todo porque hay un fallo de la Corte Constitucional que así lo exige. En ese sentido, quiero decirle a quienes creen que este es un proyecto de reforma agraria, o de cambio en las condiciones del campo colombiano, que están pensando con el deseo.
Quien quiera entender que pasa en el campo colombiano debe saber que hay tres características fundamentales de esa Colombia rural, que si no se tienen en cuenta, se estará hablando de un campo idílico o de poesía.
La primera es que Colombia pierde aceleradamente su seguridad y su soberanía alimentaria, gracias a la aplicación del libre comercio. Dependemos de las importaciones en cereales un 52%, en un 33% en proteínas de origen vegetal o leguminoso (frijol, garbanzos, lentejas, arveja seca, etc.), en un 12% de grasas vegetales, y eso a pesar del gran impulso a la palma africana. En leche, huevos, carne de res, de cerdo y de pollo estamos a ras, con la observación que buena parte de la producción de éstas es una especie de maquila, por el origen de los granos que sirven para alimentar pollos y cerdos.
La segunda es el enorme avance de la concentración de la tierra. Entre 1996-2003, se incorporaron al catastro rural 30 millones de hectáreas, del total de 80 millones que actualmente lo conforman. De ellas 28.5 millones fueron predios de más de 500 hectáreas.
Hoy el 85% de los propietarios que tienen menos de 20 hectáreas, solamente poseen el 9% de la tierra, y el predio promedio es de 4.2 hectáreas. Al otro lado están el 0.4% de propietarios que tienen 65% de la tierra y el tamaño promedio es de 5.200 hectáreas.
Esto habla de un coeficiente de Gini de 0.91 por tamaño de los predios y de 0.85 por su valor. Estos datos son del Cede de la Universidad de los Andes, libre de sospechas de ser del POLO.
La tercera característica es la que tiene que ver con el envilecimiento del trabajo rural. El 75% de los trabajadores rurales no se ganan salario mínimo. Solamente el 10% está afiliado a algún modelo de pensiones.
Esto lo señalo, porque llegado el hipotético caso de que se restituyan mediante esta ley todas las tierras a todos los despojados, lo máximo que lograríamos es volver a la foto del campo colombiano del año 1990, que no era muy distinta a la de hoy en cuanto a propiedad de la tierra.
Y también, porque en el tema de tierra, si la propiedad de la misma, sobre todo la pequeña y la mediana, no va acompañada de una política macro que garantice la propiedad de explotarla adecuadamente, y esto es protección frente a las importaciones masivas de productos subsidiados, crédito oportuno suficiente y barato, cadenas de comercialización, estímulo a la investigación, apoyo a la extensión rural etc., entregar tierra se convierte en una política demagógica. El Senador del POLO narró recientemente en un debate en la Comisión quinta del Senado que un indígena del sur del Tolima sostenía en un Congreso Agrario que «los indígenas no son lombrices, no comen tierra. Antes sembrábamos maíz y ya no, antes sembrábamos sorgo y soya y ya no, antes sembrábamos algodón y ya no. Tenemos tierra, pero no podemos comérnosla porque no somos lombrices». Esta expresión ilustra perfectamente lo que quiero decir aquí.
Pero veamos el proyecto de Ley propiamente dicho. Parte en primer lugar del supuesto de que entre el 50 y el 78% de los despojados no volverían al predio.
En ese caso se le permitiría entregar sus tierras a proyectos productivos en alquiler, o vendidas al Estado, para que este a su vez las incorpore a sus proyectos productivos, pagándolas con TES. Todos sabemos lo que es un TES en manos de un desplazado: un instrumento para ser comprado por un especulador por la mitad de su valor a lo sumo.
Pero además establece que los que quieran recuperar su tierra, y se enfrenten con el hecho jurídico de que esta se halla en poder de un tercero de buena fe, el Estado le pagará a ese tenedor también con TES el valor de la tierra.
En el caso de que la recupere, puede optar por trabajarla, en cuyo caso veremos más adelante cómo la sola tierra no garantiza nada. Pero también de arrendarla o venderla, quedando claro que la política de restitución de tierras estará focalizada a zonas en la que se produjo violencia generalizada, y que se enmarca, de un lado, en la política de empresarización del campo, o establecimiento de modelo Carimagua o malayo; y de otro en el propósito del Banco Mundial de incorporar al pago de impuesto predial un número significativo de predios, para vincularlos al mercado de tierras. Recordemos que parte del saneamiento fiscal recomendado por el BM, consiste en elevar el valor del catastro rural, que hoy está avaluado en 70 billones de pesos, y que van a subir los cobros actuales que se encuentra hoy entre el 1 y el 9 por mil, a un rango entre el 3 al 16 por mil.
Devolver entonces unas cuantas hectáreas no puede ser la cortina de humo para ocultar una política agraria profundamente antinacional y anti-campesina.
Quiero entonces concluir reafirmando, que se equivocan, seguramente de buena fe, aquellos que creen que el gobierno de Santos significa un cambio de rumbo en el país. Su empeño está en mantener firmemente el rumbo, desechando prácticas propias del gobierno anterior, cuyo efecto era más bien contrario al mantenimiento de ese rumbo.
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* Diputado de la Asamblea de Antioquia por el Polo Democrático Alternativo. Colaborador habitual de las revistas Deslinde y Agricultura Tropical. Investigador Asociado de Cedetrabajo, entidad sin ánimo de lucro que asesora y capacita dirigentes de organizaciones sindicales, sociales y agropecuarias. Hace parte del Comité Departamentales de Lucha contra el ALCA, y coordina en Antioquia RECALCA, que es la Red Colombiana de Acción frente al ALCA y al Tratado de Libre Comercio, y es socio fundador de la “Escuela de Formación Política y Sindical Raúl Eduardo Mahecha”, y de la “Alianza para la defensa del trabajo y la producción nacional en la cadena industrial del vestuario”.