ECUADOR: ESTABILIDAD INTERNA Y RÉGIMEN AUTORITARIO
Por: Juan David García Ramírez*
En la actualidad podría afirmarse que Ecuador pasa por un momento de relativa estabilidad, preponderantemente política, que obedece a diversos factores, siendo el principal de ellos la estrategia de coaliciones y consensos con el partido político de Rafael Correa, Alianza País.
En ese sentido, el partido gobernante, ha establecido alianzas con las fuerzas políticas y sociales que en otro tiempo padecieron una sobresaliente marginación del sistema político, como son los partidos de izquierda, los movimientos indígenas (o indigenistas) y los sindicatos.
No obstante, la relación cordial que existe entre el gobierno y los sectores de la izquierda, ha implicado la asunción de medidas populistas e intervencionistas en el ámbito económico, que, sobra decirlo, sólo han beneficiado superficialmente (que no definitivamente, pues no resuelven en realidad los problemas de fondo de la sociedad) a las clases populares y a los campesinos, en perjuicio de la clase media y los empresarios, que ejercen su influencia en Quito y Guayaquil, las ciudades principales.
En principio, el intervencionismo estatal que satisface a los socialistas y a quienes no participan activamente del sistema productivo del país, ha producido enormes réditos políticos al presidente Rafael Correa, cuya popularidad (que hasta mayo fue del 59%, pero que en julio se situó en el 40%, de acuerdo con la encuesta realizada en Quito y Guayaquil, por la firma encuestadora Market) depende en gran medida de la sostenibilidad de los proyectos de planificación económica y social, a través de organismos como la SENPLADES (Secretaría Nacional para la Planificación del Desarrollo), entidad que se ha visto expuesta a grandes cuestionamientos hoy en día, puesto que las causas del empobrecimiento y el atraso económico de la sociedad ecuatoriana, pueden hallarse en el exceso de planificación y centralización en que incurrieron los gobiernos anteriores, desde las dictaduras militares de los setenta y los primeros gobiernos democráticos de los ochenta, que dilapidaron la primera bonanza petrolera.
El presidente Correa ha puesto a Ecuador en una difícil posición ante los organismos internacionales, guiado por sus pretensiones demagógicas de agradar a los sectores para los que gobierna. Uno de los antecedentes más recientes de la forma en que Correa asume los compromisos internacionales, como el del pago de la deuda externa, se encuentra en la abolición del FEIREP (Fondo de Estabilización, Inversión y Reducción del Endeudamiento Público).
En el 2.005, cuando el presidente ejercía como ministro de Economía, gran parte de los recursos provenientes del petróleo se destinaban a dicho fondo, pero ahora se dirigen a la financiación de la mayoría de programas sociales. Esta situación ha ocasionado que Ecuador se haya vuelto tremendamente vulnerable a las fluctuaciones de los precios internacionales del petróleo, del mismo modo que ahora no cuenta con recursos suficientes para cumplir con el pago de la deuda externa, que hoy asciende a US$17.000 millones.
De hecho, el mandatario anunció en 2.007 que Ecuador suspendería sus relaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero el incumplimiento del pago de la deuda sólo profundizaría aún más las dificultades económicas que atraviesa el país, al tiempo que obstruiría su capacidad de realizar negocios con otros países y alejaría a los inversionistas.
En un contexto económico tan adverso para el país, no es comprensible que el gobierno de Correa dé la espalda a la realidad económica y política, y vaya en una dirección contraria a la globalización, siguiendo la lógica venezolana del aislamiento del sistema internacional y la confrontación directa con las organizaciones internacionales. La posición de Ecuador en los indicadores internacionales de transparencia en la gestión del Estado, como en la garantía y protección del conjunto de libertades civiles, políticas y económicas de los ciudadanos, es más que lamentable.
El Índice de Percepción de la Corrupción 2.008, elaborado por Transparencia Internacional, sitúa a Ecuador en la posición 151 (con un puntaje de 2.0 sobre 10) entre 180 países incluidos en el estudio, y se encuentra al mismo nivel que Laos, Papúa Nueva Guinea, Tayikistán, República Centroafricana, Costa de Marfil y Bielorrusia.
Particularizando los resultados que ofrece el IPC para América, Ecuador (30) se encuentra en el antepenúltimo lugar, solamente superado por Venezuela (31) y Haití (32). Desde luego, Ecuador siempre había obtenido una calificación negativa en este Índice, pero los últimos gobiernos han propiciado las condiciones para que el país descienda año tras año, esforzándose muy poco o nada para que el Estado abandone el camino de la corrupción y optimice sus instituciones y recursos.
Observando el panorama de la libertad económica, que es determinante para la vigencia de la libertad política y civil y, por consiguiente, para la legitimidad de la democracia y el Estado de Derecho, Ecuador ocupa también una posición de la que el gobierno actual no puede enorgullecerse: De acuerdo con el Índice de Libertad Económica en el Mundo (2.008), se ubica en el puesto 106 (con un puntaje de 55.4 sobre 100) entre 157 países, en la categoría de “mayormente regulado/reprimido” y, en la región, ocupa el puesto 22 entre 29.
Una vez más, los hechos son contundentes y reflejan la tendencia de Ecuador a aislarse del sistema internacional, por su aproximación a países que, si bien no se hallan completamente excluidos del concierto internacional y tienen algún tipo de participación residual en la globalización, no se distinguen por su estabilidad política, sus instituciones democráticas ni por su prosperidad económica (exceptuando a Brasil, un Estado con régimen democrático, incorporado a la globalización y dotado de una gran fortaleza económica, que aún hoy se sitúa en la posición 101 en libertad económica).
Sin embargo, estos datos que confirman el giro involutivo dado por Ecuador, señalan al mismo tiempo el camino que el gobierno de Rafael Correa ha emprendido en el orden interno, a través de la “Revolución ciudadana”, proyecto asimilado ideológicamente al del “Socialismo del siglo XXI”, liderado por el régimen autoritario-totalitario de Hugo Chávez.
Llevar a cabo todo tipo de reformas políticas y económicas que aceleren la centralización del poder político, disuelvan el principio de la tripartición del poder público y neutralicen las libertades de la sociedad ecuatoriana, no sólo reafirmará los compromisos que Ecuador ha contraído con Venezuela y los regímenes autoritarios de Irán y Rusia, sino que pondrá en evidencia la necia pretensión de distanciarse de Occidente y optar por una forma de gobierno y un modelo económico que devuelven al país a un pasado premoderno.
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*Juan David García Ramírez es estudiante de la Facutad de Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana.