UN «RINCONCITO» AL SUR DEL ABURRÁ
Por Marta Lucía Fernández Espinosa*
Tercera parte.
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COMERCIANTES DE TODO TIPO VEN EN ITAGÜÍ OPORTUNIDAD PARA CONSTRUIR SU CAPITAL
Itagüí se tornó a partir de la década del setenta un lugar propicio para crear capitales con el patrocinio y a expensas del Estado; esta situación no es particular del municipio, está inserta en los cambios del país que propiciaron estas mismas oportunidades en todos los rincones de la nación, pero la visibilidad de los conflictos que se generan en Itagüí, y las dificultades sociales que hacen noticia a diario, merecen nuestra atención y deben tratarse de cerca y de manera particular para alcanzar la comprensión del fenómeno.
1. LA CORRUPCION INSTALADA EN LAS BASES DE LA COMUNIDAD.
La corrupción instalada en las bases de la comunidad e indiferencia hacia la participación comunitaria en los asuntos públicos afianza la corrupción de la clase política que desde los años noventa del siglo XX no pertenece al municipio. Los políticos del suroeste antioqueño, llegan al municipio con las reformas que trajeron la elección popular de alcaldes en 1986 y la nueva Constitución Política Nacional de 1991 posterior a la cual se inician las elecciones populares de gobernadores en 1992. A partir de entonces llegan a Itagüí equipos políticos que traen a sus cargos administrativos, vecinos de todos lados que gobiernan sin un claro conocimiento de la historia municipal ni de sus comunidades.
Obras voluminosas, inútiles y costosas empiezan a construirse en Itagüí y se hacen conocidos los escándalos por el endeudamiento del municipio. Las contrataciones en Itagüí, desde entonces generan desconfianza entre sus vecinos y cada vez se pierde más la confianza en los gobernantes que, habiendo sido prometidos por la Nueva Constitución Política Nacional de 1991, no van a satisfacer tampoco las necesidades de las comunidades. La promesa de participación ciudadana había sido timada por una horda de políticos emergentes en busca de hacer su capital. Las oligarquías tradicionales vieron aumentar las filas de los políticos y los recién llegados mejor acogidos fueron precisamente los que remedaban a sus antecesores, es decir, los que representaban a los partidos tradicionales, venidos de clases medias, sin linajes, ni apellidos; se deben entonces mezclar con mestizos, ñapangos, pueblerinos, que de seguro fueron vistos en sus inicios como hombres y mujeres que favorecerían la conservación del poder en manos de las corrientes políticas tradicionales.
El neoliberalismo permitía el surgimiento de estos nuevos negociantes de la política que recién escalaban al poder. La civilidad nuevamente era engañada, la promesa de participación y desarrollo de la democracia no tendría éxito. Los aspirantes al poder en nombre de la nueva fuerza ciudadana que requería la representación de su oposición fueron prontamente asesinados. Candidatos del desmovilizado M19, así como toda la Unión Patriótica, harían la noticia de los terribles magnicidios cometidos en contra de la civilidad. Una nueva versión del Frente Nacional y del Estado de Sitio se establecía con la ayuda de los asesinos paramilitares que surgieron en la misma época.
Los inadecuados usos del suelo del sector industrial, que generan en Itagüí altas concentraciones de contaminación ambiental deberían ser un óbice a las tazas de valorización y catastro que la actual alcaldía ha querido aumentar en un 300%. El solo hecho de que la industria local no tenga un compromiso con la solución del problema de la falta de empleo que acosa al municipio debería haber despertado en la población una preocupación por la seriedad del problema ambiental ocasionado por la Industria y que afecta directamente la calidad de vida de todos los habitantes. Cuando un habitante se siente dueño de su vivienda, de su entorno, de su derecho a la vida, de su salud; cuando un habitante se hace consciente de sus derechos, accede a la información sobre todo aquello que le implica, de esa manera descubriría que no está sólo en el mundo, que hace parte de una comunidad con la que comparte intereses. El ambiente de Itagüí no es un asunto de manejo administrativo, es un asunto de la colectividad y afecta el valor del suelo. Un propietario de Itagüí debe saber que su propiedad está atada a las condiciones ambientales poco favorecedoras para la vida y que por eso su valor está en desventaja con cualquier otra propiedad en el Valle de Aburrá, ya que existiendo altos niveles de contaminación en todo el valle, ninguno llega a los niveles que se observan en esta localidad: «…los niveles de contaminación del aire son críticos porque han superado la norma ambiental anual de 100 microgramos por metro cúbico diarios de material particulado, lo que hace que la calidad del aire en el área metropolitana tan sólo alcance niveles aceptables… Sin embargo, sólo Itagüí sobrepasa el promedio de la norma diaria 25 veces». [1]
El proceso de industrialización en Itagüí no ha crecido al ritmo de las llegadas de inmigrantes, esto sumado a que la industria local no contrata preferentemente a itagüiseños, ha impedido a las gentes que cotidianamente llegan al municipio, ubicarse en empleos y acceder a una mejor calidad de vida. El estatus de ciudad industrial de que se ha enorgullecido Itagüí es en realidad un flagelo que viven los habitantes, que entorpece su calidad de vida, abarata el costo de las propiedades de habitación y convierte a Itagüí en un mal vecino para el Aburrá Sur que por efecto de los vientos lleva sus inmundicias ambientales a los municipios colindantes. Deberíamos estar de acuerdo en que hay que hacer una revisión de los criterios de valorización que definitivamente abaraten el impuesto catastral y ejerzan obligaciones al uso del suelo y medio ambiente que actualmente hacen las industrias.
Ejercer un control directo sobre los ingresos que genera la industria es un derecho y un deber ciudadano en Itagüí; este control y todos lo que la administración municipal debería sufrir de parte de sus habitantes harían que la ciudad perdiera ese estatus de «sortilegio» que la hace tan atractiva desde la década de los noventa a ambiciosos políticos foráneos y se obligaría a la administración municipal a ejecutar el presupuesto de manera adecuada a los intereses de sus gentes y las necesidades de convivencia que hacen a Itagüí miembro de un conglomerado poblacional más amplio. Llama la atención el hecho de que los vecinos municipios no ejerzan por ahora la necesidad de intervenir en los asuntos itagüiseños que, al dejar de mirarse o mirarse de soslayo como problemas de un municipio «rincón», parecieran no afectar a nadie. Ese asunto de desinterés clasista se hace cómplice con el avance de daños ambientales que están afectando a los propietarios de mejores predios en los vecinos municipios; habrá que ayudar a despertar el interés egoísta de los inversionistas en propiedad para ver si así se da un movimiento civil y ambiental que implique a todos los interesados, de modo que se descubra que frente al ambiente no se tiene clase social, ni estatus, ni casta, por ahora no hay otro planeta que albergue la vida humana. El negocio de la política en Itagüí tiene profundas implicaciones que incluso van hasta la afectación de los municipios vecinos.
2. ITAGÜÍ, ESCENARIO DEL NARCOTRÁFICO
Itaguí: Escenario del narcotráfico desde 1976, permitió a los itagüiseños «emprendedores del negocio de las drogas» de la década de los setenta, encontrar «trabajadores» para los diversos oficios de instalación del mercado. Jóvenes de clase media se integraron al narcotráfico empezando por el oficio de asesino o sicario al servicio de Pablo Escobar. «Las familias» que se iban organizando en esta nueva estructura que va imponiendo el narcotráfico en Antioquia regida por códigos de honor, tuvo su clan en Itagüí, y desde allí se irían a facilitar los ingresos de nuevos integrantes. Desde el principio contó con aspirantes entre las gentes más humildes, ya que se había generado entre ellas el espejismo de la riqueza fácil, allí donde sólo se les había ofrecido pobreza y falta de oportunidades civiles y laborales. La década de los ochenta es aún recordada por las muertes violentas de su población más joven; las que hacen historia en la primera década del siglo XXI viven una situación aún más cruenta debido a que durante estos treinta años, paralelo al narcotráfico, se ha desarrollado el paramilitarismo.
Temibles bandas se generaron en las orillas del antiguo Rincón, a la par que en muchos otros «rincones» del municipio. El terror de la masacre se afianzaba en la época de los noventa en Itagüí, donde los paramilitares parecen castigar a los habitantes de Itagüí que se encuentren desempleados y consuman drogas, esto es a una gran parte de su población, por sus condiciones sociales y económicas. Asuntos ambos que no parecen hacer parte de las preocupaciones de las alcaldías, más ocupadas en las contrataciones monumentales de obras civiles inútiles, que a las necesidades sociales de sus gentes. «El municipio de Itagüí fue nuevamente escenario de una masacre. Cinco jóvenes, entre ellos un jugador de fútbol de 16 años, fueron abatidos por hombres armados que los sorprendieron en un populoso sector de la ciudad en donde se concentra gran parte de la violencia que azota a esta región del país. Allí operan 15 bandas de delincuentes… Aunque el alcalde de Itagüí, Oscar Sánchez Franco, y el secretario de gobierno de ese municipio dijeron no poseer información sobre las víctimas de la nueva matanza, vecinos del sector dijeron que algunos de ellos se dedicaban a fumar basuco todos los días en esa esquina». [2]
«La época oscura del narcotráfico y violencia vivida en Medellín en los años 80 y 90 no fue ajena a Itagüí, pero habitantes de San Pío X consideran que ésta se ensañó con su barrio. La conformación de cuatro combos en esta zona causaba la muerte de decenas de habitantes cada mes debido a la disputa de territorio y de las ‘plazas de vicio’.
»Sus calles eran escenario a diario de fuertes enfrentamientos entre jóvenes, lo que llevó a que este barrio fuera catalogado como zona roja y uno de los más peligrosos del área metropolitana. Sectores como ‘guamalito’, San Cayetano y la calle 31 eran los epicentros de grandes masacres, haciendo que habitantes y visitantes caminaran con el temor por sus vidas a sus espaldas». [3]
Recordemos que un valluno llegado a Itagüí en los momentos de luchas comunitarias y de los paros cívicos y que militaba en el Ejército Popular de Liberación (EPL), Diego Fernando Murillo Bejarano, había desertado de la organización guerrillera para servir de escolta de Fernando Galeano, conocido narcotraficante de Itagüí, aliado de Pablo Escobar y líder más importante de la mafia itagüiseña de aquellos tiempos. Diego Fernando a quien hoy conocemos como Don Berna tendría líderes a su servicio en el Municipio y bajo sus órdenes se conformaría la Banda de La unión, dentro de la red que gerencia la «Oficina de Envigado». Tras la reciente captura y extradición de Don Berna se conocieron muchos detalles del funcionamiento de estos grupos delictivos que en sus orígenes tuvieron el amparo de políticas estatales como las que acogieron a los desmovilizados y que actualmente han mundializado el negocio de la delincuencia. Tal es el caso del reinsertado y postulado a Ley de Justicia y Paz, Mauricio Alberto González Sepúlveda, quien fue detenido en España en septiembre de 2010: «La policía española detuvo este martes a dos sicarios acusados de más de 200 asesinatos selectivos, secuestros y torturas en Colombia. Se trata de Mauricio Alberto González Sepúlveda, alias «Ronco», de 44 años, y Henry Norberto Valdés Marín, alias «Pollo», de 36… González Sepúlveda se encontraba entre los más buscados del cartel de Envigado y fue cabecilla del «Bloque de Héroes de Granada», del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia. Se sospecha que en los últimos tiempos actuó como jefe de cobros de la banda de narcotraficantes «La Unión»». [4]
Que los desmovilizados han tenido un firme apoyo del gobierno, a pesar de que usaron sus privilegios y jamás mostraron una real adecuación a la sociedad civil, puede observarse en las palabras del presidente Álvaro Uribe Vélez en su visita a Itagüí el 18 de noviembre de 2010, en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio del Aburrá Sur, hecho posterior a la captura en España de Mauricio Alberto González; con lo que puede observarse de cerca el fracaso de las promesas del Estado bajo el gobierno de Uribe y de sus negociaciones con Carlos Castaño para desvincular a los paramilitares del narcotráfico y su desmovilización.
«Colombia tiene un avanzado proceso de desmovilización que debemos ver como una oportunidad para consolidar la paz. Esos hombres y mujeres arrepentidos –que alguna vez empuñaron armas y ahora buscan hacer parte activa de la sociedad–, necesitamos darles espacio, apoyarlos. No sólo es un deber humanitario, sino también una oportunidad de reconciliación para romper el círculo vicioso de la violencia, que tanto daño ha causado». [5]
En Itagüí, sicariato, paramilitarismo y narcotráfico han sido tres ocupaciones diferentes dentro del mismo negocio de las drogas. Que el paramilitarismo se concentre de tal manera en sus comunas no hace más que demostrar que los paramilitares habían olvidado desde el principio el móvil que las generara como grupo contra guerrillero, dado que el municipio no se destaca por la presencia de grupos guerrilleros. Lo que resulta ser el móvil de estas agrupaciones no es más que el negocio de las drogas y la oportunidad de enriquecimiento que promete a sus integrantes. De la utilidad que pudo prestar al Estado el surgimiento de grupos paramilitares en su lucha contra la guerrilla, no había quedado más que la experiencia pedagógica del aprender haciendo; una vez usados y autorizados para el asesinato, estas gentes que se hicieron generaciones al servicio de este oficio, iban siendo ya un nuevo grupo económico que no debió haberse perdido de vista, uno que se había formado para el oficio de asesino y que no conocía de otra dinámica social que la de su adhesión al clan. La ruptura de las condiciones de civilidad que vivió Colombia durante todo el siglo XX había llegado a producir su máximo ejemplar: el asesino a sueldo, el paramilitar. Un ser que no lucha por ideales políticos, no cree en las leyes, no se vincula a las restricciones del salario mínimo, no cumple horarios, al que no le afectan las políticas estatales de la restricción de horas extras, festivas o dominicales, no necesita respetar acuerdos, está armado para imponer a los demás su voluntad, tiene posibilidad de ascenso social por la vía económica y puede irse a vivir de vecino de las élites e incomodarles incluso a ellos, vive de acuerdo a una moral extravagante e inútil para la vida comunitaria. De modo que la utilidad prestada resultaba siendo tan efímera como peligrosa, el descuido de las condiciones futuras de su evolución no llamó la atención debido a que un ser como este no criticaba el modo de producción capitalista, al contrario, lo enaltecía con su noción de progreso y ascenso social. Llegó a reventar los lazos de la civilidad, impuso una nueva geopolítica, puede poner en jaque a las élites, pero en todo caso, no pondrá en peligro al capitalismo. Por eso el Estado fue cómplice del surgimiento de paramilitares antes que permitir el ascenso de las fuerzas guerrilleras.
Tal vez no se hubiese evaluado de manera pertinente como afecta la ubicación de la Cárcel de Máxima Seguridad del país en Itagüí, ya que este factor establece la noción de RINCÓN a toda su población. Las noticias a nivel mundial a cerca del narcotráfico y paramilitarismo hacen referencia específica al nombre del municipio para emparentarlo de alguna manera a los temibles actores del conflicto armado colombiano, de esa manera la identidad cultural de sus gentes también se va tejiendo de esa noción de municipio cárcel, de vecinos de los más temibles. «No podemos permitir que en el área de influencia de la cárcel de máxima seguridad continúen instalados reductos de la delincuencia; hay que desinstalarlos de ahí, con toda la verticalidad», afirmaba el presidente Álvaro Uribe Vélez en el Consejo de Seguridad que efectuó en Itagüí el lunes 15 de marzo de 2010, ¿y cuál es el área de influencia? ¿Qué significaría desinstalarlos? ¿Qué significa «con toda verticalidad»? Si lo que se «instaló» en la cultura colombiana durante ocho años es que todo problema social hay que «arrancarlo violentamente», es decir, asesinar a quien signifique un problema. En la cultura nacional está clara la instalación de la pena de muerte, lo que haría pensar que la rama judicial y legislativa van muy lentas y no acaban de interpretar las necesidades de muerte y asesinato que se han sembrado en la cultura de sus gentes, que ya a estas alturas, no podría llamarse ciudadana.
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