Sociedad Cronopio

DEFINIR IZQUIERDA Y DERECHA

Por Roberto Gargarella*

Me cuento entre quienes creen que todavía sigue siendo absolutamente relevante la utilización de las categorías izquierda y derecha, y a la vez pienso que las mismas tienen sentido a la hora de evaluar, por ejemplo, a los gobiernos de la región latinoamericana. Pienso, sin embargo, que hay una utilización superficial de tales categorías, que no deberíamos considerar aceptable, y que deberíamos reemplazar a las mismas, entonces, por otras que tengan mayor sentido.
A la hora de proponer una corrección del uso de los dos conceptos aquí bajo examen —izquierda y derecha— habría dos presupuestos que quisiera dejar en claro, anticipadamente. En primer lugar, asumo que nunca nos pondremos de acuerdo en los contornos exactos de cada uno de los conceptos. Segundo, asumo también que nunca tendremos un gobierno que se ajuste al tipo ideal que definamos como derecha y, muy sobre todo, como uno de izquierda. Mi utilización de las categorías izquierda–derecha es consciente de estas limitaciones, pero a la vez no pretende someterse a ellas.

Aún a sabiendas de que nunca llegaremos a un consenso absoluto sobre lo que es la izquierda, y también reconociendo que siempre la realidad tendrá diferencias significativas con lo que nos proponga el concepto más preciso o el tipo ideal más exacto de derecha e izquierda, aún así, sugiero, seguirá siendo útil hablar utilizando tales términos. Es —¡y debe ser!— posible, todavía hoy, caracterizar a un gobierno como de izquierda o derecha, y ser entendido como apelando a adjetivaciones que todos los demás entienden.

¿Qué definición propongo aquí, entonces, para hablar de izquierda y de derecha? Una que, según entiendo, recoge el lenguaje común, el uso convencional de ambos términos, y que a la vez no los degrada. En mi propuesta, la izquierda, el socialismo en general, se identifica básicamente con dos propuestas: la democratización u horizontalización de la política y la democratización u horizontalización de la economía. Es decir, la izquierda quiere, en un sentido que no es meramente retórico, devolverle el poder al pueblo, desconcentrando la autoridad política; y recuperar la igualdad económica, evitando que el poder económico quede concentrado en pocas manos. La derecha, en cambio, rechaza ambos ideales, y favorece, en la práctica, y con independencia de lo que su discurso diga, políticas que implican la concentración del poder político y económico en manos de una elite.

Por supuesto, las medidas que pueden contribuir a la democratización política o económica son muchas, y un gobierno puede moverse contradictoriamente en ese terreno. Por ello mismo, propondría algunas pautas adicionales, como precisiones a lo dicho. Las dos políticas principales que debiera defender un gobierno, en América Latina, y dado el contexto y su historia, son dos. Primero, la transferencia de poder desde el caudillo, o líder hiper–presidencialista, hacia el pueblo, en continuación con una larga tradición anti–caudillista, anti–bolivariana, anti–autoritaria, que defendieran los movimientos radicales de la región, desde hace casi doscientos años. Segundo, la igualdad en la distribución de los recursos económicos, rompiendo la concentración de la riqueza y el dominio económico que han distinguido a Latinoamérica, también, desde hace siglos.

PRECISIONES Y EJEMPLOS

Aunque aún son muchas las precisiones que debiéramos hacer sobre el significado de los términos izquierda y derecha, en la práctica, también es cierto que (es mi opinión), a partir de lo dicho ya estaríamos en condiciones de hacer algunas afirmaciones de importancia. Permítanme recorrer y comentar, brevemente, algunas políticas propias o distintivamente adoptadas en la región, en los últimos años.

Hiper–presidencialismo. En primer lugar, diría que el reforzamiento del hiper–presidencialismo que se advierte en toda la región debe computarse como una tendencia directamente contraria, antes que favorable, a los ideales de izquierda. Estos ideales tampoco se benefician, necesariamente, de regímenes alternativos (pongamos, parlamentarios —una alternativa virtualmente inexplorada en la región), si ellos no implican, en los hechos, la recuperación política, efectiva, del poder popular.

Políticas anti–monopólicas y nacionalizaciones. Del mismo modo, y en lo que hace a la cuestión de la democratización de los recursos, convendría decir que la nacionalización económica es una medida que puede estar al servicio de la igualdad económica, aunque —a la vez— es perfectamente posible que la nacionalización esté al servicio de una nueva elite, enquistada en el poder. Por ello mismo, por sí mismas, las nacionalizaciones no deben computarse como un paso necesario en favor de la democratización económica. Lo mismo puede decirse de la lucha anti–monopólica.

La izquierda debe abogar, sin ninguna duda, por poner fin a todos los grupos monopólicos que actúan en diferentes áreas de la economía. Sin embargo, debemos ser conscientes que la destrucción de un monopolio es compatible con la formación de otro; como el ataque a una particular elite enquistada en el poder es compatible con su reemplazo por una nueva elite económica. Tales resultados (nacionalizaciones o luchas anti–monopólicas que no se traducen en mayor poder popular; o que directamente se abren al dominio por parte de una nueva elite económica) son insatisfactorios para la izquierda, que no quiere monopolios de ningún tipo; ni quiere que la economía se concentre en pocas manos, sean las de una elite vieja o las de una nueva.

ANTI–IMPERIALISMO

Contra lo que muchos analistas sugieren, propondría que no tenemos razones para considerar a un gobierno como de izquierda, cuando el mismo utiliza una retórica de izquierda que no se apoye en una construcción de poder que reafirme esos mismos dichos. Para tomar un caso relevante en América Latina: puede esperarse, por ejemplo, que un gobierno de izquierda desarrolle una retórica antiimperialista (aunque la misma no sea una condición necesaria de un gobierno de izquierda). Pero lo que debiera resultar claro es que un gobierno no se transforma en uno de izquierda simplemente por desarrollar esa retórica anti–imperialista.

¿Qué hacer frente a un récord mixto? Según entiendo, deberíamos rechazar una habitual operación que consiste en considerar a un gobierno como de izquierda o derecha porque adoptó alguna medida, o unas pocas medidas que la izquierda o derecha podrían respaldar. Contra esta alterantiva, sostendría que casi no hay gobierno en nuestra historia que no haya tomado alguna o algunas pocas medidas que podrían ser avaladas, en sí, por la derecha o izquierda, pero ello no nos debería llevar a calificarlos, sin más, y por tal razón, como de derecha o izquierda. Para dar un caso, espero que no demasiado polémico: entiendo que el gobierno de Carlos Menem puede ser reconocido como un gobierno de derecha, por haber favorecido, como pocos de los que le antecedieron, la concentración de la autoridad política, y la concentración del poder económico. El hecho de que, durante su gobierno, se haya abolido el servicio militar o (a su pesar) se haya terminado por reconocer la personería jurídica a la Comunidad Homosexual Argentina, no deberían movernos a considerarlo un gobierno de izquierda.

La alternativa «menos mala». Del mismo modo, propondría dejar de lado, también, el movimiento teórico conservador y resignado que termina por convertir a lo «menos malo» en lo más cercano a nuestro ideal. Para aclarar lo que digo a través de un ejemplo: Si el candidato A propone, ante todo, la pena de muerte para los delincuentes comunes; y el candidato B propone, ante todo, políticas de «mano dura» (restricción de derechos civiles y procesales para los delincuentes), pero rechaza la pena de muerte, esto último no convierte a B en el candidato de la izquierda: B sigue siendo un candidato de derecha, aunque no sea tan extremista como A. Los votantes de izquierda pueden preferir a B sobre A, e incluso sugerir que votemos a B, en lugar de votar a A, pero otra cosa muy distinta es pasar a considerar a B como el candidato de la izquierda.

LA NUEVA DERECHA EN AMÉRICA LATINA

A partir de definiciones como las que he sugerido, es posible reconocer que son muchos los gobiernos y políticos de la región que, contra lo que a veces se sostiene, muestran rasgos claramente derechistas, o afines a la derecha: desde Sebastián Piñera en Chile, a Juan Manuel Santos, en Colombia; desde el kirchnerismo, en la Argentina, al gobierno de Chávez, en Venezuela. Supongo que la identificación de los dos primeros con la derecha recoge intuiciones que están en mente de todos. Piñera y Santos provienen de la elite política y económica de sus respectivos países, y defienden programas políticos y económicos afines a esos sectores.

Pero, me pregunto, ¿en qué sentido las cosas cambian, cuando pensamos en los segundos? Néstor Kircher adoptó, a los comienzos de su gobierno, algunas medidas propias del liberalismo (y no de la izquierda), como la renovación de la Corte Suprema; y más tarde otras que pueden ponerse (o no) al servicio de un proyecto de izquierda, como la estatización de las jubilaciones. Pero nada de eso puede inducirnos a considerar a su gobierno como uno de izquierda.

Finalmente, sería como si la derecha nos dijera que está tomando medidas de izquierda, cuando adopta políticas que favorecen el enriquecimiento de los más ricos. «Sólo así,» nos pueden decir, «podremos contar con los recursos necesarios para encarar una redistribución de la riqueza eficiente». Frente a este comentario, nuestra respuesta debe ser obvia: «Muy bien, cuando lo haga, pasaremos a considerar a su gobierno como uno de izquierda, pero mientras no lo haga seguirá siendo lo que ha sido hasta ahora, es decir, uno de derecha». Lo mismo para Kirchner: si durante su gobierno se concentró la riqueza, aumentó la brecha entre ricos y pobres, y el poder político se concentró sobre el Ejecutivo como pocas veces en la historia, luego, la idea de que el suyo fue un gobierno de izquierda se torna inverosímil. Alguien podría decir: «Es que no nos importa: se trata de un gobierno peronista (sic)». La respuesta, entonces, puede ser, «muy bien, seguramente lo haya sido, pero lo que yo le quería decir era lo otro, esto es, que no me insista con que se trataba de un gobierno de izquierda». Algo similar se podría decir para el gobierno de su esposa, que mantiene o incrementa la concentración del poder político en pocas manos, a la vez que se mantiene al frente de un proyecto crudo y duro de acumulación capitalista concentrada en pocas manos.

El caso de Chávez, mientras tanto, debiera servirnos para problematizar, pero también para aclarar, los modos en que utilizamos las categorías de izquierda y derecha en la región. En primer lugar, cabría decir que, en la historia latinoamericana, pocos gobiernos democráticos han concentrado tanto el poder político, como el de Chávez: todas las decisiones políticas relevantes pasan por sus manos; el Congreso está a su pleno servicio; la Corte Suprema abjura de modo explícito de la separación de poderes y propone, abiertamente, un sistema de «unidad de poder» en el Presidente; las expresiones opositoras son acosadas política y judicialmente. El hecho de que parte de esa oposición (sobre todo la agrupada en torno a la prensa) fuera de derecha, y estuviera al servicio de los intereses de la elite de derecha, no niega en absoluto lo dicho: hoy la autoridad sigue estando concentrada en las manos de una persona, más que en ninguna otra ocasión anterior, y esto es simplemente incompatible y directamente contradictorio con la idea de tener un gobierno de izquierda.

Otra vez alguien podría decirnos: «Éste es el único camino para alcanzar la desconcentración y popularización del poder». Nuestra respuesta debiera ser, en ese caso: «No tengo ninguna certeza de que así lo sea, pero aún si fuera ello, no nos debiera impedir que consideremos a éste como un gobierno que choca frontalmente contra uno de los principales ideales de la izquierda, cual es el de la democratización del poder. El día en que el poder se redistribuya, y las principales decisiones políticas y económicas estén en manos del pueblo; el día en que la sociedad reconozca que es ella, y no el caudillo, el que toma todas las decisiones políticas y económicas relevantes, ese día hablaremos de un gobierno de izquierda». Sostener lo anterior no me lleva a cerrarme y adoptar una posición dogmática, frente a quienes sostienen que hoy, con el chavismo, el poder político se democratizó. Lo cierto es que, en parte por falta de información, en parte porque recibimos una información siempre distorsionada, dicha democratización política no resulta nada clara. Mucho menos, a la luz de los poderes que sí sabemos que tiene el presidente; los modos absolutamente discrecionales con que vemos que ejerce el poder; y la forma en que la justicia, de modo explícito, abierto, para nada oculto, se ha puesto y ha sido puesta a sus pies. Estos datos son obviamente contradictorios con el ideal de la democratización del poder que algunos alegan, pero estaría abierto a reconocer la evidencia en contrario. Mi impresión es, de todas formas, que el poder político hoy muestra grados de centralización y (a la vez) descentralización muy fuertes y muy diversos a los ocurridos en épocas anteriores; pero el hecho de que los tres poderes se muevan a partir de las órdenes de Chávez pone obstáculos muy serios para que podamos considerar que el chavismo aprueba el primero de los formulados tests de la izquierda (me refiero al test de la democratización política).

Algo similar es lo que diría sobre el chavismo y la democratización económica. Mi impresión, que necesita ser mejor apoyada, es que la elite del poder económico tradicional sobrevive hoy en Venezuela, aunque haya sido golpeada en algunos de sus núcleos esenciales (el petróleo, la televisión); a la vez que se ha ido fortaleciendo una nueva pequeña elite económica vinculada con el poder militar; y que se han tomado medidas muy importantes, favorables a los sectores tradicionalmente más marginados de la sociedad. Otra vez, creo que aquí tenemos un record o resultado ambiguo, en términos de concentración–democratización del poder económico.

Sin embargo, y sólo como ejercicio intelectual, propondría lo siguiente: Imaginemos que pueda decirse que el poder económico hoy se ha democratizado, y que existe una mayor igualdad económica en Venezuela hoy, que la que existía antes de la llegada del chavismo. ¿Cómo deberíamos evaluar este resultado, si fuera real, de autoridad política concentrada, a la vez que autoridad económica más democratizada? Tal vez necesitemos, frente a este tipo de fenómenos, categorías renovadas, o tal vez no. Tal vez, términos como el de «populismo» resulten más apropiados para referirnos a este tipo de combinaciones. Frente a este último tipo de sugerencias diría que puede ser, aunque entiendo que la categoría de «populismo», mucho más que las de «izquierda» o «derecha» han sido bastardeadas hasta el cansancio en la región (tanto por intelectuales como por opinadores de todo tipo de ideología), hasta convertir al término en un categoría vacía, que se puede utiliza en casi cualquier ocasión (esto no niega, sin embargo, la posibilidad de hacer un uso más técnico o menos ambiguo, del concepto del caso).

Gobiernos como el de Evo Morales parecen más afines, en principio, a los ideales de la izquierda. Políticamente, los logros de Morales parecen muy relevantes, sobre todo teniendo en cuenta el modo en que (al menos en algún sentido importante) el mismo ha descentralizado el poder y, sobre todo, lo ha abierto para el ingreso de un sector mayoritario y brutalmente excluido de la esfera pública, como lo es el de los grupos indígenas. Sin embargo, tal notable apertura no debiera cegarnos frente a otra cantidad de medidas que se orientan en dirección contraria, y que nos refieren a un creciente autoritarismo político y maltrato de la oposición. El récord económico del gobierno también muestra señales de interés si observamos, por caso, la estatización de recursos colectivos que habían quedado en manos de una elite económica tradicional. Otra vez, sin embargo, convendría no apresurar el juicio y esperar cuál es el significado de este tipo de medidas en términos de mayor igualdad y democratización efectiva del poder económico.

CONCLUSIONES

Mis conclusiones provisionales, de todos modos, serían las siguientes. En primer lugar: no es cierto que la región viva un reverdecimiento de la izquierda. Puede decirse, en todo caso, que no es la derecha tradicional la que sigue gobernando, en todos los casos, aunque ella lo siga haciendo en parte de la región (mi opinión personal, al respecto, es un poco más fuerte, ya que considero que hoy, en general, nos sigue gobernando la derecha, en otras de sus modalidades, pero no querría insistir sobre este punto, por el momento). En segundo lugar, sugeriría que, en general, en la región, la izquierda ha retrocedido francamente, sobre todo, en lo relativo a lo que debiera ser su principal objetivo político, esto es, la democratización efectiva de la política. Contra este tipo de ideales, hoy contamos con gobiernos cada vez más hiper–presidencialistas, de autoridad concentrada en pocas personas, que siguen tomando sus decisiones fundamentales sin consultar al pueblo, muchas veces en secreto, por sorpresa, de modo aislado en relación con la comunidad y los reclamos y debates que puedan darse dentro de ella. En términos económicos, los datos con que contamos hablan de un mantenimiento, en toda la región, de regímenes capitalistas, que acumulan y concentran el capital en pocas manos. Este fenómeno es compatible con otro, como lo es el de la reducción de la pobreza, en algunos casos, un hecho que es compatible con o requerido por los ideales de izquierda, a la vez que consistente con políticas económicas capitalistas, de derrame hacia abajo. No es esto último —la política económica que predomina en toda la región— lo que la izquierda propone y mantiene como ideal.

Alguien nos podrá decir finalmente: «¿Y qué importa, entonces, si las políticas del caso son calificadas como de izquierda, de derecha, populistas o peronistas? Lo que importa es su contenido, y no la ideología del caso». Puede ser —respondería— tal vez las ideologías importen menos que antes. Sin embargo, en lo personal, todavía me importan este tipo de discusiones ideológicas. Y, como tantos otros interesados en abogar por la llegada de gobiernos y políticas de izquierda en la región, me inquieta que los gobiernos de derecha sigan expandiéndose en ella, mientras adoptan políticas decididamente contrarias a los ideales que defendemos, y que lo hagan cínicamente y a nuestro nombre. La hora de la izquierda todavía tiene que llegar, y necesitamos seguir bregando para hacerlo posible.
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* Roberto Gargarella es sociólogo, abogado y Doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, L.L.M. por la University of Chicago Law School, Master en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, J.S.D. por la University of Chicago, y Post-Doctorado en la Balliol Collage, Oxford.  Es profesor ordinario de la Escuela de Derecho de la UTDT, y profesor asociado de la Facultad de Derecho de la UBA. Ha sido profesor e investigador visitante en varias universidades extranjeras, como Columbia University, Universitat Pompeu Fabra, New York University, University of Bergen y University of Chicago. El profesor Gargarella se hizo acreedor de prestigiosas becas de investigación, entre ellas Fullbright, John Simon Guggenheim Memorial Foundation, Fundación Antorchas, etc. Es autor de numerosos libros y artículos, publicados tanto en  Argentina como en el exterior. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran: The Legal Foundations of Inequality, (Cambridge, Cambridge University Press, 2009), The Accountability and Democratic Judiciaries in Latin America, Africa, and East Europe (en co-autoría con S. Gloppen et al., Palgrave, Nueva York, 2009).