EVOLUCIÓN DE LOS PROCESOS POLÍTICOS DEL CONFLICTO COLOMBIANO
Por William Alberto Giraldo Sánchez*
La historia de Colombia se ha desarrollado en medio de un clima de conflictos que ya casi llegan a los doscientos años. Intrigas, asesinatos ideológicos, alianzas y conspiraciones matizan todo el campo de la política desde el siglo XIX hasta los albores del siglo XXI y sin embargo la perspectiva de una salida posible parece difuminarse constantemente por la falta de voluntad de las partes que están inmersas en dichas dinámicas dejando como víctimas a la población civil en medio de un fuego cruzado.
El conflicto en Colombia se ha generalizado y agudizado al tiempo, los métodos o instrumentos de violencia cada vez son más indiscriminados y más crueles, la distinción entre combatientes y civiles se hace más frágil, llevando a que organizaciones internacionales presten mayor atención al desarrollo de las hostilidades que el actual gobierno niega ante la nomenclatura de amenaza terrorista. Pero los hechos terroristas de alguna organización no podrían catalogar la misma como tal, lo que no se ha distinguido bien por el afán de alinearse con las políticas internacionales de los Estados Unidos.
Para entender un poco el problema que acontece hoy en el país ante la situación de las guerrillas y el gobierno, habría que remontarse a los años 50 donde surgen las condiciones que llevan a que varios grupos de personas empuñen las armas ya entrados los años 60. En 1948 los sucesos acaecidos por la muerte del caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán degeneraron en una manifestación de la violencia directa, enfrentando colombianos ante las posiciones bipartidistas. Torturas, grupos de sicarios y autodefensas emergen del seno de los mismos partidos tiñendo las calles con sangre y miedo, pero sobre todo con el color de la intolerancia y la radicalización.
Pero ¿cómo entender este proceso sin determinar de manera clara que es en sí la violencia? A la luz de Hannah Arendt, ésta es un instrumento que es utilizado en la medida que el poder desaparece o se pierde sustantivamente, por lo que la relación entre ambos elementos es inversamente proporcional. Sólo el poder surge donde hay consenso o asentimiento colectivo, cuando los que convienen proyectan su deseo de ser representados de manera legítima. En efecto el poder no recurre a la violencia ni de esta surge, pero la violencia si puede generar las condiciones para que se establezca un poder consensuado con lo cual se podría explicar un poco cómo algunos grupos guerrilleros con las armas y acciones violentas han ganado espacios en la vida política de las naciones llegando incluso a ser elegidos de manera legítima a través de la democracia, en cambio aquellos grupos que se han tomado el poder por las armas asimilándolo de facto jamás podrán ser legítimos ya que no permiten un asentimiento colectivo que los denomine representantes de los intereses generales de un pueblo.
En los años 50 el problema en Colombia se había agudizado muchísimo mas, el brote de violencia rural y urbana llegaba a límites insospechados, se estableció urgentemente una junta militar que subiría al general Gustavo Rojas Pinilla en 1953, quien se tomó el poder sin derramar una gota de sangre. Este gobierno militar instauró una tregua con aquellos grupos de autodefensas de inclinación liberal que se habían asentado en las montañas colombianas. Los que posteriormente serían llamados guerrillas liberales y que pasarían a convertirse en 1964 en las FARC.
Ya restablecida la aparente paz en el país, el gobierno acuerda con los partidos liberal y conservador un periodo de 16 años donde se alternarían de manera pacífica el mando. Nació entonces el Frente Nacional. Alianza política de conveniencia mutua que garantizaría la inestable paz al menos en el próximo decenio, excluyendo la injerencia de otros sectores o ideologías políticas en el asenso al poder. El Partido Comunista por ejemplo se vio alejado de sus pretensiones y comenzó a apoyar a estas guerrillas liberales que luchaban por una reforma agraria y una distribución equitativa de la tierra. Aunque la posición inicialmente de estos grupos no era marxista, sí abogaban por una mejor distribución al campesinado de tierras. Su lucha era por dichos requerimientos hacia el Estado y no hacia los hacendados ni grandes latifundistas, lo que cambiaría mas adelante, cuando las ideas del Partido Comunista y en especial los procesos generales de América Latina penetraran ideológicamente a líderes como Pedro Antonio Marín.
En 1964 el gobierno nacional lanza un ataque hacia la «República de Marquetalia» en departamento del Tolima, residencia de las guerrillas liberales que no se habían acogido a las políticas de tregua y desmovilización. Se lanzaron en el ataque bombas Napalm con el fin de erradicar dichos focos que amenazaban con generalizarse en el país. Aquí la violencia se hace patente desde la tesis de Hannah Arendt. En un famoso debate de 1961 Álvaro Gómez Hurtado reconocía la existencia de repúblicas independientes donde el ejército no podía entrar, es decir existían estados dentro del Estado donde su poder legítimo había dejado de existir, un poder que se intentó recuperar a sangre y fuego dejando como resultado el inicio de las FARC como organización política guerrillera declarada. La violencia bajo estos auspicios permitió una escalada del conflicto hasta nuestros días tanto por la tenencia, como por la recuperación o acceso al poder. Los años 60 no solo fueron los años del nacimiento de las FARC también fue la década del ELN y el EPL.
El ELN tuvo una fuerte concentración de integrantes de procedencia urbana, algunos de sus dirigentes de tendencia cristiana y de formación universitaria. Marcaron su rumbo desde un plano político inspirado en la revolución cubana de 1959. Camilo Torres decidió tomar las armas e ir al combate, pero su influenciado por el mundo de la rebeldía e inspirado en la Teología de la Liberación, corriente de una ala de la iglesia que tuvo repercusión en algunos dirigentes revolucionarios de América latina.
Por otro lado el EPL surge también como movimiento armado pero con una clara diferenciación política ante las FARC y el ELN y es que este simpatizaba con la revolución popular que había adelantado Mao Tse Tung en la china desde 1949, sosteniendo la tesis tripartita de alianza del partido, seguidores y ejército armado. Desde esta distinción lejana de los tres principales grupos se puede entender o determinar claramente que las guerrillas colombianas en su proceso de formación nacen divididas y operan bajo principios diferentes, pero buscando un objetivo más o menos sincrético a lo largo de los 70: la construcción de redes y bases sociales para su operación, desde la simpatía popular.
A pesar de los fenómenos de los años 60, los 70 no fueron buenos años para los movimientos insurgentes, experimentaron un estancamiento matizado con una serie de derrotas militares, que en el caso del ELN en 1973 casi determinan su fin. Solo hasta finales de la década comenzarían a recuperar su pie de fuerza militar tomando un auge inusitado que les daría un fortalecimiento importante y una capacidad de acción muy considerable. No obstante estas estaban lejos de alcanzar una victoria determinante ya que las batallas realmente importantes solo se ganan en el campo político, y al menos en esta década ninguna había logrado abrirse paso en estos parajes de legitimidad tan reducidos por parte del gobierno colombiano.
En 1970 se da lugar a la última elección del Frente Nacional. Los candidatos Misael Pastrana Borrero y el ex militar y ex presidente de la república en los años 50 Gustavo Rojas Pinilla van a las elecciones con una clara victoria al menos al inicio de este último candidato, pero al día siguiente se emite un comunicado expresando la vitoria de Pastrana a lo cual los anapistas reaccionaron violentamente, engendrando tensión y angustia en la población, pero sobre todo generando una desconfianza en el sistema democrático colombiano que había traicionado su voto o su capacidad de elección.
Todos estos acontecimientos araron el campo para la aparición de una nueva fuerza guerrillera armada en el año de 1974 que se autoproclamó «Movimiento 19 de abril» surgiendo como reacción al fraude electoral de 1970. Este movimiento logró congregar, seguidores de la Anapo, opositores del actual Statu Quo, y por supuesto diferentes actores de otras guerrillas que veían en sus ideales mejores perspectivas de lucha. Sus principales dirigentes excombatientes de las Farc Jaime Bateman Cayón, Iván Marino Ospina, Álvaro Fayad lograron construir una unidad claramente enfocada en los principios Bolivarianos y de democratización construyendo en el país una corriente importante de opinión y reflexión.
Los aportes del M19 fueron muy importantes para la historia nacional colombiana ya que priorizaron desde su estructura lo político sobre lo militar rescatando el valor de las acciones simbólicas, ejemplo de ello fue la sustracción de la espada de Bolívar reivindicando así la lucha con fundamentos históricos. Plantearon además, contrario a otros movimientos, una defensa de la democracia soslayando una dictadura del proletariado lo que los mantuvo siempre al margen de los eventos comunistas a nivel mundial. Buscaron atención social más que militar en la que se construyeran puentes comunicativos de participación directa de la sociedad. Pero a pesar de sus esfuerzos no lograron que muchos de sus simpatizantes ideológicos se volvieran agentes activos de la lucha, lo cual los debilitó paulatinamente llevándolos a acciones violentas y desesperadas que evidenciaron en 1985 su pérdida de poder e influencia.
En el periodo presidencial de Julio César Turbay Ayala de 1978 a 1982 el pie de fuerza del Estado aumentó sus acciones a través del Estatuto de Seguridad, caso muy parecido al de la actual política de Seguridad Democrática. Se delegó prácticamente el orden y mandato del país a los jefes generales de las fuerzas armadas, lo que hacía que la figura del ejecutivo fuera una marioneta sin poder, lo que provocó un surgimiento de nuevos grupos emergentes, auge del narcotráfico y algunos de sus derivados, por lo que la crisis no solo fue económica y social sino también de moralidad en las instituciones donde penetraría la cultura de la compra de conciencias y el dinero sucio producto de toda clase de actividades ilícitas.
Sin embargo el Estatuto de Seguridad no evitó que el M19 se tomara la embajada de República Dominicana vestidos de deportistas (año 1980), lugar donde asistían diplomáticos de varios países entre ellos de Estados Unidos y miembros de la Iglesia. Las exigencias por parte del grupo guerrillero se centraron en: la liberación de 300 presos políticos y una suma de 50 millones de dólares al igual que asilo en Cuba donde dejarían en libertad a los dignatarios. Aunque no se logró la liberación de los presos sí se consiguieron al menos la salida al país de Cuba y 3 millones de dólares, los cuales no se dieron a conocer a la opinión pública sino hasta que Rosemberg Pabón lo aceptó.
Con el advenimiento del presidente Belisario Betancourt, el país experimentó un contexto político diferente respecto a su homólogo predecesor. Atrás había quedado la mano dura del gobierno, abriendo en el presente espacios de diálogo donde se reconocían a los actores armados como guerrillas, permitiéndoles un status político y una nueva dinámica de acercamiento a convenios para la paz. Bajo este gobierno se impulsa el Plan Nacional para la Rehabilitación de zonas marginales urbanas y rurales con el fin de diezmar las condiciones que llevan a muchos a la militancia subversiva, o en algunos casos a la colaboración. Se buscó también descentralizar la nación permitiendo elecciones populares de alcaldes. Con lo que se ampliaba el universo de la democracia y la voluntad popular, que eran argumentos claves del M19.
En medio de este clima se abren las mesas para una negociación con las guerrillas en 1984, posibilitando los acuerdos de la Uribe encontrando una cesación bilateral de las hostilidades, dándose plazo de un año para que los militantes de grupos guerrilleros salieran de la guerra y se volvieran un movimiento político. En estos acuerdos se estableció una especie de juego estatua donde se excluían incursiones de unos con otros, evitando movilizaciones hacia otros frentes de acción. El Estado además se comprometió en involucrar más a la población civil en los procesos políticos. Aunque lastimosamente estos logros se vieron destruidos completamente por las incursiones de la extrema derecha con Fidel y Carlos Castaño quienes lideraron junto a miembros del narcotráfico una escalada violenta, por un lado a las bases sociales y políticas guerrilleras y por otro a la lucha incesante de los narcos del llamado cartel de Medellín por la imposición de requerimientos específicos hacia el Estado.
La sangre corría en los años 80, el miedo y el terror aparecieron gráficamente en el imaginario de los colombianos bajo las noticias de los magnicidios y atentados que arrojaban un sinnúmero de víctimas inocentes. El narcotráfico había construido su propia red social de asesinos y colaboradores de barrios populares, la cocaína se convirtió en el negocio por excelencia, su rentabilidad era exorbitada y su campo de acción internacional. Los grupos de exterminio a sueldo con la modalidad motorizada dieron al sicariato una nueva perspectiva de efectividad, los carros bombas en edificios estatales incluso en aviones comerciales demostraban la incapacidad que tenia el gobierno para protegerse a sí mismo y a la población civil.
Así, ante este panorama, el dinero ilícito penetró todas las esferas, desde las zonas rurales hasta las ciudades, desde lo comercial a lo político. Periodistas, ministros, dirigentes, y candidatos presidenciales fueron víctimas de las balas. Los capos querían controlar sistemáticamente el país sobornando senadores y financiando campañas presidenciales que le darían a los carteles un posibilidad de ejercer sus redes sin ser intervenidos por la justicia. Pero estos intentos o deseos se verían opacados por varios personajes importantes, entre ellos el ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla que no solo evidenció el problema de la droga en Colombia sino que apoyaba la imposición de la justicia sobre dichos actores. Tiempo después, antes de exiliarse en los Estados Unidos fue asesinado a tiros con un arma automática en un semáforo de la ciudad de Bogotá.
Otra víctima de la oleada de violencia que sacudía sobre todo la capital del país fue Luis Carlos Galán Sarmiento, candidato liberal que en su proyecto político establecía un recrudecimiento de las leyes antes los narcos con un claro énfasis en los tratados de extradición. Estos nunca perdonarían tales propuestas pagando su asesinato en complicidad con varios miembros del poder estatal que se beneficiaban directamente de los dólares. El asesinato del líder liberal marcaría una ola de desesperanza que hundiría al país en un amoralismo que logró comerciar la vida y la conciencia bajo cualquier intento de soborno o intimidación.
Los paramilitares se fortalecieron teniendo un crecimiento que ninguna guerrilla había logrado a escasos 20 años de sus fundaciones. Las tierras fueron pasando a manos de estos grupos en la medida que la DEA y el gobierno nacional lograban recuperar el control del país mediante la extinción de dominio y las capturas de los principales delincuentes organizados del cartel de Medellín, el bloque de búsqueda, junto con la colaboración del cartel de Cali, ayudarían a desmantelar la más grande estructura enemiga del país.
En los 90 con el declive del poder narco se incrementa el de los paramilitares al unísono con la guerrilla de las Farc, quienes también fueron no solo adueñándose de tierras, si no del negocio del narcotráfico que se convertiría en la principal fuente de financiación junto al secuestro, modalidad que alcanzaría cifras alarmantes siendo rechazado por la comunidad internacional especialmente Europa. El gobierno de Ernesto Samper estuvo influido por dinero sucio dando inicio a una investigación que abriría el llamado «proceso ocho mil», con todo esto y a pesar de las críticas, este nunca renuncia a su investidura presidencial haciendo de sus cuatro años una gestión de su defensa, más que un proceso para el desarrollo de la precaria situación nacional.
Con Andrés Pastrana Arango las cosas tendrían un rumbo diferente llevando al gobierno a querer generar un espacio de diálogo con las guerrillas operantes, permitiendo concesiones que incluso parecerían ilógicas desde la perspectiva de la soberanía nacional. Era evidente la fragilidad del Estado Nación y la fuerza de las facciones insurgentes que se daban el privilegio de exigir condiciones para sentarse solo en la mesa sin promesa a cambio de una consecución de paz permanente. La zona de distención cedió a las FARC el dominio de un espacio territorial donde el Estado no tendría injerencia, el gobierno se mostró permisivo incluso alterando decisiones que se expresaban un día y que cambiaban al siguiente día. La zona de distensión resultó ser una excusa de las FARC para seguir delinquiendo y realizando actividades ilícitas de manera permisiva y bajo las ilusiones de una nación que creía que la paz era un hecho posible.
Aunque el error del gobierno se dio en la mala ordenación de los gestores para la paz y de la fragilidad en las decisiones bajo una evidente pérdida del poder, también las FARC perdieron una buena oportunidad dado que no supieron aprovechar la situación para reafirmar su posición política ante la comunidad internacional. Su actuar en cambio fue exigir acciones absurdas y jugar bajo una doble moral de una paz ilusoria que quedó quebrada con el incidente de la silla vacía a lo que el país reaccionó con indignación y repudio deseando un bombardeo por parte de las fuerzas armadas colombianas.
En el 2002 sube a la presidencia de la república Álvaro Uribe Vélez quien con su política de «mano firme, corazón grande», les garantizó a los colombianos que la vía militar era la solución al problema del conflicto armado interno y todas sus consecuencias. Se fortaleció la estructura armada descuidando sistemáticamente las funciones sociales, concentrando los beneficios a los grandes industriales bajo políticas neoliberales, todo esto, con la participación activa de actores paramilitares en las estructuras democráticas como el congreso.
Parecía en este momento que la misma influencia de los narcos en los 80 y parte de los 90 se repetía bajo las fuerzas paralelas del Estado al mando de los hermanos Castaño empezando el siglo XXI.
La mano dura y el corazón grande no lograron erradicar los focos guerrilleros, mucho mas aun, parece que estos se han fortalecido y entrado en una dinámica mas profunda desde la concepción de guerra de guerrillas. Los secuestros se mantienen y los asesinatos sistemáticos aun están a la orden del día solo que los medios no los hacen públicos. Atentados contra estaciones y estamentos del Estado hacen evidente el fracaso de una política de seguridad que no parece democrática y que arroja pocos resultados con relación a la inversión del presupuesto nacional matizado con las ayudas internacionales.
Esta política estructural ha dejado balances en los que la violación sistemática de los derechos humanos se hace explicita con los falsos positivos y las chuzadas telefónicas, creando un monstruo leviatanezco en el que cualquiera que conserve una linealidad ideológica diferente puede ser objeto de satanización terrorista. Las posibilidades de un diálogo concertado se han cerrado. Algunos sectores de la población en un clima de demagogia colectiva pidieron a gritos una nueva reestructuración de la Constitución, garantizando una segunda reelección que la Corte Constituyente vio inviable en medio de un clima de amenazas y tensión. Los sucesores llegan y la mesiánica figura de Álvaro Uribe, ante la mirada atónita de muchos, ha pasado a ser la estructura abstracta del uribismo concentrado en un partido político. Las incursiones militares con la necesidad de generar éxitos transgredieron los órdenes internacionales del derecho entre naciones, volcando al país hacia una especie de guerra fría en el 2008 entre Venezuela y Ecuador con altas posibilidades de agresión concertada. Las afirmaciones del entonces general Freddy Padilla de que estamos en el fin del fin, solo muestran la distancia de los hechos y las palabras en un país que aun padece muchos problemas empezando por el Estado mismo.
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* William Alberto Giraldo Sánchez Historiador egresado de la Universidad de Valle, actualmente está en periodo de tesis de Maestría en Filosofía Ética y Política, Estética y Hermenéutica y especialización en Cultura de Paz y DIH. Es profesor investigador de tiempo completo en la Academia de Dibujo Profesional y está a cargo de las cátedras de Historia del Arte y el Diseño, Conceptualización y proyectos de investigación. Actualmente es profesor catedrático de la Universidad Javeriana Cali en las áreas de Humanidades y Estética Clásica y Moderna y ha sido docente de Filosofia Antigua en la Universidad del Valle.
[1] Ejemplo el Caso de Nicaragua y el M19 en Colombia