Tomemos nuevamente como ejemplo el caso de Grecia, en donde por el solo anuncio de un referéndum, sobre el plan anticrisis europeo, aumentó el riesgo país de acuerdo a la calificación de riesgo de Fitch. La misma calificadora, ya no analiza la situación del país a partir del nombramiento de Lucas Papademos —proveniente de la tecnocracia financiera internacional—, ¿es forzar la realidad pensar que la lógica que siguió ese cambio fue política y que nada tiene que ver con las capacidades de generar riqueza de un país?
La tasa de «riesgo» es otro de los elementos recurrentes del neoliberalismo para ejercer presión y dominio. Al realizar un estudio de correlación matemática de esa tasa, se concluye que hay una primacía de variables financieras sobre las estrictamente fiscales, sin pretender restar significación a estos últimos factores. Es decir, que la tasa de «riesgo país» es sensible, fundamentalmente, a las condiciones de la propia administración de la deuda, la debilidad o fortaleza del gobierno deudor y los factores subjetivos que gustan enumerar los «gurúes» financieros, como el humor de los mercados. Sin embargo, esas falacias argumentativas se siguen utilizando recurrentemente como extorsión, en virtud de no alterar ese «humor» y provocar la suba del «riesgo país».
Analizar los discursos permite encontrar el aspecto legitimador que posee el lenguaje. Tal es el caso del discurso político que va incorporando términos que expresan una visión de los problemas desde la óptica de los intereses de los acreedores y no de los propios. Así se habla de «solvencia fiscal» ¿se entiende por ella la capacidad que tiene el Estado de pagar las deudas financieras o de garantizar los derechos humanos económicos y sociales de los ciudadanos? «Riesgo país» ¿es solo el riesgo de no pago de la deuda soberana o incluye el riesgo de vivir en un país sin trabajo ni seguridad? «Sensibilidad de los mercados» ¿Incluye al conjunto de los mercados reales de la economía o solamente a la opinión del sector financiero? «Políticas de ajuste» ¿Se la comprende como políticas de concertación o como simplemente disciplinamiento? Y tomando la última acepción, ¿por qué solo se aplica a la política social y no a los intereses de la deuda, que es el gasto público que más crece en estas circunstancias?
Precisamente, la deslegitimación de la política comienza y se mantiene cuando los factores de poder financieros son los que imponen el discurso y en los multimedia se los replica a coro, cuando la dirigencia política no reacciona y soporta una degradación humillante —atrapada en ejes y agendas de discusión estéril— o actúa cómplice de intereses ajenos al bien común.
Tal como hemos visto, es un lugar común escuchar que la crisis es producto del déficit fiscal y éste del mal gasto público, como del «derroche» del mercado interno. Nadie puede negar la necesidad de mejorar la eficiencia del Estado, donde el gasto se transforme en mayor calidad de servicio. Pero el mismo criterio y la misma fortaleza deben aplicarse en una correcta y transparente administración de la deuda pública. No es racional poner una lupa microscópica únicamente en los gastos sociales y cerrar los ojos a la hora de analizar la política de la deuda y su administración. El único camino que encontró Argentina para salir de semejante atolladero fue el de reestructurar la deuda, con un nuevo acuerdo con los acreedores, a excepción de los «fondos buitres» (distressed debt o special situations funds) y saldando la deuda con el FMI. Y para eso no enfrió su economía, por el contrario hubo una política de estado que fomentó el ensanchamiento del mercado interno, tanto en el consumo como en la producción, que se tradujo en una redistribución de la renta y un crecimiento económico con inclusión social.
¿SALVATAJE O SALVAVIDAS DE PLOMO?
Ante estas turbulencias políticas y económicas, particularmente, la necesidad de contar con un respaldo financiero que, en lugar del superávit fiscal garantice el pago de los intereses de la deuda, los organismos internacionales crean el llamado «salvataje» que en la jerga del marketing político argentino se denominará «blindaje».
¿Qué es un «salvataje-blindaje»? La primera experiencia fue la realizada por el gobierno de Bill Clinton frente a la crisis del «tequila» en donde, sin el consentimiento del Congreso, el presidente estadounidense envía 50.000 millones de dólares a México, ayudado por el FMI, el Banco Internacional de Compensación de Pagos (BIC) y el gobierno canadiense, para pagar todas sus deudas. Analizando esta operación, Rimmer de Vries —economista de J.P. Morgan— la caracteriza como un «bail-out for speculators», una liberación para inversores que habían estado especulando. O sea, el «salvataje» no es para el país deudor sino una garantía para los inversores que especulan con altos rendimientos: es la más osada defensa contra una catástrofe de la historia de la economía y una desvergonzada rapiña contra la caja fiscal de los países pagadores a favor de una minoría pudiente.
A fin de febrero de este año, la troika compuesta por el Banco Central Europeo, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional transfirió un nuevo paquete de 130 mil millones de euros de «salvataje» a Grecia. Pero de ese dinero los griegos no verán un centavo. Apenas servirá para garantizar el pago del servicio de la deuda externa, y la economía nacional, manejada desde ahora formalmente desde esas instituciones. En poco tiempo podrán pedir como caución de esa deuda creciente los impuestos que recauda el estado griego, tal como lo intentaron en Argentina.
EPÍLOGO
Hay frente a ello la experiencia de dos «salidas» distintas: Argentina después de su crisis en 2001 e Islandia en 2008. Ambas plantean una redefinición de las relaciones de poder entre los estados soberanos y el mundo financiero. De nada sirve intentar pensar una salida en términos técnico-económicos, tal como surgió como enseñanza de la crisis argentina de 2001, porque es una cuestión política la que hay que resolver.
En primer lugar, cuando evaluamos las situaciones de crisis como la actual, en lugar de aceptar lo «políticamente correcto», es decir, la visión neoliberal, es factible pensar la situación en términos de Justicia Social. No estoy apelando a una norma que tiene que ser descubierta por un programa de investigación. Por el contrario, estoy apelando a algo que nuestra práctica política y social nos entrega. En esta práctica se trabaja con algunos otros objetivos que no son sólo las legítimas ambiciones privadas, pero ellos son los que nos unen como un colectivo.
El presidente argentino Néstor Kirchner sostuvo en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, en septiembre de 2003: En el desarrollo de exportaciones con valor agregado a los recursos naturales que la mayoría de los países endeudados poseen, puede solventarse los primeros tramos del desarrollo sustentable, sin el cual sus acreedores deberán asumir sus quebrantos sin otra opción realista. Nunca se supo de nadie que pudiera cobrar deuda alguna a los que están muertos (Clarín 25.9.2003).
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*Alfredo Mason (masongalvan@yahoo.com.ar) es Licenciado en Filosofía. Profesor en la carrera de Comunicación Social, Universidad del Salvador (Buenos Aires). Asesor en la Jefatura de Gabinete de Ministros, provincia de Buenos Aires. Algunas publicaciones: Aproximaciones a la trama del poder transnacional (1987); Teoría del estado (1997); Perón y el arte de la conducción (2009).