LA GUERRA DEL SALARIO MÍNIMO
Por Iván Bornacelly Olivella*
Una batalla, una guerra o en términos más familiares, el conflicto armado en el Caquetá, siempre llega a resultados que benefician a unos pocos y terminan perjudicando a muchos.
La lucha entre trabajadores y empleadores sobre el aumento porcentual del salario mínimo no podía ser la excepción y es evidente quiénes se llevaron el triunfo nuevamente de acuerdo con la nueva cifra de 515.000 pesos. Sin embargo, el Gobierno, ante la situación de la economía en los últimos dos años, la tasa de desempleo de 11.1%, la crisis financiera global y los problemas de sostenibilidad del sistema de salud y pensiones, entre otros ítems, concreta 3.68% como incremento del salario mínimo.
El Salario Mínimo Vs. Salario de Subsistencia
El salario mínimo es la remuneración mínima a la cual todo trabajador tiene derecho para suplir las necesidades básicas de su núcleo familiar. Para su determinación, de acuerdo con el artículo 146 del Código Sustantivo del Trabajo, es necesario tener en cuenta factores como el costo de vida, la capacidad y las condiciones económicas de las empresas y del sector, así como también las modalidades de empleo. El problema de lo anterior radica en la incapacidad de los organismos públicos para determinar la variable que refleja de manera más aproximada el costo de vida, porque al parecer los ajustes por inflación no están siendo efectivos ni eficientes al momento de subsistir.
En el corto plazo, mientras que productos como los alimentos, se ajustan para este 2010 al IPC, la educación, el servicio de energía en algunos municipios y las tarifas de telefonía celular se incrementan por encima de la inflación, el combustible permanecerá igual solo el primer mes del año y en Bogotá ya se hizo efectivo el aumento de la tarifa de transporte en 100 pesos.
De esta manera el objetivo que está detrás del concepto del salario mínimo queda en la cuerda floja. No existe congruencia alguna entre la idea de “salario” que le permite al individuo subsistir como agente en un mercado imperfecto y el salario mínimo efectivo que determina el Estado. Lo que quiere decir que la divergencia entre la necesidad del trabajador y la capacidad de los gremios y del Gobierno de brindar un incremento por lo menos cuatro puntos superiores al 3.68%, al parecer nunca será posible.
¿Gremios o Sindicatos? ¿Quién tiene la razón?
Tanto los empleados como empleadores tuvieron sus razones para encontrarse sesgados antes las posibilidades que estaban solicitando, un aumento alrededor del 7% o un incremento alrededor del 3% respectivamente. Por obvias razones son los gremios quienes quieren pagar menos y los sindicatos lo que luchan por una mejor paga, pero detrás de esto, están dos situaciones fundamentales que sustentan cada una de las posiciones.
Por parte del empleador, un incremento significativamente superior al 3% puede ser contraproducente hasta para los mismos trabajadores. En términos microeconómicos, el salario mínimo es el precio de la mano de obra que se encuentra por encima del valor en equilibrio. Según la teoría, el hecho que se presente dicha divergencia entre el salario establecido por el Estado y el salario en equilibrio genera desempleo. Lo que quiere decir que un incremento significativo del salario mínimo genera mayores costos directos (costos variables y de nómina), e indirectos (contribuciones y parafiscales) de los cuales el empleador no estaría capacitado en asumir, reduciendo el número de trabajadores que quiere contratar.
Por parte del trabajador, el bajo incremento del salario mínimo puede que no sea suficiente para garantizar la subsistencia y el sostenimiento de una familia compuesta por madre, padre e hijos. Seguramente no habría incentivos para la reactivación del consumo y por lo tanto de la economía y las condiciones del empleado no mejorarían. Es posible que quien lleve las de perder sea el trabajador, porque es quien sufre las alzas de los productos de la canasta familiar y no es probable que en el año se incrementen una sola vez los precios de los bienes y que la inflación se mantenga alrededor del 3%.
¿Y el Estado?
El Estado como mediador debe favorecer de alguna forma las posiciones presentadas tanto por los gremios como por los sindicatos, pero esto nos lleva a lo que se mencionó al inicio de este artículo: “Una lucha donde al final quien la lleva de perder son los trabajadores”.
Sin embargo, el Gobierno dejó clara la situación y contextualizó el estado de la economía. La inflación como la más baja de la historia, los costos en pensiones de cada punto porcentual en que se aumente el salario y la disminución en productividad son algunos de los factores en el que se fundamenta la decisión del incremento del 3.68%. Ante esto y ante el hecho de que el Gobierno es quien resuelve la discrepancia y quien “manda la parada” no se puede hacer nada. El Gobierno, sujeto a los puntos que tocó para defender su posición, asegura su victoria y defiende su posición estando en lo correcto.
La Nación está pasando por problemas políticos (un gobierno reelegible o no), sociales (casi la mitad de la población es pobre y existe una alta tasa de desempleo) y económicos (más específicamente, finanzas públicas) donde este último podría ser la verdadera justificación, en busca de una solución inmediata, del por qué no más del 3.68%.
El sistema de salud y pensiones está apunto de colapsar. Cada vez se asemeja al agujero por donde el conejo de Alicia se metió, pero esta vez no tendrá fin y nunca volverá a asomar la cabeza. La “autosostenibilidad” sigue siendo una utopía, preocupando no solo a quienes cotizan y se benefician, sino también a quienes lo necesitan. A esto se le suma el hecho que Colombia, en Latinoamérica, es uno de los países que tiene menor carga impositiva, el que mayores exenciones otorga y uno de los países que menor ingreso por recaudo de impuestos presenta, según estudios de la CEPAL. Y el hecho de sumarle 200 mil millones de pesos no ayudaría a la economía mucho en estos momentos.
A pesar de que el trabajador es quien sufrirá con el bajo incremento, el Gobierno tomó una buena decisión. Con base en las razones expuestas, la coyuntura internacional con respecto a las secuelas de la crisis y la situación económica del país, es de cierta forma válido el porcentaje en el que se incrementó el salario. Hay que reconocer que la decisión fue sabia aunque un 4% (para redondear la cifra) no hubiese sido grave.
Esperemos, que en efecto, el incremento de 18.100 pesos permita oxigenar y reactivar la economía. Se resuelva la actual situación del sistema pensional, disminuya la tasa de desempleo y sobrevivan los más de 3 millones de trabajadores colombianos que subsisten con este salario. La decisión es sólida y está fundamentada en factores importantes que definen la situación actual de la economía colombiana. Empleadores regocijados y trabajadores temerosos del año que les espera, Gobierno en la pelea, concentrándose ahora junto al Banco Central para que la política de “inflación objetivo” sea efectiva y se mantenga el 3% que se ha proyectado.
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*Estudiante de séptimo semestre de Economía y sexto semestre de Administración. Candidato a Maestría en Economía. Actual Representante Estudiantil de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Trabajó junto a Juan José Echavarría, codirector del Banco de la República, en el área de Macroeconomía y Rosa Isabel González, profesora asociada de la Facultad de Administración de los Andes, en el área de Análisis Financiero y Planeación Financiera. Codirector de la Revista Económica Supuestos y miembro de su Comité Editorial.