Sociedad Cronopio

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Drogas

EL FRACASO DE LA POLÍTICA DE DROGAS EN AMÉRICA LATINA

Por Tathiana Montaña*

¿Qué pasó con el debate en Colombia de la política de drogas? Mientras que este se constituye en un tema de primer orden para las agendas de las carteras de economía y de defensa de varios Estados latinoamericanos, en Colombia el sospechoso silencio, permite imaginar que el problema dejó de ser problema y que ahora ese es un asunto de los centroamericanos y mexicanos.

Y es claro, los hechos de violencia causada por carteles mexicanos lograron la atención de los medios internacionales de comunicación. Un comunicado de prensa de la III Conferencia Latinoamericana y la I Conferencia Mexicana sobre Políticas de Drogas que se llevó a cabo los días 13 y 14 de septiembre de 2011 en México DF, aduce que «según el Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos mexicano, desde la militarización iniciada hace cinco años por el presidente Felipe Calderón, hay más de 40.000 muertos y 230.000 desplazados. Además, se incrementó el número de homicidios relacionados las drogas: de 5207 en 2008 a 15.273 el año pasado» (Comunicado de prensa, agosto 13 de 2011, Ciudad de México DF).

En diciembre de 2010, el ex presidente brasilero Fernando Enrique Cardoso miembro de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia reafirmó que «La guerra contra las drogas fracasó […] Es hora de quebrar el tabú y abrir un debate sobre estrategias más humanas y eficientes de reducción de los daños que las drogas causan a las personas y a la sociedad».

AUMENTÓ EL CONSUMO

Si bien es cierto que la producción mundial de cocaína disminuyó (Ver gráfica 1), las cifras de distribución y consumo 40 años después del lanzamiento de la «Guerra contra las drogas» durante el gobierno del presidente norteamericano Nixon, aumentaron (ver gráfica 2, última década). Y no solo las cifras en términos del mercado, sino los «efectos colaterales» que esta ha causado países latinoamericanos como Perú, Bolivia, Colombia, Guatemala y México principalmente.

Para Markus Schultze-Kraft, Director para América Latina y el Caribe de International Crisis Group, «no se ha podido lograr un consenso ampliamente compartido sobre el contenido y sentido del concepto de la responsabilidad compartida que se requiere para combatir el problema». Mientras para Antonio Mazzitelli, representante en América Latina de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el Delito, argumenta que «No tenemos un sistema de prohibición, sino de fiscalización. Hasta ahora ninguno de los Estados miembro, a excepción de Bolivia, ha pedido una reforma para este sistema. Es decir, los Estados están satisfechos con estas Convenciones».

Como es evidente es un debate que en América Latina está en pleno furor. Algunos de los participantes de 11 países del continente reflejaron en ciudad de México sus preocupaciones, las cuales muchas de estas son validadas por la experiencia de la aplicación de la política mundial en Colombia.

Algunas reflexiones de los participantes a la III Conferencia Latinoamericana y la I Conferencia Mexicana sobre Políticas de Drogas (13 y 14 de septiembre de 2011 en México DF):

Robson Rodríguez Da Silva, Comandante de la Unidad de la Policía Pacificadora de Río de Janeiro, Brasil: «durante décadas hemos optado por un enfoque más represivo, basado en la lógica de la guerra contra las drogas, que no ha arrojado resultados interesantes. Fue un período donde hubo un crecimiento absurdo de muertes violentas, incluso de policías».

Viceministro de Justicia y Seguridad pública de El Salvador, Álvaro Henry Campos Solórzano: «las principales acciones de represión del delito deben desarrollarse contra los delitos violentos relacionados con las drogas y para recuperar el territorio usurpado por carteles y micro traficantes violentos», que «la política de persecución penal verdaderamente debe excluir de sanción al consumidor sin afectar la eficacia en la represión a los narcotraficantes».

Graciela Touzé, presidenta de Intercambios Asociación Civil, de Argentina: «se espera que el encuentro permita una reflexión amplia y propositiva en temas de seguridad y derechos humanos, consecuencias de la militarización, reformas legislativas de despenalización del consumo, drogas, identidades y cosmogonías y tratamientos de salud alternativos».

Jorge Tinajero, director del Colectivo por una política integral hacia las drogas (CUPIHD) México:»¿Hasta dónde terminan las drogas y comienza el crimen y la violencia? Ésa es una pregunta esencial para Latinoamérica.  Es hora de debatir seriamente alternativas para mejorar el sistema de control de drogas desde una perspectiva que resguarde los derechos humanos».

María Paula Romo de la Asamblea Nacional de Ecuador,  «Las personas privadas de la libertad por delitos de drogas constituyen el 40% de la ocupación carcelaria total.  Del total de mujeres privadas de su libertad, 85% lo están por delitos relacionados con drogas. Son mujeres que no dirigen los cárteles, ni son grandes traficantes. Son mujeres detenidas por transportar pequeñas cantidades de droga«

Daniel Mejía Londoño, investigador colombiano: «El país gastó 700 millones de dólares al año. Es decir,  es la intervención más grande de mercados ilegales de drogas que se ha hecho en el mundo y equivale al 1.1% del Producto Bruto Interno (PBI) de Colombia».

Coletta Youngers, asesora principal en temas de la Región Andina de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos-WOLA-. (El Espectador, 13 de septiembre) «Es un paso realmente difícil de dar cuando se tienen países como Colombia y México, que se rigen por las directrices de Washington en el combate contra el crimen. ¿Cómo un país podría desmarcarse de las políticas estadounidenses cuando recibe millones de dólares para la cooperación en seguridad? Ellos necesitan esta asistencia».

Pedro José Arenas García, alcalde de San José Guaviare, Colombia «Les recomiendo pensar el papel de la autoridad local como la instancia que puede aglutinar a las instituciones y hacerlas caminar hacia un mismo lugar», «pues la población se desplaza sobre todo por la falta de presencia estatal». «No nos importa quién sea el causante de la agresión, guerrillas, paras o grupos asociados con el tráfico de drogas. El tema es defender lo que afecta la vida y los derechos humanos».

Pablo Cymmerman, integrante del Comité Organizador y de Intercambios: «América Latina tiene una enorme experiencia acumulada en luchas por los derechos humanos frente al terrorismo de Estado, organización de los pueblos originarios y por el derecho a la tierra (…)  utilizar los instrumentos regionales como UNASUR, MERCOSUR y ALBA para poner en la agenda política de América Latina los cambios necesarios en las políticas de drogas«.

(Fuente: Comunicados de prensa, de la III Conferencia www.conferenciadrogas.com/2011/prensa/comunicados/comunicado-16-press-release-16-comunicado-16)

El Informe Mundial sobre las Drogas 2011 señala que se produjo menos opio en el Afganistán, pero se registró un ligero aumento en Myanmar; que se redujo el cultivo mundial de coca debido a la disminución en Colombia; se contrae el mercado de cocaína en los Estados Unidos (redujo a 149.000 hectáreas, un 18% menos con respecto a 2007) y que el cannabis es la droga preferida de consumo en el mundo.

Si este es el panorama hemisférico, ¿por qué en Colombia este asunto pasó dejó de ser un asunto del centro del debate? Colombia continúa siendo un productor importante de cocaína a pesar de las cifras que presenta la ONUCD y más allá de esto, continúa presentando en términos humanitarios, vergonzosas cifras como las presentadas por CODHES y las infracciones a los acuerdos con comunidades como las de Bajo Cauca y algunos municipios en Nariño, de no fumigación aérea.

(Fuente: Territorios en Confrontación. Impacto del conflicto armado sobre la población civil en la Orinoquía y Amazonía Colombiana, CODHES 2011)

Finalmente es un debate que está en alerta máxima. En la III Conferencia Latinoamericana sobre política de drogas que reunió a representantes de 32 países del mundo que cargan con este flagelo, hubo consenso en que se requieren «políticas públicas integrales para los territorios afectados por la violencia, despenalización de la tenencia y estrategias de reducción de daños, priorizar los derechos humanos por sobre las operaciones militares, respetar los usos culturales de las sustancias y penas alternativas a la prisión para los eslabones más débiles del tráfico» (Comunicado de prensa Nº 18).

Y sin embargo, los países en dónde el consumo extralimita la lucha mundial contra las drogas, permanecen ausentes.

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* Tathiana Montaña es internacionalista y politóloga colombiana. Candidata a Doctor. Ha escrito en medios nacionales e internacionales sobre asuntos de paz en países en guerra. Web: www.tathianamontana.blogspot.com

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