Las instituciones educativas son el centro de muchas de las actividades que requiere el afianzamiento de los mercados de las drogas, en ellas están los jóvenes y niños que cotidianamente nutren las filas de los empleados al servicio del narcotráfico: los consumidores, los vendedores, los informantes y los asesinos. Ningún barrio de Itagüí, por diverso que sea su origen se ve librado del comercio de drogas, y mientras mejor condición económica posean los hogares de los que provienen los estudiantes, mayor es el afán por establecer allí un dominio de territorio. Este comercio vive al margen de la ley pero no de la realidad.
«Según datos de la Personería de Itagüí, en lo que va corrido del año, dos rectores, un coordinador académico y dos docentes fueron amenazados de muerte, por lo que la Secretaría de Educación del Municipio decidió trasladarlos a otras instituciones educativas. Ante esta situación varios educadores exigieron garantías para continuar ejerciendo su labor… Las instituciones educativas con mayor[es] problemas de amenazas en esta localidad son: Ciudad Itagüí, Los Gómez, El Rosario, Diego Echevarría Misas y Simón Bolívar; es decir que en las Comunas 4 y 6, además del sector rural del municipio, son los sectores donde se presenta mayor vulneración del derecho a la educación». [6]
La actual disputa entre las bandas de la Unión y Calatrava por el control del tráfico de drogas sitúa al territorio que conociéramos como EL RINCÓN en el sector más afligido del municipio; es necesario reconocer que en este sector se han concentrado los innumerables problemas dejados por el narcotráfico, el paramilitarismo y el desplazamiento forzoso. Sin embargo, las indiferencias de las gentes vecinas no ayudaron a sus hijos, hoy pareciera escandaloso encontrar que una comunidad como la del Simón Bolívar figure entre las más afectadas por el flagelo de las bandas y la drogadicción.
3. EL NARCOTRÁFICO SE APROPIA DEL CAMPO
La creciente concentración de la propiedad rural en manos del narcotráfico en Antioquia, ha traído consigo nuevas formas de poder, desde el surgimiento del MAS (Muerte a Secuestradores) en 1981, el narcotráfico se ha encargado de armar ejércitos privados al servicio de sus intereses, que han servido de apoyo a las fuerzas militares para combatir la guerrilla, haciendo el trabajo sucio que por entonces ya no podían ejercer las fuerzas armadas regulares. Ante la vigilancia que se había desatado por parte de Amnistía Internacional, se conocerán las denuncias acerca del cometimiento de violación de derechos humanos por parte de las fuerzas militares, que limitaba seriamente las garantías civiles.
El Estado de Sitio como forma de restricción a los derechos civiles y que había implementado en 1949 Mariano Ospina Pérez, parecía trascender su perduración en el tiempo, a pesar de haber sido levantado en 1962 por Guillermo León Valencia, durante el Frente Nacional y vuelto a decretar en 1965 hasta 1968. A falta de una conciencia política entre los miembros de las fuerzas militares, el Estado inicia su tarea pedagógica de formación de unas fuerzas que veían en su capacidad de genocidio una oportunidad económica, tal como lo muestra el decreto 1048 de 1970 de Carlos Lleras Restrepo, valiendo como doble el tiempo de servicio, mientras el país se debatía entre las protestas sociales venidas del sindicalismo. Esta sería una constante a lo largo de aquel decenio que se iniciaba en 1970 de los gobiernos posteriores que no pararon de dar prebendas, poderes y garantías a las fuerzas militares y de policía. «La década de 1970 a 1980 se caracterizó por una desmedida represión por parte del Estado (ejército, policía y autoridades civiles) contra los movimientos políticos, obreros, campesinos y estudiantiles. Además, algunos particulares tomaron con su propia mano la aplicación de medidas represivas contra los mencionados sectores. Según el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) entre el 1 de enero de 1970 y el primer trimestre de 1981, ocurrieron numerosos asesinatos, torturas, desapariciones y otras violaciones de los Derechos Humanos. «Desde 1970 hasta marzo de 1981 se presentaron 1.053 asesinatos y 7.571 casos de torturas provocados principalmente por las Fuerzas Armadas.» [7]
El Estado de Sitio y el Estatuto de Seguridad habían sido los instrumentos políticos de restricción a la participación civil y las garantías políticas a la oposición; con ellos se había sembrado el terror y se había legitimado la acción asesina del Estado en contra de su población civil. «En su misión de investigación en Colombia en 1980, Amnistía Internacional recibió 600 denuncias de casos de tortura documentados; examinó en directo y verificó 60 de ellos hasta llegar a la evidencia, y tuvo conocimiento de registros de alrededor de 6000 casos. Otros organismos internos investigaron torturas perpetradas por funcionarios de la administración Turbay, como: el Instituto de Medicina Legal; la Cámara de Representantes, el Concejo de Bogotá, la Asamblea Departamental de Antioquia, el Foro Nacional por los Derechos Humanos. Todos comprobaron la existencia de una práctica sistemática de la tortura» [8].
El surgimiento del MAS (Muerte a Secuestradores) emprendido por Pablo Escobar Gaviria en Medellín, no podía haber sido más oportuno. En la defensa de los intereses de los capos de la mafia, el MAS coincidía con los intereses del Estado al enfrentarse directamente con la guerrilla; del MAS irían a surgir las Autodefensas Unidas de Colombia que liderarán los hermanos Castaño y que serían financiados inicialmente por terratenientes y ganaderos de Córdoba. En lo sucesivo las masacres, asesinatos, desapariciones, torturas y demás vejaciones en contra de ciudadanos, líderes sindicales y políticos disidentes que otrora perpetrara directamente el Estado a través de sus fuerzas militares, se ponían en manos de las fuerzas paramilitares. Las relaciones entre el Estado, el narcotráfico y los paramilitares conformaron así la estructura violenta más aniquiladora de toda la historia nacional. En lo sucesivo las investigaciones sobre derechos humanos en Colombia han dejado de inculpar al Estado de sus atropellos contra civiles, para hacerlo contra los paramilitares que afortunadamente para el Estado nacional, son formalmente fuerzas al margen de la ley; independientes y delincuentes.
Ya Maquiavelo había advertido sobre los peligros que generaba a un Estado el uso de fuerzas mercenarias. El uso de fuerzas paramilitares por los cafeteros, terratenientes, ganaderos, y aún por el Estado, primer beneficiario en la ayuda de la lucha contra la guerrilla que estas fuerzas ofrecían, traería consigo el más profundo daño a la civilidad en la que debería sustentarse un Estado Social de Derecho. Colombia se ha preciado de ser el país más civilista de América Latina, con la democracia más antigua a decir de sus gobernantes. Sin embargo, la verdad es que de civilidad no conoce nada. Se precia de haber tenido un solo golpe de Estado en el siglo XX sin embargo aquel golpe pudo tener más noción de civilidad que lo que ha vivido la población colombiana en los últimos sesenta años. El Estado Colombiano no ha pasado de ser un Estado militar que basa su fortaleza en fuerzas paramilitares y que no ha hecho más que restringir la participación civil de la oposición, y disuadir a las masas de su participación política, bajo estados de terror que se han favorecido y dado garantías a los actores violentos de ultraderecha y negándolos a las víctimas. Presupuestos locales con destinaciones altas en programas para los desmovilizados del paramilitarismo y pequeñas erogaciones para las víctimas de sus atropellos, dan cuenta de estas complacencias y agradecimientos del Estado con los paramilitares. Un ejemplo de ello es el programa de Agro Ingreso Seguro implementado durante el gobierno de Uribe Vélez, en donde la entrega de subsidios no reembolsables por parte del Estado ha favorecido a narcotraficantes, políticos y terratenientes: «buen número de los que recibieron subsidios no reembolsables son grandes empresarios del campo y familias millonarias con gran influencia política regional». [9]
Albergue de distintas oleadas poblacionales que generalmente han sido originadas por la violenta expropiación de tierras en todas las épocas de la historia nacional, ha traído consigo personas de diversos orígenes que se amontonan en su territorio la han hecho proclive a contar entre sus gentes a los más desesperanzados seres inmigrantes a fuerza de violencia; pobres y con pocas oportunidades de insertarse a la demanda laboral del municipio. Seres que llegan con su civilidad lesionada de muerte han contribuido a tejer en Itagüí esa manera particular de desavenencia que no de convivencia. Los cambios económicos que podrían definir la época de la que hemos sido testigos bien podrían identificarse con una silenciosa revolución que ha ido desplazando la producción alimentaria —agrícola y ganadera— (a la que fuera tan necesaria la democratización de la tenencia de la tierra que se supone había implantado la colonización antioqueña, y el alto desarrollo de la educación al servicio de los requerimientos técnicos que requería la industrialización y la inserción al mercado mundial) hacia una utilidad productiva de la tierra a la que el campesino pequeño propietario entorpece. El surgimiento del latifundio, la concentración de la propiedad sobre la tierra nos hablan ahora de unas nuevas condiciones de producción en donde la situación de los más desarraigados en busca de subsistencia, han sido utilizadas temporalmente para esa guerra silenciosa que ha implicado el desalojo. A partir de 1997 y con la Ley 387 del Congreso de la República se reconoce la responsabilidad del Estado frente al desplazado y en este proceso surgirán los auxilios asistenciales del gobierno.
Itagüí no ofrece atractivos para esa nueva manera de concentración de la tenencia de la tierra, lo que este municipio ha puesto son las condiciones propias para dar albergue a los desterrados en sus maltrechos barrios, nacidos de su falta de planificación en la urbanización y que concentra a la mayoría de la población de las zonas montañosas en los estratos 1 y 2. Que el espacio a invadir se fuera agotando, no ha sido óbice para impedir a desplazados de todos los tiempos acomodarse en las tierras de Itagüí, el desplazamiento forzoso no ha parado desde mediados del siglo pasado y por eso Itagüí no ha parado de albergar gentes venidas de los lugares con mayores conflictos violentos por la tenencia de la tierra. Un censo más adecuado debería tomarse de los libros de matrícula de todos los planteles del municipio, con lo que se delataría la extrema movilidad de su población: vienen gentes de todos lados y se van a todos lados durante todo el año.
«Por último, hay que señalar que la expansión de la población afrocolombiana en las grandes ciudades y capitales departamentales desde la década del noventa en el siglo XX, ha tenido que ver con el fenómeno del desplazamiento por el conflicto armado en las regiones de alta concentración de población afrocolombiana, especialmente en la costa Pacífica y la Región de Urabá. Por ejemplo, esto permite explicar la presencia de gente negra desplazada en localidades como Ciudad Bolívar y Usme en Bogotá, al igual que en el municipio de Soacha; en ciudades como Cali en las comunas del oriente de la ciudad (comunas 7, 13, 14, 15 y 21) y en las comunas más pobres de Medellín (por ejemplo, Popular 1 y Santa Cruz, Manrique, Aranjuez y Villahermosa, en el nororiente y oriente de la ciudad) y municipios como Bello e Itagüí en el Valle de Aburrá; o también en las comunas 2, 3, 4, 5 y 6 del norte y oriente de Cartagena, y una parte de las comunas surorientales, la 14 y 15». [10]
En el año 2009 sesenta (60) familias que se habían asentado en terrenos públicos en el sector del parque recreativo Ditaires y que fueron conocidos como los habitantes de La Esperanza, fueron desalojados de estas tierras: «A las 60 familias desalojadas del asentamiento La Esperanza de Itagüí, quienes tuvieron que dormir en la calle, hasta el momento no se les ha solucionado su problema de vivienda.» [11]
No toda violencia presente en Itagüí ha sido generada dentro del municipio, la violencia con que han sido tratados los desplazados en su lugar de procedencia y por acción de las fuerzas paramilitares, también ha llegado con cada una de las familias a instalarse en el municipio. Podría sorprendernos la falta de solidaridad entre vecinos por las acciones que a diario se cometen en contra de personas que en suma resultan siendo desconocidas para sus vecinos; este tipo de vivencia cotidiana también ha contribuido a sembrar la indiferencia entre sus gentes. Los vecinos aparecen y desaparecen en los barrios, ocupan una casa que hoy pueden pagar y mañana ya no. La vecindad se ha diluido y con ella la solidaridad que nacía espontánea.
Las condiciones materiales de vida actuales hacen agrupar a los itagüiseños en dos grandes grupos claramente diferenciados así: los habitantes de las zonas montañosas que en su mayoría se agrupan en el estrato dos y los habitantes de las planicies aledañas a las industrias y zonas con alto flujo de transporte que en su mayoría se agrupan en el estrato tres; de acuerdo a las estadísticas por personas por barrio y por nivel del año 2010 que reposan en la base de datos del Sisben (Sistema de Selección de Beneficiarios Para Programas Sociales). De las poblaciones que nos hemos ocupado podremos tener un acercamiento al conocer de las propias fuentes municipales, que en Villa Lía el 70% de su población se encuentra en Estrato 2; el barrio San Javier el 81% de su población en Estrato 2; mientras que la Vereda La María (también llamada La Verde) posee el 60% de su población en estrato 1 y el 38% en estrato 2. En el barrio el Rosario encontramos el 31% de la población en estrato 1 y el 62% en estrato 2. Mientras que en el barrio Simón Bolívar, el 98% de sus gentes se encuentran en estrato 3. A pesar de que esperábamos una mejor respuesta de las bases de datos municipales en torno a las ocupaciones específicas de las personas en estos sectores, sólo obtuvimos un amasijo de cifras en donde empleados y desempleados son una simple cifra que se totaliza por comuna y donde el barrio San Javier resulta aglutinado con los datos de Ditaires, barrio que llega a poseer estratos cuatro y cinco por sus altos estándares de vida. Allí la mirada se obnubila tanto para nosotros como deberá obscurecerse para cualquier administrador de planeación y cualquier política municipal, que por ahora concluiremos desconoce la focalización en materia de inversión pública y proyección social.
LAS OPORTUNIDADES DE ITAGUÍ HAN ESTADO FUNDADAS EN SUS GRUPOS CULTURALES
Dos momentos importantes de la historia de Itagüí llaman la atención, ambos se refieren al trabajo con y sobre la vida espiritual de la comunidad, en busca de una mejor calidad de vida de sus habitantes. La distancia en el tiempo y la diversa concepción política y de cultura de dos grandes instituciones culturales que han estado presentes en la vida del municipio, pudieran hacérnoslas aparecer como antitéticas. Sin embargo, a ambas las junta su gran preocupación por el mejoramiento cultural de la comunidad itagüiseña; habiendo puesto todo el empeño en la tarea de auspiciar filantrópicamente el desarrollo de la vida espiritual, material e intelectual que robusteciera la cultura ciudadana. Estos dos momentos los han protagonizado la Sociedad de Mejoras Públicas y el Octubre Cultural de Itagüí.
«Una tarde de 1899, mientras viajaban de Bogotá a Medellín, los antioqueños Carlos E. Restrepo y Gonzalo Escobar conversaban sobre las bellezas que habían visto en la capital y de lo que podía hacerse en Medellín. Los señores Restrepo (más tarde Presidente de la República) y Escobar, pensaron que Medellín comenzaría a tomar contornos de ciudad si se constituía una «Sociedad de Mejoras y Ornato» a base de gentes desinteresadas e influyentes, que empujaran a los funcionarios públicos a hacer cosas. Fue así como en reunión celebrada en la oficina del señor Carlos E. Restrepo el 9 de febrero de 1899, a las 7:00 p.m., según reza el acta respectiva, fue establecida en la capital antioqueña la primera Sociedad de Mejoras Públicas. A ella asistieron 23 personajes de la elite antioqueña, sin embargo en días posteriores se unieron más personas. Así, la SMP llegó a principios de siglo a convertirse en un proyecto común a toda la alta sociedad medellinense.» [12]
Don Carlos E. Restrepo luego de ver la obra que ya se desplegaba en la ciudad con la intervención de la Sociedad de Mejoras Públicas expresará años más tarde, hacia 1924 que «la transformación que ha experimentado nuestra ciudad en los últimos años, a ella en buena y gran parte se debe. De modo tal que acaso sea justo decir que no hay obra de nuestro progreso ciudadano en que ella no haya influido directa o indirectamente». [13]
«La aldea puede aspirar a ser hermosa en su rusticidad y pequeñez, no monumentalmente como las grandes orbes… un rincón público de prados y bosques con una piscina de natación, ya resuelve la mitad de los inconvenientes del aislamiento social en que se vive en las aldeas, donde para obviarlo se recurre al estanco de aguardiente con muy graves consecuencias. Parece mucho exigir el hablar de parque público en las pequeñas aldeas colombianas». [14]
Si bien es cierto que las sociedades de mejoras públicas no irían a nacer como una iniciativa de equidad social, ni serían pensadas para mejorar las condiciones materiales de vida de los «montañeros» que no accedían a penetrar en la naciente ciudad en condiciones de igualdad frente a los señores bien educados de las familias adineradas del centro de la ciudad. Es cierto también que aquellas iniciativas venidas de las élites decimonónicas tenían la clara intención de modernizar la ciudad, y que aquella ciudad tendría un significado de lo público, en lo que ni montañeros ni citadinos estaban excluidos. Tal como la cultura del café fue promovida a través de la prensa y la Iglesia por los antioqueños promotores de la agricultura, aquella cultura de Mejora Pública se afianzaba con la producción de literatura en torno al tema que se iba haciendo conocida a través de revistas. «En 1911 se creó la revista Progreso, constituyéndose en el principal medio de comunicación de la Sociedad durante muchos años, aunque fue suspendida su publicación durante algunas temporadas. La revista se encargaba de difundir las campañas cívicas de la SMP e informaba a los benefactores sobre la forma en que se invertían sus donaciones.» [15]
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