VEINTE AÑOS DESPUÉS
Por Tathiana Montaña Mestizo*
Por estos tiempos, en algunos estados europeos recientemente industrializados o en camino de serlo, suceden situaciones como la que se desató en España en marzo de 2011, el M15. Los ciudadanos indignados demandan «democracia real». Se manifiestan, y la queja colectiva ha tenido efecto dominó en otros países como Grecia e Italia. Este fenómeno refleja una demanda que los ciudadanos contemporáneos hacen a sus gobiernos: eficacia en la conducción de las áreas estratégicas de sus Estados. En Europa la connotación es básicamente económica, pues está visto que el desempleo, el costo de vida, las escasas oportunidades de educación y los pésimos sistemas de salud y de seguridad social, golpearon a la inmensa clase media europea.
En países en guerra como Colombia, los escenarios para demandar eficacia a los gobiernos son diferentes y las áreas que demandan los ciudadanos han sido diferentes a las áreas que los gobiernos han considerado estratégicas.
El escenario de Europa hace 20 años era diferente al que tenemos hoy. Hace 20 años Europa firmaba el Tratado de Maastricht (febrero de 1992) que dio origen formalmente a la Unión Europea. Una Unión que, en términos generales, buscaba la integración económica y la libre circulación de bienes y servicios. En Colombia hace 20 años se acordaba un nuevo marco constitucional porque la constitución de 1886 era obsoleta para los nuevos tiempos.
Veinte años después son muchas las dudas que hay sobre la eficiencia y los resultados de la Unión Europea y vacilaciones sobre la eficiencia y los resultados de la Constitución del 91.
Los acontecimientos que ocurren hoy, 2011, en algunos países europeos denotan, a simple vista, tres situaciones: uno, la debilidad, inoperatividad o ineficiencia de las instituciones y de los gobiernos —surgidos en la democracia— para garantizar el bienestar colectivo; dos, el fracaso del modelo económico contemporáneo, el modelo neoliberal que algunos han denominado la ‘dictadura del mercado’. Y tres, el resurgimiento de renovadas expresiones de los ciudadanos para sentirse más que gobernados, incluidos en sus gobiernos para gobernar en beneficio del bienestar colectivo.
En el plano nacional, podemos entender que en Colombia, país con tradición de guerra, existen nuevos intereses y nuevos actores, diferentes a los actores de hace veinte años, cuando se discernía sobre lo que debería contener la Constitución Política; los constituyentes lograron una renovada y moderna Constitución para aquel entonces, que pretendió, y aún debe pretender, otorgar a los ciudadanos vida digna, palabra que concreta la efectividad de los derechos humanos.
La nueva constitución incluyó la carta de derechos establecida a nivel mundial en 1948, reconoció la diversidad cultural y política, estableció reformas a la justicia que incluyeron instrumentos valiosos como la tutela, las acciones colectivas, derecho de petición, habeas corpus, entre otros, y un marco legal para implementar el modelo de economía abierta o modelo neoliberal.
Seguramente para Europa debe resultar vergonzoso atender crisis económicas y sobre todo, crisis de derechos en algunos países miembros de la Unión. Escuchamos las protestas de la sociedad alemana al señalar, que no son responsables del atraso y el endeudamiento griego. En Colombia hay cansancio por el continuo sometimiento al conflicto armado y muchos sectores democráticos reclaman la terminación de la guerra para concebir a plenitud el Estado Social de Derecho.
La Constitución Política de 1991, buscaba no solo visibilizar derechos, sino también dar garantías, crear puentes y canales de diálogos entre, y con, sectores diversos y opuestos. La constitución abrió la posibilidad de conocer y comprender que Colombia es un país diverso, no en términos de «biogeografía», sino en términos políticos.
Dentro de los muchos logros del proceso constituyente del 91 podemos resaltar en particular el Artículo 22: el derecho a la Paz.
La constitución visibilizó el movimiento social y de resistencia, no solo indígena sino también el trabajo de las organizaciones, campesinas, obreras, organizaciones de paz y de derechos humanos. El origen del proceso constituyente, fue netamente social.
La Constitución Política de 1991 reconoció que la guerra es un problema y reconoció también que existía en el país un vacío jurídico y político que no garantizaba el ejercicio de los derechos humanos.
Propuso una cantidad importante de instrumentos y escenarios para garantizar la justicia, en medio de una avalancha de desmovilizaciones y reinserciones de grupos armados surgidos en los años 60, 70 y 80.
Dio origen a muchas iniciativas urbanas/ciudadanas de resistencia a la guerra, fusionadas con las tradicionales formas de resistencia provenientes de los sectores indígenas, campesinos y trabajadores.
Le otorgó importancia a la participación de la comunidad internacional en procesos de paz, pues por los mismos años, se tejieron experiencias en Centroamérica, las cuales siempre ha pretendido tomar Colombia como modelos. Los diálogos de paz de los 90 en el país, contaron con poca participación de la Comunidad Internacional; y esa poca participación fue tímida y limitada, pues el escenario era diferente y el fenómeno de la globalización no estaba muy marcado por estos tiempos.
La Constitución Política del 91 permitió que Colombia incluyera en su marco constitucional las normas del Derecho Internacional Humanitario. Esta Constitución, permitió desarrollar una generación de líderes hombres y mujeres que pensaron y aún piensan en la paz, como derecho estructural de los derechos humanos.
Muy a pesar de las expectativas que generó la Constitución Política en torno a la Paz, la guerra adoptó otra dinámica marcada por el narcotráfico y la corrupción durante los años 90: el país presentó los índices más altos de muertes violentas, asesinatos, secuestros, atentados a personas y bienes protegidos por el Derecho Humanitario, desplazamientos forzados a millones y ataques terroristas en los centros urbanos.
La Minga Indígena, que resurgió en el año 2005, y que movilizó a más de 150.000 personas en todo el país, reactiva la segunda generación de iniciativas de paz y toma mucha fuerza con el cambio de gobierno en agosto de 2010.
Sin embargo con la coyuntura que se presenta desde agosto 2010, los sectores democráticos, sectores y movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional presentes en Colombia podrían acordar algunos mínimos amparados en la Constitución. Algunas propuestas son:
· Defender y sostener la tesis que la Paz es un asunto estructural y no coyuntural.
· Atender un asunto crucial para el desarrollo de cualquier tipo de interés colectivo: la democracia.
· Afirmar y demostrar que la Paz, si bien debe obedecer a una Política de Estado construida en consenso y junto con las instituciones del Estado, los sectores o el movimiento ciudadano y social por la paz, debe también estar presente y debatir los temas de la agenda social y política del país, que en este periodo es bastante nutrida: crisis humanitaria, seguridad, Plan Nacional de Desarrollo —planes de consolidación, planes locales y regionales de derechos humanos, ley de víctimas, tierras, minería, políticas sociales en salud, educación, empleo etc—.
· Demostrar por qué es necesario abrir el diálogo con los otros actores como los gobiernos locales, regionales y con el sector privado. Es necesario pensar en la construcción de la paz desde la diversidad, no solo de los sectores sociales, sino también desde la diversidad política y económica.
· Reconocer abiertamente que la paz es una cuestión del Estado, de los ciudadanos y de los movimientos sociales.
· Aprovechar los canales de comunicación que la sociedad civil en Estados Unidos y en Europa y el SNU han prestado para recomponer la confianza entre sectores sociales e instituciones del Estado.
· Atender los buenos oficios ofrecidos por la comunidad de estados latinoamericanos, principalmente en el Cono Sur para generar espacios de diálogo.
Finalmente, la agenda de actividades de las iniciativas de paz de los sectores sociales está en crecimiento. Cuenta con el acompañamiento de algunos sectores de la sociedad civil internacional y con algunos gestos de aproximación del gobierno nacional.
Las tareas para esta coyuntura de paz, veinte años después del nacimiento de la Constitución Política de Colombia, podrían ser:
· Maximizar los procesos de resistencia a la guerra que la Constitución hace veinte años propuso; articular, mas no unificar, esfuerzos con otros sectores sociales del país; establecer algunos mínimos políticos frente al conflicto armado; generalizar las propuestas que vayan surgiendo en el camino e impulsar canales de comunicación con las instituciones del Estado que hayan trazado sus políticas de gestión en este sentido y con el sector privado. Mantener las acciones concretas de resistencia, ojalá de la mano de algunas instituciones —mecanismos de defensa de los Derechos Humanos—; defender y exigir la protección de los territorios indígenas, campesinos, afros y de la población civil con base en las normas del Derecho Internacional Humanitario.
La razón por la cual en Grecia, España o Italia las protestas sociales se hacen visibles día a día y en Colombia las formas de violencia, entre ellas el conflicto armado más atroz, es que los gobiernos de allá y de acá no han respondido a una crisis que surgió años atrás y que aún no se ha solucionado: la crisis de la Democracia.
Con esto, dos asuntos se pueden señalar: uno, que la redefinición de la Democracia es una asunto global y dos, que la búsqueda de la paz en Colombia, es un asunto colectivo en donde las instituciones, los gobiernos, los ciudadanos, los movimientos sociales y los actores internacionales presentes en el país, deben asumir su papel desde sus propias capacidades y deben asumir sus responsabilidades para la construcción de una sociedad libre de violencia armada.
La Constitución del 91 es el instrumento, porque la paz, aún está por hacerse.
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* Tathiana Montaña Mestizo es profesora universitaria, Internacionalista, Politóloga y Candidata a Doctor de las Universidades Complutense de Madrid y Universidad Católica de Córdoba Argentina. Correo-e: ednatmm@yahoo.com