INDÍGENAS COLOMBIANOS: PUEBLOS EN PELIGRO
Por Mario Andrés Alvarado*
En el marco del conflicto armado interno, desde 1964 e incluso mucho antes, los pueblos indígenas han sido víctimas de la violencia y del fuego cruzado por parte tanto de los grupos armados organizados (GAO), como de Gobiernos y sus fuerzas armadas, quienes han generado graves violaciones a los Derechos Humanos en todo el territorio nacional, viéndose afectadas las comunidades indígenas.
Los derechos de los pueblos indígenas son reconocidos en la Constitución Política de 1991 en múltiples artículos en donde «el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana», y que la protección de las riquezas culturales y naturales de la nación es obligatoria para las personas y para el mismo Estado (Art 8 de la Constitución). A pesar que los derechos están plasmados en papel, la ejecución de los mismos es poca o ninguna, creando un clima propicio para transgredir las libertades reconocidas y otorgadas en el texto constitucional (Auto N° 004 de 2009).
En mayo de 2009 la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) en marco del Foro Permanente sobre Cuestiones en la ciudad de Nueva York, la representación de la ONIC expuso la preocupante situación de las comunidades indígenas en Colombia ante la oficina del Sr. Francis Deng, Asesor Especial del Secretario General de la ONU para la Prevención del Genocidio.
Para el año 2010 la ONIC presentó el informe «Los pueblos indígenas de Colombia y su pervivencia en medio del conflicto armado interno» a Bartolomé Clavero Salvador, Vice Presidente del Foro Permanente Indígena de las Naciones Unidas, el cual visitó a Colombia en la semana del 5 al 9 de julio de 2010; en este informe se muestra la persistencia de la violencia de la que han sido objeto las comunidades indígenas durante los dos periodos de gobierno (2002-2006, 2006-2010), los cuales tuvieron como principal bandera la Política de Seguridad Democrática, y en donde se intensificaron los ataques en pro de la defensa del modelo de desarrollo en los que las empresas transnacionales y la promoción de la inversión extranjera son actores claves.
El presente documento pretende dar un breve repaso a las cifras y la situación humanitaria de los pueblos indígenas en medio del conflicto colombiano, posteriormente se pasará a las iniciativas de los pueblos para una pronta solución de su situación, con el ánimo no de examinar la terrible situación que viven, sino de resaltar propuestas e iniciativas basadas en las voces, las vivencias y la sabiduría de las comunidades indígenas.
DESAPARICIONES, EJECUCIONES Y VIOLENCIA
Según los datos en el informe 2004 del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Rodolfo Stavenhagen, «más de 100 miembros y autoridades indígenas fueron víctimas de homicidios». No es sorpresa, que otras investigaciones y cifras para el periodo 1998-2003 muestren que el 4.53% dentro de las victimas de desapariciones fueron categorizados socialmente pertenecientes a pueblos indígenas (Los más altos porcentajes de homicidios de indígenas fueron atribuidos a las AUC (36,7%), las FARC (34,3%), y la fuerza pública (4,8%)).
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia, en el informe de la Alta comisionada de ONU sobre la situación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (enero 1 a diciembre 31 de 2008) hace referencia a las violaciones a las que son expuestos los pueblos y las comunidades indígenas en Nariño, Chocó, Cauca y Putumayo.
Para el 2009, según informes del Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca ACIN-CXAB WALA KIWE, en el mes de julio dos personas fueron secuestradas y una fue asesinada. Adicionalmente, las comunidades han denunciado a los grupos armados ilegales y a miembros de la fuerza pública en varias violaciones a su derecho a la supervivencia.
«Hoy en los territorios indígenas se ha incrementado la presencia de la fuerza pública, una mayor circulación de guerrillas y la amenaza constante de las águilas negras, que ha dado como resultado las continuas confrontaciones, presencia de minas antipersonas, artefactos explosivos, amenazas, señalamientos y más de 200 asesinatos entre el 2002 y 2009 sólo en la Zona Norte».
«Al respecto, el Relator Anaya reiteró que los actores armados no respetan la distinción entre combatientes y no combatientes (UN 2004), lo que se manifiesta en el incremento dramático de estos crímenes contra los pueblos indígenas desde la visita del profesor Stavenhagen».
De otra parte, el relator Rodolfo Stavenhagen señala la amenaza física y cultural que viven las comunidades indígenas en Colombia, derivadas del contexto de conflicto que vive el país y que afecta directa e indirectamente los derechos de los pueblos indígenas.
«Numerosas comunidades indígenas denuncian asesinatos selectivos de sus líderes y voceros y de sus autoridades tradicionales. Estos homicidios, que parecen formar parte de estrategias diseñadas a descabezar y desorganizar a las comunidades indígenas, contribuyen a la desintegración social y cultural de las mismas. Se trata de verdaderos genocidios y etnocidios perpetrados contra los pueblos indígenas… El Relator Especial pudo recoger testimonios en los que se continúa denunciando la limpieza étnica, el genocidio y el etnocidio del pueblo kankuamo».
Como se menciona en el artículo 3° de la Declaración Universal de los Derechos humanos de 1948, «Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona», por tanto, el Estado Colombiano debe velar por la consecución de dichos postulados al haberlos ratificado, más aún cuando en la Constitución Política de Colombia de 1991, en el artículo 2°, se establece que «son fines esenciales del Estado […] garantizar la efectividad de los principios y derechos […] consagrados en la Constitución», máxime cuando «las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida […] creencias, y demás derechos y libertades» y cuando los derechos humanos son universales, inherentes, inalienables, absolutos, inviolables e indisolubles.
DESPLAZAMIENTO FORZADO
Respecto al fenómeno de desplazamiento, la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, registra que del 23,7% de la población desplazada inscrita en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD), el 6,5% se declaró perteneciente a grupos étnicos indígenas, evidenciando la violación al derecho a no ser desplazados que tienen las comunidades indígenas en Colombia.
Así mismo, el Centro de Cooperación Indígena (CECOIN), el cual estima que el 12% de los desplazados en el país son indígenas, «informó de que 128 casos de desplazamientos masivos indígenas tuvieron lugar en por lo menos 63 municipios entre 1995 y 2003, afectando a 28.000 personas, y durante 2002 lo hicieron 12.650 indígenas por presión de los grupos armados.»
Según la Organización Nacional Indígena de Colombia, «el Auto 004 es claro en señalar que las condiciones de vulnerabilidad que son manifestaciones en las que históricamente han vivido los pueblos indígenas, en el nuevo escenario de guerra y especialmente en la última década, vienen profundizándose, siendo el desplazamiento forzado una de las expresiones más alarmantes. En este contexto se allana el camino de la desintegración cultural, la fragmentación de sus organizaciones y algunos pueblos comienzan a vivir la amenaza real de su extinción.»
Los territorios habitados por las comunidades indígenas, también tienen un valor en medio del conflicto, tanto estratégicamente para los actores armados como para la extracción y explotación de recursos naturales: «agua, minerales, biodiversidad, las maderas y los bosques; los cuales tienen un valor estratégico para el llamado “desarrollo”» por parte de empresas colombianas y extranjeras en el marco de los megaproyectos, intereses que han desencadenado en el despojo territorial «afectando los lugares sagrados de los grupos étnicos, con el impacto destructivos sobre sus estructuras culturales» (Auto N° 004 de 2009).
Cerca del 65% de territorios indígenas son cedidos en concesión a las empresas multinacionales, en la mayoría de casos, sin consulta previa. Ante esta situación, las comunidades han optado por tomar acciones de derecho y de hecho, como las marchas realizadas por el Pueblo Nasa en rechazo a la sistemática violación de sus derechos; asesinatos, amenazas, intimidaciones, despojo territorial y persecuciones.
La situación es precaria, «CECOIN reporta un incremento del desplazamiento forzado indígena: de más de 5100 personas en 2002, 4602 en 2003, 7901 en 2004, 23700 en 2005, 5487 en 2006; principalmente en el Chocó, la Guajira, Nariño, Cauca y Huila». Ante esto, todo aquel despojado que llega a los cascos urbanos se ve en la necesidad de unirse a la cultura del rebusque, al sector de la informalidad, en donde hasta los menores deben trabajar para sobrevivir en la urbe, desconociéndose los derechos como a la educación por ejemplo porque la capacidad de respuesta estatal no es suficiente, tanto para la población en desplazamiento como para el flagelo del «confinamiento de familias y comunidades por parte de guerrillas, grupos paramilitares, o por virtud de la presencia de minas antipersonas» (Auto N° 004 de 2009).
Las implicaciones que trae consigo el fenómeno del desplazamiento forzado son conexas a otras violaciones a los derechos de las comunidades indígenas en Colombia, en primer lugar, al despojar a las comunidades de sus territorios ancestrales a los cuales tienen derecho, se pone en riesgo la seguridad alimentaria de los grupos étnicos ya que estas mismas viven en el territorio y del territorio.
En segundo lugar, en los casos en los cuales el despojamiento responde a una lógica de desarrollo económico y macro proyectos, atenta con la cosmogonía y las tradiciones culturales y religiosas de las tribus atentando contra los derechos reconocidos en la Constitución Política de 1991, que reconoce la existencia de los pueblos indígenas en Colombia y da la facultad a sus autoridades tradicionales para ejercer funciones públicas, legislativas, administrativas y jurisdiccionales en sus territorios; adicionalmente, el modelo de desarrollo de los proyectos económicos se diferencia completamente de las concepciones de eco–desarrollo que contemplan las comunidades indígenas, lo cual va en contra vía con los derechos sobre el territorio, la consulta previa y la conservación de los bosques y ríos entre otros que asegura el futuro de las nuevas generaciones.
OTRAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
La violación de los derechos de las comunidades indígenas no se limita a los ámbitos ya tratados, también cabe considerar fenómenos como: ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales, violaciones y tratos inhumanos, variables a considerar en un sistema que muestra evidencia de polarización y de estigmatización.
Polarización reflejada al considerar que cualquier individuo al reclamar sus derechos y al no compartir las ideas preponderantes es considerado terrorista, al igual que son considerados los defensores de los Derechos Humanos en nuestro país, y para el caso de las comunidades indígenas, el señalamiento y acusaciones que recaen contra la organización MINGA entre otros por parte del gobierno (2006-2010). Es el caso de los ataques a la honra, reputación y dignidad de defensores de DD HH el 2 de septiembre, en Bogotá D.C., autoridades gubernamentales, señalaron a miembros de organizaciones de derechos humanos de tener vínculos con las FARC-EP y el ELN (Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos en Colombia, marzo 9 de 2009).
Estigmatización reflejada en las campañas en contra de la siembra de cultivos de uso ilícito como la de «la mata que mata», la cual es denigrante para la cultura indígena, para su identidad y sus costumbres, se debe recordar que lo condenable no es la mata ‘per se’, lo perjudicial es el uso potencial que se le da. A lo anterior se suma el irrespeto de la medicina tradicional indígena y su derecho colectivo a la salud tal y como las comunidades indígenas la conciben.
«Es de gran preocupación, que el año pasado (2009) los asesinatos de indígenas se incrementaron en 63% (…) También ha habido avances de diálogo entre el gobierno y las comunidades indígenas, pero hasta la fecha no hay ningún plan de salvaguarda, por ejemplo, establecido en la práctica para proteger la vida de las comunidades indígenas y afrocolombianas».
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COMUNIDADES EN RIESGO DE EXTINCIÓN
La gran preocupación de los pueblos indígenas es la extinción a la que se ven avocadas 3424 comunidades indígenas y por ende, su cultura, identidad y conocimientos. De los 102 pueblos registrados por la ONIC, 32 de ellos están en riesgo de desaparición, 18 de ellos en riesgo de extinguirse como cultura.
Claramente al superponer los mapas, las variables de la ubicación de los pueblos indígenas en Colombia se cruzan con la gráfica de desplazamiento interno en Colombia y con la de acciones armadas realizadas en el país, con el resultado consecuente de que las áreas geográficas con presencia de asentamientos indígenas están en las áreas de conflicto armado, sufriendo de manera más fuerte el flagelo del desplazamiento forzado, amenazas contra la vida, muertes y asesinatos, sin contar con otras variables como la de las víctimas causadas por minas antipersonas (MAP) y Municiones sin Explotar Abandonadas (MUSE).
En este sentido el Auto N° 004 de 2009 reconoce la crítica situación de las comunidades indígenas y declara que:
«Los pueblos indígenas de Colombia, según lo advertido en esta providencia, están en peligro de ser exterminados cultural o físicamente por el conflicto armado interno, y han sido víctimas de gravísimas violaciones de sus derechos fundamentales individuales y colectivos y del Derecho Internacional Humanitario, todo lo cual ha repercutido en el desplazamiento forzado individual o colectivo de indígenas.»
Para lo cual, la Corte Constitucional en el citado auto ordena al Estado colombiano formular e implementar planes de salvaguarda étnica ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado para cada uno de los pueblos identificados en riesgo de extinción. Los planes de salvaguarda deben desarrollarse bajo «parámetros constitucionales de participación de las organizaciones que abogan por los derechos de los pueblos indígenas, así como de líderes de los pueblos indígenas más afectados por el desplazamiento.»
A pesar de los esfuerzos realizados por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, y el Ministerio del Interior y de Justicia en la Mesa Permanente de Concertación, la elaboración de documentos técnicos, diagnósticos sobre violencia y desplazamiento, y los lineamientos para el Programa de Garantía de Derechos de los Pueblos Indígenas Afectados por el Desplazamiento, los Planes de Salvaguarda para los Pueblos en Extinción se encuentran en fase de formulación, lo cual significa que los avances hasta ahora logrados, sean netamente técnicos y se limiten a la expedición de ‘papers’ sobre la situación y a teorizar sobre la acción humanitaria que se requiere, cuando esta ya ha sido expuesta tanto por organizaciones de la sociedad civil como por organizaciones que representan a los pueblos indígenas, agravando aún más la ya de por si crítica situación de las Comunidades Indígenas en medio del conflicto armado interno y que presenta precarios resultados prácticos.
MUJERES INDÍGENAS
Un factor importante al considerar la situación de los pueblos indígenas en Colombia es el hecho de que el 49% de las poblaciones están conformadas por mujeres. De ese porcentaje el 60% de ellas se encuentran desplazadas y no tienen servicio de salud. Los niños afrontan diversas enfermedades y deben movilizarse para evitar el reclutamiento forzado.
El primer aspecto a analizar es el incremento del uso de la violencia sexual en medio del conflicto armado, los testimonios de las mujeres de las comunidades revelan incremento en la violación, fenómenos como la viudez y la orfandad, derivados de la aplicación de la «política de seguridad democrática» que a sus ojos solo trae inseguridad y tensiones a sus territorios por la intervención de terceros legales e ilegales que rompen los esquemas de conformación del núcleo familiar por medio de violaciones sexuales, acoso sexual y las consecuencias derivadas (embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual entre otras), minando el tejido social y la interacción dentro de la esfera de lo social.
Las mujeres en este contexto son los objetivos más fáciles, botines de guerra, frecuentemente intimidadas por los actores armados, señaladas de colaborar con el bando enemigo derivándose la incapacidad de movilizarse libremente, trayendo como consecuencia un riesgo para la seguridad alimentaria de sus comunidades, pues tradicionalmente, la mujer es la encargada de recolectar, cazar y educar a los hijos.
En el Informe del Consejo de Derechos Humanos (15° periodo de sesiones, Naciones Unidas. Enero 8 de 2009), titulado «la Situación de los Pueblos Indígenas en Colombia: Seguimiento a las recomendaciones hechas por el relator especial anterior», se manifiesta la preocupación por el impacto del conflicto armado y la creciente incidencia de violencia sexual sobre mujeres y niños indígenas, así como por el fenómeno de reclutamiento de niños y niñas indígenas por parte de actores ilegales, sumado a la grave situación humanitaria que incluye secuestros, muertes, actos de violencia sexual y ataques contra instalaciones educativas y sanitarias.
La Consejería de la Mujer, familia y Generación de la ONIC, en el informe «Las mujeres indígenas en el marco del conflicto armado interno que vive Colombia» presentado al Foro Permanente para las cuestiones indígenas, presenta cifras preocupantes acerca de la afectación de los derechos de la mujeres indígenas en el marco del conflicto armado colombiano: «De 1974 hasta el 2009, 4.652 mujeres fueron víctimas de hechos violentos, así como 2.849 niñas y 3.363 niños y con ello se afectó a 6.287 familias.»
Otro flagelo de importante relevancia es la seguridad alimentaria y nutricional, la cual según el Departamento Nacional de Planeación se define como «disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa.»
La seguridad alimentaria se ve afectada en primera instancia por el despojo y el desplazamiento forzado al que se ven sujetas las comunidades indígenas, lo cual desemboca en la precaria situación que viven las comunidades que han sido desplazadas hacia los cascos urbanos y se ven avocados a vivir en condiciones de hacinamiento y sin garantía alguna de sus derechos; y en segundo lugar por la situación de confinamiento que viven algunas comunidades por parte de grupos armados legales e ilegales y el uso de minas antipersonas y Municiones sin Explotar Abandonadas. En las dos situaciones, los pueblos indígenas no tienen acceso a las fuentes hídricas, ni derecho sobre sus tierras para el cultivo y la caza, provocando así fenómenos como la desnutrición.
«En la Sierra Nevada de Santa Marta el 12,9% la población infantil del pueblo Kankuamo, asentado dentro del resguardo, entre los 0 y 6 años de edad sufre de desnutrición crónica, grado II, el 6,22% en grado III y el 19% se encuentre en grave riesgo de desnutrición. Se estima además, que la situación nutricional de las mujeres puede ser aún más crítica, ya que generalmente son ellas quienes sacrifican sus raciones diarias de alimentos en épocas de escasez, para satisfacer las necesidades de sus familias.»
Por otro lado, al tocar el tema de género se hace necesario referirse a las consecuencias y responsabilidades derivadas de los niños nacidos con malformaciones, enfermedades y aquellos que mueren a temprana edad, todo debido a la aspersión aérea de cultivos de uso ilícito, principalmente la coca; estrategia enmarcada en el Programa Presidencial Contra Cultivos Ilícitos (PCI) de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social), con el herbicida glifosato sin tener en cuenta el peligro potencial para el ambiente, la salud y la seguridad alimentaria.
Adicionalmente, se ha pasado por encima del Principio de Precaución contenido en la Declaración de Rio de 1992 y consagrado en Colombia como principio general de la legislación ambiental en el artículo 1, numeral 6, de la Ley 99 de 1993, «cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no puede ser invocada como razón para postergar la adopción de medidas eficaces a fin de impedir la afectación de los recursos naturales renovables y la degradación del medio ambiente.»
«La fumigación afectó, sobre todo, a niños y ancianos, lo respiratorio, en la piel dermatitis, mujeres en embarazo que han perdido sus bebés y que han muerto, no tenemos alimentación sana, entonces nacen bebés con deformaciones, contaminada el agua, los alimentos» (Marta Lucia, líder Awá).
En este contexto, la participación y empoderamiento de las mujeres en las comunidades para la transformación del conflicto es un punto muy importante para superar la exclusión y avanzar en la equidad social. Para esto la formación y capacitación para las mujeres de los pueblos indígenas es clave para crear procesos de cambio dentro de las comunidades y así proyectar esta capacidad hacia la construcción de paz comenzando desde lo local.
PLANES DE VIDA: UNA OPCIÓN PARA EL DESARROLLO
Los planes de vida son «programas integrales que contemplan los lineamientos generales de las diversas áreas de desarrollo (educación, salud, producción, fortalecimiento institucional, medioambiente, etc.» Los cuales buscan desarrollarse desde las comunidades indígenas y para las mismas, atendiendo las necesidades reales que los pueblos tengan a su parecer.
«Mediante los planes de vida, cada pueblo pretende regular las condiciones del cambio cultural, mediante la identificación de las fortalezas de la tradición (su riqueza) y sus debilidades, y cómo estas pueden ser paliadas con nuevas habilidades y capacidades que vienen de fuera.»
El desarrollo de los planes de vida comienza con el auto diagnóstico, el cual:
1. Analiza desde los saberes y experiencias propias los problemas, partiendo de lo propio y proponiendo alternativas de solución que les permita mantener los rasgos característicos de su cultura.
2. En este proceso, la inclusión de toda la comunidad se refleja en su característica participativa.
3. Es intercultural, abierto y complejo, pues se trata de realizar los planes con perspectivas propias acompañadas de miradas no indígenas para crear perspectiva. Al mismo tiempo es dinamizador, al tener una metodología participativa y reflexiva.
Los proyectos de «desarrollo» realizados con pueblos indígenas de Colombia arrojan pocos resultados. Muchos de ellos han fracasado en gran parte debido a la implementación de modelos ajenos a la cultura indígena sin tener en cuenta las características y visiones de las comunidades, las cuales son muy diferentes a la concepción de desarrollo que la mayoría de la sociedad alberga en su imaginario.
Por lo anterior, los planes de vida se perfilan como un camino viable para la superación de los problemas que padece el pueblo indígena, para superar el aislamiento y la marginación de las comunidades sin perder sus rasgos característicos. La estrategia de planes de vida, soluciona el dilema del desarrollo para los pueblos indígenas, pues no se impone un modelo que los inserte en la economía capitalista con todos los riesgos y consecuencias de participar en él.
Desafortunadamente, el apoyo gubernamental a la iniciativa de los planes de vida es muy limitada y requiere de la receptividad y la implementación de una legislación diferenciada que permita la construcción de políticas públicas que protejan y garanticen las diferencias para cada sector de la población que se haya visto afectado por el conflicto interno armado, pues cabe recordar que cada caso es particular y no se puede generalizar la victimización.
GLOBAL COMPACT, INICIATIVA PARA LA PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL
El Global Compact (GC) o Pacto Global es una plataforma política y un marco de referencia para las empresas que están comprometidas con las buenas prácticas en los negocios. Esta estrategia busca alinear las de las empresas con los principios universalmente aceptados en las áreas de Derechos Humanos, laborales, medioambientales y anticorrupción.
A partir de lo anterior, los negocios como el principal agente globalizador puede ayudar a que el mercado, comercio y finanzas avancen de manera que ayuden a consolidar economías y sociedades inclusivas a nivel global.
El Global Compact no es un instrumento de regulación, sino una iniciativa voluntaria que se basa en la transparencia y el control público, de ahí la importancia de la participación ciudadana. Colombia adoptó el GC en 1999, «en 2004 las primeras 54 empresas colombianas adherentes crean el capítulo nacional del Pacto Global», bajo el nombre de Global Compact Network Colombia, las cuales han adelantado procesos de responsabilidad social con las comunidades indígenas.
«En operación conjunta con PNUD y ACNUR la Red en Colombia del Global Compact ha iniciado acercamientos con las autoridades de las comunidades indígenas de la región de Puerto Gaitán, Meta, y con representantes de la Organización Nacional Indígena, ONIC, para estructurar un programa de generación de capacidades. El programa que se quiere poner en marcha es de generación de capacidades a estas comunidades para que logren articular un diálogo constructivo, justo, equilibrado y progresivo con las empresas, y a la vez se logre minimizar el daño y potenciar las oportunidades de desarrollo asociadas a las nuevas industrias.»
En suma, el Global Compact en Colombia apunta a replicar las buenas experiencias y las buenas prácticas en las formas de hacer negocios responsablemente, para ello, los programas de formación en Derechos Humanos para las empresas y los de formación y acción en responsabilidad social, son herramientas claves para la transformación del conflicto, en donde se ejecuten los proyectos de desarrollo sin impactar de manera negativa a las comunidades indígenas asentadas en las áreas de interés.
CONCLUSIONES
Como se ha mencionado previamente, la situación de los Pueblos Indígenas en Colombia es crítica y las violaciones a los derechos adquiridos por las comunidades son sistemáticas y continuas por parte de todos los actores involucrados en el marco del conflicto armado colombiano; por un lado, las comunidades se encuentran en medio del fuego cruzado de grupos armados legales e ilegales, los cuales no respetan la autodeterminación y la postura de los pueblos indígenas en medio del conflicto y se ven afectados por un sinnúmero de fenómenos (desapariciones, ejecuciones, violencia sistematizada, desplazamiento forzado, falta de seguridad alimentaria, riesgo de extinción, violencia sexual, ausencia de garantías para los derechos colectivos e individuales y omisión por parte del Estado colombiano).
Por otro lado la intervención de actores de carácter privado, gestores de megaproyectos, en territorios donde las comunidades indígenas tienen pleno derecho sobre las tierras, ha tenido un impacto negativo en la garantía de los derechos de los pueblos indígenas al negarles el acceso a su territorio ancestral, (lugares sagrados, fuentes de aprovisionamiento de alimentos, caza, pesca y agua). Un segundo factor en este escenario es la militarización del territorio para salvaguardar intereses económicos privados (explotación de recursos naturales sin consulta previa que se establece en instrumentos internacionales) desencadena fenómenos como el confinamiento de comunidades y las consecuencias asociadas como la desnutrición, entre otras.
Finalmente, la postura del Estado frente a la situación de las comunidades indígenas en Colombia ha sido descuidada y negligente al momento de afrontar las obligaciones que tiene con las poblaciones indígenas y con las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la sentencia T-025 de 2004 sobre el estado de cosas inconstitucionales, los autos de seguimiento para las minorías étnicas (auto 004 y auto 005), así como las recomendaciones realizadas por los Relatores Especiales sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas (Rodolfo Stavenhagen, 2004; y el Profesor James Anaya, 2009) agravando la crítica situación de los pueblos indígenas en Colombia.
RECOMENDACIONES
AL ESTADO COLOMBIANO
El Estado colombiano debe reconocer la magnitud de la situación que afrontan los pueblos indígenas en medio del Conflicto Armado en Colombia. Posteriormente, el Estado debe aceptar la responsabilidad de sus instituciones en la transgresión de los Derechos Humanos y las normas de Derecho Internacional vigente en lo relacionado a las comunidades y pueblos indígenas.
Es evidente que la respuesta del Estado a las comunidades indígenas se limita solo a la expedición de normas y a la formulación incorrecta de proyectos. En esta medida, el Estado debe aplicar los pactos internacionales y los instrumentos de protección de Derechos Humanos para la protección de las comunidades indígenas de Colombia; implementar un enfoque diferencial para las víctimas del conflicto armado colombiano y brindar así una respuesta integral a los pueblos indígena, apoyando los proyectos autóctonos que se generen dentro de los mismos sin subestimar su cultura, concepción o cualquier rasgo característico de las comunidades indígenas.
Dar cumplimiento a lo ordenado en los autos de seguimiento proferidos por la sala segunda de Revisión de la Corte Constitucional de Colombia: Auto N° 004 de 2009, Auto N° 251 de 2008 y Auto N° 092 de 2008.
Actualmente los Planes de Salvaguarda para los Pueblos en Extinción se encuentran en fase de formulación, lo cual significa que los avances hasta ahora logrados son netamente técnicos y se limitan a la expedición de documentos sobre la situación y a teorizar sobre la acción humanitaria que se requiere, agravando aun más la ya de por si crítica situación de las Comunidades Indígenas en medio del Conflicto Armado interno y presentando precarios resultados prácticos; por lo cual es necesario avanzar en la ejecución e implementación de los planes de salvaguarda ordenados por la Corte Constitucional.
Seguir en la búsqueda de una salida negociada al conflicto armado colombiano que deja anualmente cifras escandalosas sobre violaciones a los Derechos Humanos, derecho internacional humanitario y deja un sinnúmero de víctimas a causa del conflicto.
A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS
Las comunidades indígenas deben reforzar los procesos de empoderamiento de la mujer dentro de sus comunidades y de participación afuera de las mismas, esto con el objetivo de crear un ambiente justo y equitativo.
Los jóvenes deben retomar y solidificar la cultura, idioma, prácticas y rasgos distintivos de las comunidades indígenas para que esos conocimientos perduren en el tiempo, después de todo, los jóvenes de hoy serán las comunidades del mañana.
Seguir la formulación de los Planes de Vida para el desarrollo de las comunidades, con miras a posicionarlos como políticas públicas especiales para las comunidades indígenas.
Vincular a las organizaciones internacionales para que ejerzan una vigilancia y evaluación periódica sobre el cumplimiento de las obligaciones del Estado con las Comunidades Indígenas en Colombia.
A LAS EMPRESAS
Las estrategias como el Global Compact sirven de herramientas para construir un desarrollo justo, equitativo y responsable, que respete la autodeterminación de los pueblos indígenas y sus derechos.
Aplicar las buenas prácticas en los negocios que realicen. Las empresas, como agentes del mercado, tienen un rol principal en la consecución de un bienestar global fundado en el respeto irrestricto a los Derechos Humanos.
Realizar el proceso de consulta previa con las comunidades indígenas de manera honesta y transparente para obtener resultados positivos en todos los aspectos de las actividades de producción.
Integrar las iniciativas voluntarias (Global Compact, Objetivos de Desarrollo del Milenio —ODM—) en los diferentes niveles de la estrategia empresarial y desarrollar programas que generen capacidades en las poblaciones ubicadas en las zonas de interés.
A LA SOCIEDAD CIVIL
La mayor responsabilidad recae en toda la sociedad colombiana pues no somos sino nosotros los que permitimos que los derechos de las culturas indígenas sean violados sin castigo alguno, fomentando la corrupción en todas las esferas gubernamentales.
La creación de propuestas y estrategias complementarias a las formuladas por el Estado son significativamente importantes al dar una mirada objetiva al los diferentes flagelos generados por el conflicto armado, especialmente en el caso de las comunidades indígenas.
Esta coyuntura de crisis es la oportunidad para poner en uso la creatividad para solucionar los problemas y comenzar el camino hacia la transformación del conflicto colombiano.
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* Mario Andrés Alvarado es internacionalista e Investigador Académico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. Ganador de la Beca de Maestría RR II y Seguridad Internacional en Buenos Aires, Argentina.