CUANDO EL PERIODISMO ES CUESTIÓN DE GÉNERO
Por Marco Lara Klahr*
«Tenemos una prensa hecha para hombres, muy hormonizada»
Johan Galtung
Veamos, en una noticia sobre delito de un día cualquiera, las prioridades implícitas de quienes la emitieron —la fuente—, reportearon, escribieron, editaron y publicaron: «Unas 25 personas armadas robaron siete mil metros de cable eléctrico, herramientas y 12 mil pesos destinados a la nómina en la obra de construcción de una tienda […]. La policía municipal indicó que los atacantes amordazaron y golpearon a 20 albañiles y tres vigilantes de la obra».
Bien, parece una noticia «roja» más, si no fuera porque añade: «Además, al menos siete abusaron sexualmente de una mujer de 18 años que había llevado cena a su marido y la dejaron inconsciente; otra fue golpeada porque menstruaba y no quisieron violarla». Esta breve pieza periodística es una muestra inmejorable del «modelo mental» que determina el ‘frame’ bajo el que se produce la información noticiosa industrial en México, donde la violencia de género no sólo suele ser confinada a la «nota roja», sino rebajada a un segundo plano, como hecho fortuito.
En el universo de las industrias culturales, entre el conjunto de medios de comunicación se cuentan los noticiosos. Esta precisión es relevante cuando se analiza la relación entre noticias y violencia de género, también porque permite reflexionar eludiendo la carga, digamos, pasional del asunto: cuando se habla del papel social de los medios noticiosos es frecuente que muchos expresen lo que consideran afrentas de los periodistas a la ciudadanía y aún a la inteligencia. Tienen razón. Pero transformar esta atmósfera mediática, liberarla de los frames noticiosos que implican en sí mismos, de diversas maneras, violencia contra las mujeres o su re–victimización, exige remontar esa actitud visceral. Transformar exige primero comprender.
En todo caso, citando a Norma Añaños , viceministra de la Mujer en Perú, «la prensa cambiará cuando deje de informar sólo en masculino». Pero eso ocurrirá sólo mediante un largo proceso de transformación cultural que implica fuentes, medios noticiosos, periodistas y audiencias de una industria de tan potente y creciente capacidad de replicación de los discursos como compleja.
Aparte de muchas otras cosas, la de las noticias es una industria; sui géneris, sí, pero al fin industria. Los medios noticiosos industriales, como cualquier otra industria, están sometidos a una cadena de producción con sus respectivas rutinas, determinadas por ciertos procesos. Básicamente, al principio de la cadena de producción está la información, que es la materia prima, y al final se hallan las audiencias, las cuales equivalen a consumidores.
Y justo los problemas o distorsiones de la manera como se informa acerca de las mujeres y la violencia de género —incluidos la violencia machista y los crímenes de odio machista— deben buscarse en cada una de las rutinas de la cadena de producción de noticias. Quedarse sólo en la contemplación frustrada o furibunda del producto (las noticias mismas, publicadas a través de los medios periodísticos industriales) no basta, porque la industria noticiosa está determinada, cierto, por dinámicas económicas y culturales de orden estructural, pero también por el origen y la calidad de su «materia prima» y su «clientela».
En la cultura institucional de las redacciones de los medios noticiosos industriales, las rutinas ocurren más o menos de este modo:
1 Cada editor(a) de sección o general emite noche a noche «órdenes de información», casi siempre basadas en las propuestas de los propios reporteros(as), los boletines de prensa, las convocatorias a conferencias de prensa o actos oficiales, los temas de la noche abordados en los noticieros y los asuntos que están exponiéndose a través de la Web, lo mismo en páginas gubernamentales que en las redes sociales virtuales;
2 la planta de reporteros(as) se guía por esas órdenes de información para cubrir no sus «fuentes», como se hacía todavía en el pasado reciente, sino su «sector», que se establece por afinidad de asuntos —seguridad y defensa, procuración de justicia y tribunales, educativas y ambientales, por ejemplo—, atendiendo además nuevas noticias o «notas trabajadas» que son notas informativas fuera de la agenda diaria, con mayor diversidad de fuentes y contexto, aunque sin pretensiones de investigación periodística;
3 en las redacciones de los medios industriales, la cultura institucional establece implícitamente que las fuentes gubernamentales tienen preeminencia sobre cualquiera otra. Esto puede obedecer a diversos factores, como el que
a) históricamente, desde su surgimiento como industria, en el siglo XIX, los medios y las y los periodistas en México han estado instrumentalizados en diferente grado por algún o algunos poderes políticos o económicos;
b) el ejercicio autoritario del poder gubernamental, que ha considerado a los medios como un apéndice, tiende a someterlos;
c) las instituciones del gobierno tengan mayores recursos económicos y de infraestructura para hacer prevalecer, en una coyuntura dada, sus versiones sobre las de otros actores sociales —atendiendo a la teoría de los «definidores primarios»—;
d) la dependencia de los y las periodistas respecto de los sectores que cubren, ya por corrupción, ya por confluencia ideológica, ya por empatía personal con los operadores comunicacionales del gobierno, por temor a que éstos les nieguen u oculten información, ya porque los cambien de sector tras la queja de un comunicador institucional u otro servidor público o político; y
e) la no poco frecuente empatía de las y los dueños de medios y las y los periodistas con determinados gobernantes;
4 así, el mayor porcentaje de contenidos noticiosos de los medios periodísticos industriales tiene como fuente única o prevaleciente la gubernamental —como es evidente en la nota sobre el asalto a una tienda en construcción citada al principio— relegándose a las fuentes académicas, las de la sociedad civil o las testimoniales. A través de conferencias o boletines de prensa, entrevistas, documentos oficiales —muchas veces «filtrados»— o actos públicos gubernamentales —y a veces hasta escenificaciones previamente montadas para los medios—, los servidores públicos proveen a las y los periodistas de la materia prima que luego prevalecerá en los medios noticiosos industriales;
5 los editores suelen exigir a los y las reporteras la versión oficial cuando el emisor de la información es otro actor social, pero no necesariamente exigen lo contrario cuando el emisor es el gobierno;
6 la edición y publicación de los contenidos resultantes se basa en los contenidos mismos, no hay verificación ni mucho menos ‘fast–checking’; tampoco reglas específicas establecidas ni siquiera cuando están en juego los derechos ciudadanos de los actores de las noticias. Un argumento es que el tiempo no lo permite, como si en el periodismo lo más importante fuera vender una noticia y no informar.
A estas rutinas industriales, que determinan prácticas culturales de la profesión periodística ampliamente aceptadas dentro de las redacciones, les son inherentes varios riesgos respecto de la calidad y veracidad de la información que llega a las audiencias a través de los medios informativos industriales. Pero persisten en gran medida porque para las empresas noticiosas es barato llenar sus espacios noticiosos con información producida a tan ínfimo costo.
Lo que teóricamente distingue a los periodistas, así como a los medios periodísticos profesionales —industriales o no—, de cualquier otro productor de información noticiosa son el método y la técnica, pero principalmente la misión. El periodismo ofrece todo tipo de enfoques, herramientas y delimitaciones deontológicas para acopiar, producir y emitir noticias veraces, contextuales y oportunas; noticias verificadas, confirmadas, de hechos constatables. También aporta paradigmas que le dan al ejercicio periodístico y al papel de los medios informativos un sentido de responsabilidad social . Pero las empresas noticiosas industriales en México no se caracterizan por su disposición sostenida a invertir, optando por la barata información gubernamental, al margen de su confiabilidad.
Es cosa de imaginar. ¿Cuánto le cuesta a una empresa de noticias enviar a un reportero(a) mal pagado, mal entrenado, expoliado laboralmente, sin siquiera el equipo de comunicación indispensable —por caso, una computadora personal, una conexión inalámbrica a internet o un teléfono móvil sufragados por la empresa— a cubrir una conferencia de prensa, tomar de un sitio Web un boletín o esperar a un funcionario público fuera de su oficina para recoger una declaración? Mucho menos que lo que le costaría pagarle dignamente, profesionalizarlo, equiparlo y permitirle cruzar los datos, diversificar las fuentes y documentarse para contextualizar la información .
«Policías de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) detuvieron en las inmediaciones de La Merced a un sujeto que asesinó y descuartizó a una mujer de 23 años, quien tenía siete semanas de embarazo».
«El homicida Andrés Tenorio Cabello, de 19 años, reconoció haber privado de la vida a Rebeca Girón Jiménez, a la cual propinó 46 puñaladas, le desprendió las piernas y el resto del cuerpo lo escondió un día en la azotea de su casa, para después tirarlo en calles de la Venustiano Carranza».
«Durante la presentación de este sujeto, el fiscal central de Investigación para Homicidios de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas, Joel Alfredo Díaz Escobar, informó que las indagatorias iniciaron el 31 de diciembre del 2009. Ese día se encontró un par de piernas entre la basura y ropa con manchas de sangre en la esquina de Juan de la Granja y Abraham Olvera, en la colonia Merced Balbuena».
¿Cuánto costó producir esta noticia? Se basa en una sola fuente, que convocó a una conferencia de prensa. ¿Qué desafío periodístico planteó? Ninguno, ni siquiera contiene el resultado del reporteo, que es el trabajo de campo de las y los periodistas. ¿Se verificó la veracidad de la información? No se advierte de la lectura de la nota. ¿Qué aptitudes e instrumental profesional le exigió al periodista producirla? Nada que no pueda hacer cualquiera. ¿Qué priorizaron el periodista y el medio al publicarla? La acción de las autoridades y la satanización del detenido; nada de las causas estructurales y el contexto.
No es sólo que en estas circunstancias los periodistas sean confinados al rol de maquilador de datos tantas veces inciertos, al de un obrero general dentro de la cadena de industrialización de noticias, sino la calidad, veracidad y utilidad de la información periodística que recibe el público.
Toda industria funciona con certeza gracias a la estandarización de sus procesos, incluidos los de control de calidad. A nivel global, la noticiosa tiene los suyos, que se establecen en códigos de ética, estatutos de redacción y manuales de procesos. En estas «brújulas» se asienta lo que se puede y lo que no, lo que debe hacerse para que la información contenga un cierto grado de calidad como mínimo. Pero en México no es frecuente que esto exista, o existe en la letra, pero merced a la cultura de las redacciones, las prácticas, el «modelo mental» acaba imponiéndose a cualquier instrumento auto–regulatorio.
Particularmente en el asunto de género —como en muchos otros— esos estándares proscriben el uso de expresiones e imágenes denigrantes, lo mismo que explicaciones reduccionistas acerca de la violencia machista y enfoques machistas o sexistas. Por caso, la noticia que sigue —titulada, por cierto, «¡Amores perros!»— sería impublicable si se aplicaran tales estándares : «Porque se negó a regresar a su lado y durante una discusión se enteró que andaba con otro hombre, celoso sujeto asesinó a puñaladas a su esposa y luego se quitó la vida con la misma arma homicida».
Pero cómo aplicar estándares en una industria como la noticiosa mexicana, que funciona con los niveles de abaratamiento e improvisación descritos, y alejamiento emocional de los dramas humanos. No es que no haya estándares, pero los existentes son informales, en el sentido de que es habitual que no estén asentados en un documento que todos en la redacción conozcan, interioricen y apliquen; se insertan en el ámbito de «usos y costumbres», son de transmisión oral y se refieren fundamentalmente a no usar insultos implícitos y a «cuidar» particularmente todo contenido que se refiera a actores públicos poderosos o a aquellos con los que se tiene coincidencia ideológica, aparte de incluir la versión oficial en los casos donde la fuente de la noticia no sea la oficial.
Una industria tan altamente dependiente de información gubernamental no verificada, e inverificable en tantos casos, no puede al mismo tiempo tender al establecimiento de estándares. No puede porque considera que no los necesita, sino que se complace con difundir la versión oficial. No puede porque elude su responsabilidad social, que es la de ser instrumento para la consecución del derecho ciudadano a la información. No puede porque tendría que redefinir, entre muchas otras cosas, su estrategia de negocios, dejando atrás su rentable función de mediador de noticias baratas aunque inservibles y poco fiables.
En el tema de medios noticiosos industriales y violencia de género debe considerarse también especialmente el tema ideológico. A los enfoques noticiosos les es inherente un componente machista y sexista.
Esta afirmación es reforzada implícitamente por la medición hecha por Sallie Hughes, de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Miami, la cual incluye tanto a las y los periodistas como a los actores de las noticias mismos. Tras analizar un conjunto de «transmisiones de El noticiero con Joaquín López Dóriga de Televisa y Hechos de la noche de TV Azteca, en junio y principios de julio de 2003», encontró que «los varones reportearon el 85 por ciento de las noticias», a la vez que «fueron varones» el 87 por ciento de «quienes aparecen en las noticias».
La incorporación creciente de mujeres periodistas a partir de los años ochenta no se ha expresado en un cambio en la cultura institucional de las redacciones, que siguen siendo predominantemente dirigidas por varones o donde el tema de diversidad y equidad de género —y no sólo el de violencia de género— no transversaliza las rutinas de producción y publicación de noticias. Es habitual que las mujeres que producen noticias asimilen al contratarse en las redacciones esos mismos usos y costumbres, haciendo a un lado lo aprendido durante sus estudios superiores y sus propios —y absolutamente legítimos y reivindicables profesionalmente— intereses de género .
«Se trata de una realidad que afecta profundamente a las y los periodistas, que han incorporado la escala de valores y pautas culturales que sustentan el modelo discriminatorio y desigual de la sociedad, y que han aprendido sus habilidades en ese contexto educativo. Por ello, es imposible pensar que estas experiencias no tamicen su interpretación de los hechos».
De manera específica existe una correlación directa entre el frame noticioso denominado coloquialmente «nota roja» y el machismo. No es una correlación forzada. Un ejemplo útil es el del tratamiento noticioso de la violencia atribuida por el Estado a la delincuencia organizada. Para efectos prácticos, los medios noticiosos industriales decidieron secundar y replicar el discurso beligerante del presidente Felipe Calderón y miembros de su gabinete, basado en una supuesta guerra contra las organizaciones que trafican con drogas. Por ahora, es insostenible legal o conceptualmente que México viva una guerra propiamente dicha. Pero el cliché «Guerra contra el narcotráfico» define la principal estrategia comunicacional del régimen calderonista, tal como si la sociedad y el espacio público pudieran concebirse sólo como la continua persecución de policías y ladrones.
Una arista del análisis de este discurso que se ha convertido en forma omnipresente de ejercicio del poder es el de la reivindicación de la violencia policiaco–militar como la manera prevaleciente de resolver los problemas estructurales de seguridad y de justicia penal, que en este caso no son concebidos como derechos ciudadanos, según la criminología crítica, sino como recursos de contención social, de represión discrecional. Es clara una visión autoritaria–machista que no podría dejar de permear la mentalidad y los comportamientos de millones de mexicanos.
Los medios noticiosos industriales son la caja de resonancia de esa visión guerrerista de ejercicio de poder. A través de ellos se impone en la agenda pública y luego en la agenda personal la idea de que el más fuerte es el más capaz o cuando menos el más impune. Desafíos como el de «Señores, los estamos esperando. Métanse con la autoridad y no con los ciudadanos», dirigido en julio de 2009 por el secretario de gobernación, Fernando Gómez Mont, a una organización criminal asentada en Michoacán , por vanos que sean, podrían resultar para la ciudadanía una lección de machismo, síntoma de un régimen que ha sucumbido frente a su responsabilidad de proveer seguridad a los ciudadanos.
El frame noticioso del «infoetretenimiento», característico de la posmodernidad, no podría ser mejor como enfoque de tratamiento periodístico para este discurso guerrerista–machista, porque en las recreaciones notanrrojeras de «la guerra según Calderón» se disemina una interpretación de la realidad donde las víctimas se cuentan por cifras, a granel, o son criminalizadas; los ciudadanos que entran en contradicción con la ley son condenados antes de serlo por un tribunal.
Infoentretenimiento «resulta de la fusión de las palabras información y entretenimiento» y se utiliza para «definir un formato mediático que espectaculariza, con fines comerciales, los temas noticiosos y su tratamiento», de modo que «Para atraer audiencias, los escenarios de conflicto y sufrimiento humano son presentados en las noticias con un toque de expectación, como si se tratara de competencias deportivas, talk shows o historias de ficción».
Apenas en febrero de 2010, un medio emitió una video–noticia que permite observar la potencia descarnada del infoetretenimiento. La historia se reduce a lo dicho ante el Ministerio Público de la Federación por un detenido por el caso de 16 jóvenes asesinados en Ciudad Juárez, en enero de 2010. Basta escuchar la musicalización, la entonación del narrador y el cierre de la nota, «dales parejo, ya valieron todos». Se percibe una voluntad crítica sobre la acción gubernamental para aclarar judicialmente la matanza, pero la historia así abordada termina legitimando la visión gubernamental de que las víctimas son merecedoras de su destino atroz por haberse implicado en tráfico de drogas al servicio de una organización criminal .
La escasa transparencia de las instituciones de la política criminal en México y las prácticas aceptadas dentro de las redacciones obligan a las y los periodistas a producir este tipo de contenidos. Pero también la evidente empatía de las y los periodistas con la idea de que los problemas estructurales de la seguridad y la justicia penal deben resolverse con la fuerza, a cualquier costo. No hay causas económicas ni sociales. No cuentan la pobreza, el desempleo, la exclusión y las patologías sociales. Sólo la persecución de los «malos» a cargo de los «buenos». Mucho menos pueden esperarse empatía e interés hacia las víctimas.
En 1996, la 49ª Asamblea Mundial de la Salud adoptó la Resolución WHA49.25 , que «DECLARA que la violencia es un importante problema de salud pública en todo el mundo» y según la cual el «dramático aumento en todo el mundo de la incidencia de lesiones intencionales» afecta «a personas de todas las edades y de ambos sexos, pero especialmente a mujeres y niños».
En los frames de la industria noticiosa mexicana esto no parece haber sido registrado, como tampoco esta aseveración: «Aunque la tecnología satelital permite en la actualidad que ciertos tipos de violencia —terrorismo, guerras, motines y disturbios callejeros— aparezcan a los ojos del público televidente todos los días, es mucha más la violencia que ocurre fuera de la vista en los hogares, los lugares de trabajo e incluso en las instituciones médicas y sociales encargadas de atender a las personas. Muchas de las víctimas son demasiado jóvenes, o están muy débiles o enfermas para protegerse. Algunas se ven obligadas, por las convenciones o presiones sociales, a guardar silencio sobre las experiencias vividas». Y la de que «La violencia se puede prevenir».
En la industria de las noticias de México se privilegia y sobre-expone la versión gubernamental de la violencia relacionada con la «Guerra contra el narcotráfico», invisibilizándose de manera inevitable la violencia estructural a la que se alude en los párrafos anteriores, que «es mucha más» y afecta «especialmente a mujeres y niños». En el mismo tenor, los sucesos violentos son atribuibles, de manera aislada y sin contexto, a maldad y nunca, por ejemplo, a «un importante problema de salud pública».
No hay forma de que la industria de las noticias se transforme para bien del interés público si no se resuelven las distorsiones de las rutinas de la cadena de producción y no cambian los «modelos mentales» de las y los periodistas y los comunicadores gubernamentales, echando mano del enorme acervo auto-regulatorio y de profesionalización disponible en el mundo.
Ese acervo da un sentido de interés colectivo a la función del medio noticioso y la o el periodista en el espacio público, e impone que no puede haber un periodismo socialmente útil que no considere los derechos ciudadanos, y de manera enfática los de los grupos sociales más vulnerables, entre los que destacan las mujeres.
El «periodismo cívico», el «periodismo preventivo», el «periodismo de paz», el «periodismo de proximidad», el «periodismo hiperlocal», el «periodismo sensible al conflicto» o el «New new journalism» son apenas algunos paradigmas periodísticos creados desde los propios periodistas o la sociedad civil para dar fundamento filosófico, metodología y técnica al ejercicio periodístico.
Las previsiones más catastrofistas anuncian la muerte de la profesión periodística como la conocemos hoy, aunque no del periodismo. Juan-François Fogel y Bruno Patiño, por caso, afirman que la Web ha propiciado que se esfume la frontera entre las y los periodistas y la audiencia, y que «En una red abierta, donde ya entonces [en el primer lustro del siglo XXI] cerca de mil millones de internautas podían producir, agrupar y mover información, no queda ningún espacio reservado para los periodistas».
Quizás el «espacio» que podríamos encontrar las y los periodistas profesionales no esté en pretender competir en velocidad u oportunidad con las redes sociales virtuales o los medios industriales dedicados a ofertar «contenidos agregados», independientemente de su calidad y veracidad. Es probable que nuestro espacio se encuentre en el ejercicio profesional del periodismo socialmente responsable, basado en estándares éticos, metodológicos y técnicos, que favorezca el bien público y dé voz a los que menos la tienen, incluidas las mujeres violentadas.
Un documento reciente vuelve a exhibir que en la transformación democrática del ejercicio periodístico y los medios noticiosos el tiempo no sobra: El Informe sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos en México, de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sitúa a los «medios de comunicación» entre los «presuntos perpetradores» de agresiones contra defensores de derechos humanos en México, puesto que «son frecuentemente señalados como responsables de declaraciones de desprestigio en contra de determinadas organizaciones».
Específicamente, «autoridades locales… utilizaron los medios de comunicación para descalificar el trabajo de las y los defensores y difundir una imagen distorsionada de las causas que los motivan. Las campañas de desprestigio no sólo originan desinformación, daño a la imagen personal y aumento a su situación de vulnerabilidad, sino que además provocan que la ciudadanía deje de identificarse con el trabajo de defensa de derechos humanos y se restrinja el nivel de solidaridad».
Y entre los diversos efectos sociales perniciosos de esto se cuenta el de género: «Entre las declaraciones públicas de desprestigio (…) destacan: el cuestionamiento a los informes presentados por las organizaciones de derechos humanos, el poner en duda la neutralidad de las y los defensores debido al origen de sus recursos, el presentarlos como personas que sólo buscan lucrar con las causas que defienden, el descalificar sus causas al afirmar que sólo se trata de personas manipuladas por actores políticos opositores y el sostener que el crimen organizado se refugia en las y los defensores para legitimar su acción. Asimismo, la OACNUDH tuvo información sobre los ataques a defensoras que se enfocaban particularmente en denigrar su condición de género o a cuestionar su reputación».
En democracia no hay, sin embargo, actor social capaz de auto–contenerse sin contrapesos. La interrogante en este sentido es dónde están las audiencias, contrapesos naturales de los medios noticiosos industriales y sus periodistas. Son los contrapesos naturales porque constitucionalmente tienen derecho a la información, y una industria noticiosa como la brevemente descrita afecta ese derecho o cuando menos no le sirve para ejercerlo de manera plena. Unos medios así las intimidan paralizándolas, o la entretienen, pero no la informan.
En México, es momento de que los ciudadanos asuman su responsabilidad respecto de la calidad de las noticias y, en general, de la atmósfera mediática, rebasando la perspectiva pasional que se resume en consignas panfletarias como la de «prensa vendida». En este caso, también hay un acervo en el mundo, concebido para dotar de enfoques y herramientas a los ciudadanos que los conviertan en agentes proactivos en la transformación democrática de la industria noticiosa, en contrapeso del poder mediático.
Específicamente, existen los Media Accountability Systems (sistemas ciudadanos de rendición de cuentas de los medios), que ofrecen metodología y técnica para la acción ciudadana frente a los enfoques y agendas de la industria de las noticias. Van desde las cartas dirigidas a los medios periodísticos sobre contenidos específicos y los ‘ombudsman’ de las audiencias, hasta los observatorios de noticias o medios, iniciativas de profesionalización, sensibilización e incentivación de los periodistas, y la fundación de medios informativos a través de los cuales proveerse información de las fuentes directas y fiables, o que se constituyan en watchdog de los medios noticiosos industriales.
Gracias al tránsito hacia lo que Nicholas Negroponte llama la «sociedad de la pos–información», que entre muchas otras cosas implica la articulación ciudadana en el espacio digital, a través de las redes sociales y otros espacios virtuales autogestivos, esto es más posible que nunca.
Una iniciativa de Media Accountability Systems que implicaría en sí misma la alianza entre las audiencias (representadas por organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas, por ejemplo) y los medios noticiosos industriales sería un «pacto», «acuerdo» o «compromiso» mediante el cual los medios periodísticos se comprometieran a omitir cualquier información noticiosa que
i) afecte los derechos al debido proceso, de personalidad y de «autodeterminación informativa» de los actores de las noticias; o, en el caso del tema de género,
ii) presente, legitime, exalte o refuerce visiones machistas o sexistas, además de visibilizar toda expresión de violencia de género —asumiendo que ésta debe entenderse como «cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado».
Como puede constatarse en el Acuerdo por la Discreción , firmado por representantes de decenas de medios industriales de Colombia en 1999, a instancia de la Universidad de La Sabana, y el compromiso de nueve puntos signado por algunos de los más importantes medios industriales de noticias en El Salvador, en 2006, el sentido de los pactos, acuerdos o compromisos no es en modo alguno instaurar la censura, sino, entre otros, compatibilizar los derechos de libertad de prensa y libertad de expresión de las empresas noticiosas y los periodistas, con el derecho a la información de los ciudadanos y el respeto a los derechos de los actores sociales, además de evitar formas apologéticas de la violencia —la machista incluida.
En México, un acuerdo de medios sobre contenidos noticiosos relacionados con violencia de género contribuiría, para comenzar, a que la aspiración explícita contenida en el título de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia dejara de ser pura retórica.
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* Marco Lara Klahr es periodista en temas de violencia y derechos ciudadanos desde hace 29 años, egresado de la UNAM, se desempeña como reportero de investigación de Efekto TV, director de minimedia otromexico/contenidos para medios, coordinador del Proyecto de Violencia y Medios en Insyde, y consultor de Justice Initiative. Su libro más reciente, en coautoría con Francesc Barata, es Nota(n) roja. La vibrante historia de un género y una nueva manera de informar (Debate, 2009). Recibió el Premio Nacional de Periodismo en 2009 y 2000.